4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000535-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de mayo de 2023, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000533 a PNL/000535.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de mayo de 2023.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.
ANTECEDENTES
Castilla y León es una de las cinco Comunidades Autónomas donde las competencias en materia de justicia no están transferidas por parte del Estado, dependiendo en esencia de medios personales y materiales de lo que se viene denominando Territorio no transferido.
La Administración de Justicia es un servicio esencial para los ciudadanos castellanos y leoneses, reconocido constitucionalmente como fundamental en el artículo 24 de nuestra C. E. y primera garantía de los demás derechos tanto los recogidos en nuestra Constitución como en el resto del ordenamiento legal.
En las últimas semanas, los funcionarios de los cuerpos generales, aproximadamente 2.800 funcionarios en nuestra Comunidad Autónoma, están inmersos en un conflicto por el que reclaman que se reconozcan legal y retributivamente las funciones que efectivamente realizan, la negociación de sus condiciones de trabajo que se van a ver modificadas a través de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (L. O. E. O.) y la implantación de la carrera profesional en dicho colectivo, tal y como se recoge en la L. O. P. J. desde 2018 y que todavía no ha tenido el necesario desarrollo reglamentario.
Los cuerpos generales de la Administración de Justicia son el 93 % de los que trabajan en ella y quienes soportan la mayor carga de trabajo en esa Administración, realizando en muchas ocasiones funciones que legalmente corresponden a otros cuerpos. La Administración de Justicia no puede ser efectiva ni garante de los derechos de los ciudadanos sin los cuerpos generales.
En cuanto al modelo de Justicia derivado de las leyes de eficiencia, el Gobierno Central ha venido, sistemáticamente, vulnerando el derecho fundamental de negociación colectiva sobre su contenido que afecta a materias referidas en el artículo 37 del TREBEP. Si ahora existe un problema y un conflicto sobre esta cuestión se debe a la falta de previsión de un Ministerio de Justicia que ha llegado a decir que las leyes no se negocian obviando así el art. 37 letra k del TREBEP.
Este conflicto es debido a la falta de previsión del Gobierno, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda y Función Pública. El primero no hizo sus deberes a tiempo a pesar de que el 15 de diciembre de 2021 se comprometió en un acuerdo publicado en el BOE del día 20 de diciembre a negociar lo que entonces era un anteproyecto de ley de eficiencia organizativa y procesal.
Esta posición de bloqueo por parte del Gobierno sin presentar una propuesta económica concreta en la mesa de negociación ha provocado diferentes paros de protesta y desde el 22 de mayo una situación de huelga indefinida.
Ello está provocando miles de vistas suspendidas e incontables actuaciones procesales que no se han podido realizar, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos, que asisten impasibles a una situación en la que el Gobierno Central hasta el momento nada ha hecho.
En una Comunidad como Castilla y León, la más extensa de Europa, con una gran dispersión de la población, se debe dar ejemplo de compromiso con la Administración de Justicia para garantizar un servicio esencial como el que se presta, y no vernos abocados a una Justicia de tercera, sin medios, sin recursos, sin funcionarios, y lo que es peor, en la que no podrán confiar las empresas y ciudadanos de nuestra Comunidad, porque la justicia tardía no es justicia.
En este sentido, la Ley de Eficiencia Organizativa puede suponer un varapalo para los destinos de los funcionarios, que si no encuentran unas condiciones laborales aceptables dentro del ámbito del ministerio pueden optar por buscar destinos en otras Comunidades.
También el nuevo modelo de Oficina de Justicia en el municipio, adoptado sin negociación con los representantes de los trabajadores, puede suponer el desmantelamiento de la justicia de proximidad en las áreas rurales tal y como la conocemos, pese a pretender lo contrario.
En definitiva, las reivindicaciones de este colectivo pasan por una definición clara de sus funciones, unas retribuciones justas y por permitirles participar en el proceso de modernización de la justicia, máxime tratándose de un colectivo clave para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.
Por todo lo anterior, y ante lo perentorio de la situación producida por la huelga de los funcionarios de Justicia, la incompetencia del Gobierno en la gestión del conflicto y su incapacidad para el diálogo efectivo, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a su vez requiera al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para dar una rápida y efectiva respuesta a los problemas que en la actualidad sufren los funcionarios de la Administración de Justicia, y que repercuten negativamente en todos los ciudadanos. Y para que, en concreto, reconozca legal y retributivamente las funciones que en la actualidad ejercen los cuerpos generales de la Administración de Justicia, y afronte con los representantes de los trabajadores y con los grupos políticos con representación parlamentaria una negociación efectiva sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, instando también al Ministerio de Justicia a que desarrolle la Carrera Profesional en esa Administración, y ello en beneficio de todos los castellanos y leoneses".
Valladolid, 23 de mayo de 2023.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
PNL/000535-01
CVE="BOCCL-11-005624"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pags. 17120-17122
BOCCL nº 155/11 del 30/5/2023
CVE: BOCCL-11-005624
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000535-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España a adoptar distintas medidas en materia de función pública en la Administración de Justicia, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 25 de mayo de 2023, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000533 a PNL/000535.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 25 de mayo de 2023.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.
