PNL/000616-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2023, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000614 a PNL/000616.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

Tras el resultado electoral del 23 J venimos asistiendo en España al debate político sobre la gobernabilidad de España y las cuestiones que los distintos partidos políticos ponen sobre la mesa, como elementos de un puzle a la hora de apoyar una posible investidura.

El debate sobre la financiación de Cataluña al que se añade la petición de quita o condonación de la deuda que esta Comunidad tiene acumulada con el Estado, dentro del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ha resurgido de nuevo; un hecho que ha quedado plasmado en el Parlamento de Cataluña, cuando el pasado 27 de julio, tan sólo cuatro días después de las elecciones, se aprobaba una moción de Junts, sobre los supuestos agravios económicos fiscales del Estado hacia Cataluña, defendiendo también la condonación de la deuda, con traslado al posible pacto de investidura del Gobierno de España, si fuera el caso, en manos de Pedro Sánchez.

Se abre un debate importantísimo, que no debe estar enmarcado en el "chantaje" de partidos independentistas, para establecer su apoyo en un proceso de investidura. La negociación sobre la financiación autonómica no debe plantearse nunca de forma bilateral sino multilateral con participación de todas las Comunidades Autónomas de Régimen Común, con garantía ineludible de preservación de los principios y valores constitucionales; concretamente del principio de solidaridad entre territorios y regiones, y de igualdad de trato de todos los españoles, con el derecho a disfrutar de unos servicios públicos esenciales de calidad, bien financiados, con independencia del lugar donde residan.

Del mismo modo, la negociación de una posible condonación de la deuda debe responder a un análisis más sosegado, más minucioso, incluso más técnico; que debe quedar inscrito, como pieza que lo es, en la reforma del sistema de financiación autonómica, cuestión ya recurrente y tantas veces demandada por esta Comunidad Autónoma.

Y, además, cuestión importantísima, debe ser utilizado el cauce y el procedimiento que, como país, hemos fijado a tal fin: el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano regulado en el art. 3 de Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

En resumen, un tema primordial como éste, que asegura la adecuada financiación de los servicios públicos de todos los españoles, de todas las Comunidades Autónomas, no debe quedar circunscrito, como ya se viene avisando por parte de distintos Gobiernos autonómicos de España, al marco de una negociación bilateral entre partidos para la obtención de un apoyo de investidura.

Y ello debería ser algo incuestionable para todos nosotros, los procuradores y Grupos de esta Cámara, en la defensa de los intereses de esta Comunidad Autónoma, en la defensa de los derechos de los castellanos y leoneses en el conjunto de España. Porque de convertir la demanda catalanista en realidad, estaríamos asumiendo el otorgamiento injustificado de un privilegio a Cataluña en perjuicio del resto de Comunidades Autónomas, en perjuicio del resto de españoles.

En tal sentido, es nuestro propósito también traer y poner en valor hoy aquí los acuerdos que, sobre este tema, hemos conseguido en pasadas legislaturas, y que han contado no sólo con el apoyo del Partido Socialista, sino con el apoyo unánime de todos los grupos con representación en esta Cámara. Un hecho importante que pone de manifiesto, al margen de nuestras diferencias ideológicas como partidos, nuestra responsabilidad, la de todos, y la firme voluntad de defensa del interés general de Castilla y León, y de salvaguarda de los derechos de sus ciudadanos.

Tres han sido los acuerdos políticos parlamentarios que, en circunstancias políticas similares a las que estamos viviendo en la actualidad, han servido para fijar la postura común de la Comunidad de Castilla y León, en relación con esta materia:

- El Acuerdo de 13 de abril de 2016 rubricado entre la Junta de Castilla y León y todos los Grupos Parlamentarios, fijando la posición de la Comunidad de Castilla y León ante la reforma del modelo de financiación autonómica; estableciéndose como uno de los principios "irrenunciables" la necesidad de que sea el resultado de un consenso multilateral.

- El Acuerdo de Pleno de las Cortes de Castilla y León, de 10 de octubre de 2018, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/2204, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que no acuerde bilateralmente asuntos relativos al sistema de financiación autonómica y para que se aborden en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, respetando el principio de igualdad de trato entre las Comunidades Autónomas; y específicamente, en su punto 4, "Que la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas (FLA y financiación de la deuda a corto plazo) se aborden siempre, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, bajo la premisa de que las medidas que se adopten deberán respetar la igualdad de trato entre todas las comunidades de régimen común, sin que en modo alguno, y bajo el paraguas de un supuesto diálogo, estén justificados acuerdos bilaterales que puedan condicionar la capacidad financiera del Estado, resultando gravosos para nuestra Comunidad por ende, para los castellanos y leoneses".

- Y el Acuerdo de Pleno de las Cortes de Castilla y León, de 5 de febrero de 2020, con motivo del debate de la Proposición No de Ley, PNL/437, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que asuma públicamente su compromiso de no adoptar ninguna decisión que, en ejecución de los pactos suscritos entre el PSOE y otros partidos políticos, pudieran suponer un perjuicio para la Comunidad o los habitantes de Castilla y León y, específicamente en su punto tercero, a que "se comprometa a no suscribir ningún acuerdo bilateral en materia de financiación con ninguna Comunidad Autónoma de régimen Común, al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Esperando que la posición en esta Cámara permanezca inalterable según los principios acordados, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León, ratificando el acuerdo suscrito entre la Junta de Castilla y León y todos los Grupos Parlamentarios representados en las Cortes de Castilla y Lerón el día 13 de abril de 2016 en materia de financiación autonómica, instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse a los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a fin de que, en relación con las negociaciones para la investidura del presidente del Gobierno, les traslade la posición de la Comunidad en relación con la financiación autonómica y su oposición a cualquier acuerdo entre Partidos o Grupos Parlamentarios que suponga una quiebra de los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre españoles con independencia del territorio en el que residan.

Y para que en concreto asuman públicamente los siguientes compromisos ya expresados en los acuerdos unánimes del Pleno de las Cortes de Castilla y León de fechas 10 de octubre de 2018 y 5 de febrero de 2020:

1. No adoptar ningún acuerdo cuya ejecución afecte al sistema de financiación autonómica, o condicione la capacidad financiera de la Administración general del Estado en relación con la financiación de las Comunidades Autónomas, reconociendo que cualquier modificación en el sistema debe ser exclusivamente el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y nunca de un acuerdo bilateral con una Comunidad Autónoma.

2. Que la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas (FLA y otros instrumentos) ha de abordarse únicamente y en todo caso en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, bajo la premisa del respeto al principio de igualdad de trato entre todas las Comunidades de régimen común.

3. Absoluto respeto al principio irrenunciable de lealtad constitucional en el diálogo del Gobierno con las Comunidades Autónomas, lo cual implica, por tanto, no alcanzar ningún acuerdo que de forma mediata lo pueda vulnerar o que amenace con quebrantar el orden constitucional".

Valladolid, 31 de agosto de 2023.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano