PNL/000623-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 14 de septiembre de 2023, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000623 a PNL/000626.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de septiembre de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del procurador de Unidas Podemos-IU-AV, Pablo Fernández Santos, habilitado como portavoz a estos efectos por acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, y al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.

ANTECEDENTES

El pasado 24 de agosto de 2023 la Junta de Castilla y León ha aprobado el proyecto de ley que vendrá a derogar el Decreto 14/2001, de 18 de enero, regulador de las condiciones y requisitos para la autorización y el funcionamiento de los centros de carácter social para personas mayores.

Nuestro grupo parlamentario presentó en 2020 una PNL, que no tuvo los apoyos necesarios por parte de los grupos políticos y que, en definitiva, abogaban por una actualización normativa que defendiera y ordenara un cambio profundo y real sobre el modelo residencial en nuestra Comunidad, basado en las nuevas necesidades de la población y colocando a nuestros/as mayores en el centro de las políticas.

Sin embargo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades vuelve a fallar en su planteamiento inicial, cuando en ningún supuesto esta propuesta de ley garantiza los cuidados como un derecho innato, dejando a las personas mayores y sus familias al amparo de sus posibilidades económicas incentivando una vez más la privatización de los servicios y, por tanto, reafirmando la desigualdad de un servicio que ha de ser para toda la ciudadanía sin que se tenga en cuenta su nivel de renta.

El Real Decreto 675/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ha conseguido incrementar las cuantías de las prestaciones económicas y la intensidad de las horas de servicio de ayuda a domicilio. Al mismo tiempo, algunas de las actuaciones del Plan de Choque han sido incorporadas al componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto la medida destinada a reforzar la atención a la dependencia promoviendo el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración (desinstitucionalización, equipamientos y tecnología).

Lamentablemente, la Junta de Castilla y León no resuelve los problemas que este Real Decreto pretende implementar y únicamente basa su reforma estableciendo las condiciones básicas materiales y espaciales de las residencias públicas o concertadas para adaptarse a un nuevo modelo de unidad de convivencia dejando a un lado el carácter de servicio público o las condiciones laborales del personal sociosanitario.

Estos problemas se pueden resumir en:

- La Junta de Castilla y León sigue apostando por la privatización y la concertación del servicio. El aumento de plazas residenciales a lo largo de estos últimos años ha sido abrumador por parte de las empresas privadas que ven en este sector un mercado al alza con ingentes beneficios. Así, el 79,3 % de las plazas totales son privadas y se accede en su mayoría a través de prestación vinculada. La Gerencia de Servicios Sociales, que es la que tiene las competencias finales en materia residencial, tan sólo cuenta con 20 centros propios de los aproximadamente 706 que existen en Castilla y León. La masiva privatización del servicio se traduce en: falta de capacidad de control y supervisión por parte de la administración competente, en este caso la Gerencia de Servicios Sociales.

- Las ratios de personal de atención directa no se ven modificados en este proyecto de ley. Seguimos con las ratios establecidas en el año 2001 y que a día de hoy resultan obsoletos: una persona de atención directa por cada 17 personas válidas, una por cada 10 personas asistidas de grado I y una por cada 5 personas asistidas de grado II. Sigue sin especificarse la ratio por pacientes de grado IIl y por las noches solo hay una persona gerocultora por cada 60 personas. Desde nuestro grupo político queremos hacer constancia además de la permanente demanda de los sindicatos y del Procurador del Común que han solicitado el incremento del número de profesionales sociosanitarios para poder atender mejor a las personas mayores que viven en las residencias de Castilla y León. (Es necesario recordar que son las Comunidades Autónomas quienes tienen las competencias para la modificación al alza de las mismas y no el Gobierno central).

