PNL/000534-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de mayo de 2023, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000533 a PNL/000535.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de mayo de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno:

Exposición de motivos

En octubre de 2021, Sánchez traspasó el control de las cárceles del País Vasco al Gobierno Vasco otorgándole la competencia plena sobre ellas.

Hace unas semanas, el Ministerio del Interior anunció oficialmente el fin de la política de dispersión penitenciaria de los presos de ETA, culminando así otro de los peajes que ha tenido que pagar Pedro Sánchez a cambio de los apoyos de PNV y Bildu para mantenerse en la Moncloa.

Ante esta situación, es evidente que, tras recibir las competencias en materia penitenciaria, el Gobierno Vasco ha liberado plazas penitenciarias ocupadas con presos comunes, deshaciéndose de presos conflictivos para enviarlos a otros lugares de España con el único objetivo de utilizar esas plazas vacantes en sus cárceles para que fuesen ocupadas por presos etarras provenientes de otros centros penitenciarios del resto de España.

Acabar con la política de dispersión de los presos de la banda terrorista ETA era una demanda histórica del entorno terrorista a la que el Gobierno de Sánchez se ha doblegado, al mismo tiempo que las cárceles vascas se deshacían de presos peligrosos enviándolos a centros penitenciarios de otras regiones de España.

En esta negligente y nefasta gestión al frente de las instituciones penitenciarias juega un papel fundamental el ministro del Interior. El Sr. Grande-Marlaska, en vez de velar por la legalidad y el cumplimiento de las condenas impuestas por nuestros tribunales a los criminales de la banda terrorista ETA o de cuidar de las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, dirige su departamento basándose en decisiones puramente políticas y no técnicas, condicionado por la necesidad de contentar a sus socios: PNV y Bildu.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, cuyo titular es Fernando Grande-Marlaska, tolera que se estén utilizando las cárceles de Castilla y León por parte del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco para librarse de los presos más conflictivos internos en sus centros penitenciarios. Eluden así las responsabilidades de las competencias penitenciaras traspasadas, que se utilizan como moneda de cambio para sus intereses políticos.

Por lo tanto, es Castilla y León una de las damnificadas ante estas decisiones políticas, que no técnicas, y tiene su principal ejemplo en la cárcel de Dueñas, que ha llegado a alojar a casi 340 reclusos, de un total de 693, llegados de las tres provincias vascas, mientras los presos de la banda terrorista ETA recluidos en los centros penitenciarios de Castilla y León eran acercados a las prisiones vascongadas o navarras.

Los reclusos que se trasladan a Castilla y León desde el País Vasco son normalmente aquellos clasificados en primer grado, altamente conflictivos y que ya han protagonizado incidentes violentos.

Consecuencia de esto último es que en las prisiones de nuestra región se registraron en 2022 un total de 42 agresiones graves a funcionarios por parte de presos. Supone más del triple respecto a las 9 de 2021. Los centros penitenciarios de Dueñas, en Palencia, cuantificaron 16 ataques y Topas, en Salamanca, 15.

Pero ni mucho menos se registran todos los incidentes violentos, tal y como ha desvelado uno de los sindicatos más representativos de la cárcel de Dueñas, Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). «Las agresiones más leves, que no requieren atención médica o baja, no están recogidas en el listado». La progresión de Dueñas es ascendente en los últimos años. Mientras en 2019 registró 2 agresiones, en 2020 subió a 3, a 6 en 2021 y nada menos que 16 en 2022. «Todo ello es debido al enorme incremento en el número de presos conflictivos. De hecho, hace diez o quince años teníamos 1.700 reclusos y ahora unos 700, por la conflictividad».

Esta negligente política penitenciaria ha supuesto que, por ejemplo, La Moraleja, en Dueñas, se haya convertido en la quinta con más agresiones de reclusos a los funcionarios. Le va a la zaga la salmantina de Topas, en sexto lugar de España en número de ataques a los trabajadores, siendo los funcionarios de prisiones de Castilla y León quienes pagan a costa de su seguridad las componendas entre PNV y PSOE en materia de gestión penitenciara.

Precisamente una de las reivindicaciones de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias para reforzar su seguridad y dar una respuesta judicial uniforme a las agresiones que sufren en el trabajo por parte de los internos es que se les reconozca por ley como agentes de la autoridad. Para ello VOX ya propuso en su día la modificación de la Ley General Penitenciaria, al igual que hicieron PP y Ciudadanos, sin obtener el respaldo del PSOE ni del resto de los partidos con representación en el Congreso. Por fin, en marzo de 2022 el Congreso de los Diputados aprobó tomar en consideración la Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, que se había presentado en 2020 por el Grupo Parlamentario Socialista.

El PSOE, de nuevo rendido a los intereses de nacionalistas, filoterroristas y separatistas vascos, ha ampliado hasta en 35 ocasiones el plazo para la presentación de enmiendas, retrasando el debate y votación de la reforma legislativa, usando también como moneda de cambio la seguridad de los funcionarios de prisiones.

Desde el Grupo Parlamentario VOX, consideramos urgente tomar medidas para hacer frente a las necesidades de mayores recursos, así como mejorar las condiciones de trabajo, salariales y de seguridad del colectivo de trabajadores de los centros penitenciarios de España y, en especial, de los funcionarios que prestan su servicio en Castilla y León ante el incremento de agresiones que vienen sufriendo.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de la Nación:

1.- Para que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, cuyo titular es Fernando Grande-Marlaska, ceje en la utilización de los Centros Penitenciarios de Castilla y León para derivar y concentrar allí a los presos peligrosos de las cárceles vascas con el fin de pagar sus deudas políticas a sus socios de Gobierno.

2. A que proceda sin demora a impulsar la tramitación de la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 para reconocer como Agentes de la Autoridad a los funcionarios de prisiones.

3.- Crear un Estatuto Propio para los funcionarios penitenciarios que identifique claramente sus funciones y competencias y permita el establecimiento de una verdadera carrera profesional.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Carlos Menéndez Blanco