ANTECEDENTES
Castilla y León es una de las cinco Comunidades Autónomas donde las competencias en materia de justicia no están transferidas por parte del Estado, dependiendo en esencia de medios personales y materiales de lo que se viene denominando Territorio no transferido.
La Administración de Justicia es un servicio esencial para los ciudadanos castellanos y leoneses, reconocido constitucionalmente como fundamental en el artículo 24 de nuestra C. E. y primera garantía de los demás derechos tanto los recogidos en nuestra Constitución como en el resto del ordenamiento legal.
En las últimas semanas, los funcionarios de los cuerpos generales, aproximadamente 2.800 funcionarios en nuestra Comunidad Autónoma, están inmersos en un conflicto por el que reclaman que se reconozcan legal y retributivamente las funciones que efectivamente realizan, la negociación de sus condiciones de trabajo que se van a ver modificadas a través de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (L. O. E. O.) y la implantación de la carrera profesional en dicho colectivo, tal y como se recoge en la L. O. P. J. desde 2018 y que todavía no ha tenido el necesario desarrollo reglamentario.
Los cuerpos generales de la Administración de Justicia son el 93 % de los que trabajan en ella y quienes soportan la mayor carga de trabajo en esa Administración, realizando en muchas ocasiones funciones que legalmente corresponden a otros cuerpos. La Administración de Justicia no puede ser efectiva ni garante de los derechos de los ciudadanos sin los cuerpos generales.
En cuanto al modelo de Justicia derivado de las leyes de eficiencia, el Gobierno Central ha venido, sistemáticamente, vulnerando el derecho fundamental de negociación colectiva sobre su contenido que afecta a materias referidas en el artículo 37 del TREBEP. Si ahora existe un problema y un conflicto sobre esta cuestión se debe a la falta de previsión de un Ministerio de Justicia que ha llegado a decir que las leyes no se negocian obviando así el art. 37 letra k del TREBEP.
Este conflicto es debido a la falta de previsión del Gobierno, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda y Función Pública. El primero no hizo sus deberes a tiempo a pesar de que el 15 de diciembre de 2021 se comprometió en un acuerdo publicado en el BOE del día 20 de diciembre a negociar lo que entonces era un anteproyecto de ley de eficiencia organizativa y procesal.
Esta posición de bloqueo por parte del Gobierno sin presentar una propuesta económica concreta en la mesa de negociación ha provocado diferentes paros de protesta y desde el 22 de mayo una situación de huelga indefinida.
Ello está provocando miles de vistas suspendidas e incontables actuaciones procesales que no se han podido realizar, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos, que asisten impasibles a una situación en la que el Gobierno Central hasta el momento nada ha hecho.
En una Comunidad como Castilla y León, la más extensa de Europa, con una gran dispersión de la población, se debe dar ejemplo de compromiso con la Administración de Justicia para garantizar un servicio esencial como el que se presta, y no vernos abocados a una Justicia de tercera, sin medios, sin recursos, sin funcionarios, y lo que es peor, en la que no podrán confiar las empresas y ciudadanos de nuestra Comunidad, porque la justicia tardía no es justicia.
En este sentido, la Ley de Eficiencia Organizativa puede suponer un varapalo para los destinos de los funcionarios, que si no encuentran unas condiciones laborales aceptables dentro del ámbito del ministerio pueden optar por buscar destinos en otras Comunidades.
También el nuevo modelo de Oficina de Justicia en el municipio, adoptado sin negociación con los representantes de los trabajadores, puede suponer el desmantelamiento de la justicia de proximidad en las áreas rurales tal y como la conocemos, pese a pretender lo contrario.
En definitiva, las reivindicaciones de este colectivo pasan por una definición clara de sus funciones, unas retribuciones justas y por permitirles participar en el proceso de modernización de la justicia, máxime tratándose de un colectivo clave para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.
Por todo lo anterior, y ante lo perentorio de la situación producida por la huelga de los funcionarios de Justicia, la incompetencia del Gobierno en la gestión del conflicto y su incapacidad para el diálogo efectivo, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a su vez requiera al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para dar una rápida y efectiva respuesta a los problemas que en la actualidad sufren los funcionarios de la Administración de Justicia, y que repercuten negativamente en todos los ciudadanos. Y para que, en concreto, reconozca legal y retributivamente las funciones que en la actualidad ejercen los cuerpos generales de la Administración de Justicia, y afronte con los representantes de los trabajadores y con los grupos políticos con representación parlamentaria una negociación efectiva sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, instando también al Ministerio de Justicia a que desarrolle la Carrera Profesional en esa Administración, y ello en beneficio de todos los castellanos y leoneses".
Valladolid, 23 de mayo de 2023.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano
PNL/000535-01
CVE="BOCCL-11-005624"