- La problemática de las ratios reducidas es aún más sangrante al añadirle la cuestión de la falta de bolsas de empleo que hacen imposible las sustituciones, bajas o vacaciones lo que provoca que en numerosas ocasiones no esté el número de personal suficiente en el centro residencial. Las bolsas de empleo resultan inoperativas por la falta de procesos selectivos y porque al renunciar a un contrato (muchos de ellos con muy malas condiciones laborales) las personas se eliminan de ella.

- La Gerencia de Servicios Sociales no tiene ni siquiera capacidad para asegurar unas condiciones laborales dignas y una contratación adecuada de las plantillas. Este proyecto de ley continúa en su línea de privatización en lo que se refiere al personal técnico (dirección y gestión) y el de servicios generales (limpieza, lavandería, cocina, seguridad, administración...) mermando las condiciones y derechos laborales de un personal, feminizado en su mayor parte, y que resulta imprescindible para la consecución del buen desarrollo de las políticas de cuidados. Las reivindicaciones laborales llevan años siendo ignoradas tanto para el personal subcontratado como para la plantilla funcionarial.

- Es imprescindible la mejora en las infraestructuras, muchas de ellas obsoletas aun cuando la normativa (CTE) es muy clara al respecto. Defendemos el incremento de plazas públicas y, con ello, el desarrollo arquitectónico de nuevos modelos de residencias que efectivamente y tal y como marca el proyecto de ley pongan a la persona usuaria en el centro de todos los cuidados.

- La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto que ante una situación de emergencia no existían criterios claros sobre la provisión de material para el personal, cuestión agudizada en las gestionadas por las empresas privadas, que no podían supervisarse en condiciones. De igual modo es necesario revisar los protocolos que existen ante enfermedades infecciosas. Este proyecto de ley sigue sin contemplar la medicalización de los centros residenciales.

Con estas problemáticas encima de la mesa reiteramos la necesidad de un cambio normativo del modelo residencial, en que prime lo público frente a lo privado y en el que lo privado sea a su vez correctamente controlado y supervisado por la Administración pública. Un modelo residencial que refuerce el personal, los recursos, las infraestructuras y reduzca el precio de las plazas. Un modelo que refuerce los protocolos sanitarios, tanto de provisión de material como de recursos, como de actuación sin dejar de lado el componente social de los centros y los cuidados en un entorno de hogar.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Impulsar residencias públicas de nueva construcción para garantizar un número de plazas residenciales públicas acordes a la demanda.

2. Iniciar un proceso de recuperación del servicio de cuidado residencial público dando la oportunidad a las residencias concertadas a adherirse a la red pública.

3. Garantizar las condiciones de control y supervisión de las residencias privadas y plazas concertadas por parte de la Administración pública, especificando sistemas de control, aumentando las inspecciones de la Gerencia reforzando sus recursos y personal y estableciendo protocolos que aseguren el cumplimiento de las ratios, la gestión de los recursos y material, el mantenimiento de las infraestructuras y la adecuada calidad del servicio.

4. Revisar y ampliar las ratios de personal de atención directa y personal técnico que se debe concretar y negociar con las organizaciones sindicales del sector.

5. Revisar y ampliar las ratios del personal y recursos de los servicios de limpieza, lavandería, cocina, mantenimiento y administración.

6. Revisar las bolsas de empleo, abrir de forma urgente el proceso selectivo para actualizarla y diseñar un plan de formación para garantizar que existe un número adecuado de personas en las mismas.

7. Mejorar las condiciones laborales de todo el personal de las residencias dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales en su categoría profesional en colaboración con la Consejería de Presidencia.

8. Garantizar, como parte fundamental del control de las residencias públicas y privadas, unas condiciones laborales dignas y homogéneas de todo su personal.

9. Introducir criterios objetivables de mejoras ante la obsolescencia de los edificios destinados al servicio residencial.

10. Revisar los protocolos existentes para el tratamiento y contención de enfermedades infecciosas y establecer la obligatoriedad de incluir la medicalización en todas las residencias".

En Valladolid, a 12 de septiembre de 2023.

EL PROCURADOR,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos