PNL/000626-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 14 de septiembre de 2023, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000623 a PNL/000626.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de septiembre de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

Pronto se cumplirán 45 años desde la entrada en vigor de nuestra Constitución, que fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, obteniendo el apoyo mayoritario de los españoles, que incluso superó el 90 por ciento de votos favorables en varias circunscripciones; entre ellas las cuatro de Cataluña donde se alcanzó un 91,09 % de síes.

Durante la solemne sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado, celebrada el 27 de diciembre de 1978, para la sanción de la Constitución Española por Su Majestad el Rey, el presidente de las Cortes recordó los inicios de la que fuera la legislatura constituyente, con unas palabras que recobran toda su actualidad casi medio siglo más tarde.

Dijo entonces don Antonio Hernández Gil: «Ver en aquel momento el comienzo de la democracia, significaba afirmar un primer paso en el camino largo y difícil, pero seguro e inevitable, para convertir la convivencia en entendimiento sin hegemonías ni sumisiones. El mensaje de la consolidación de la democracia era entonces una esperanza y un compromiso. Hoy nos encontramos más cerca de ella en la esfera de los hechos y en la del derecho. Porque la Constitución es la estructura de la democracia, la base para consolidarla, y hoy es el día de la Constitución».

Los hechos sucedidos en Cataluña en 2017 son una prueba de ese camino «largo y difícil» que auguraba Hernández Gil en 1978. Una crisis sin precedentes que fue superada gracias al Estado de Derecho, tras la firme actuación de todos los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- convirtiéndose en un ejemplo más de la fortaleza de nuestra Constitución.

Pero por desgracia, a pesar del triunfo de la democracia sobre quienes cometieron delitos tan graves como el de Sedición, el periodo más largo de prosperidad y convivencia de nuestro país se ve combatido hoy por quienes comprobaron entonces la firmeza y la eficacia de los pilares sobre los que se edificó nuestro Estado social y democrático de derecho en muchos casos desde dentro de las instituciones. Una minoría social y política que, aprovechándose de los mecanismos que la propia Constitución provee, quiere imponer su voluntad a la mayoría de los españoles.

Tras la celebración de las elecciones generales del pasado 23 de julio, y a pesar de la designación del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como candidato a la presidencia del Gobierno por S. M. el Rey en aplicación del artículo 99.1 CE, otros partidos han emprendido negociaciones paralelas con las fuerzas independentistas del Congreso de los Diputados con el objetivo de intentar su permanencia en el Gobierno a toda costa.

El 5 de septiembre de 2023, estas negociaciones se han concretado por parte del grupo político JUNTS PER CATALUNYA en la relación de una serie de condiciones previas para un eventual apoyo a la investidura del Sr. Sánchez, a través de su dirigente D. Carles Puigdemont, huido de la Justicia española desde el año 2017.

Entre las condiciones fijadas, se exige no solo la renuncia a una acción de la Justicia respecto a los políticos independentistas que hayan podido cometer delitos de nuestro Código Penal democrático -aprobado bajo un Gobierno del PSOE-, sino una "Ley de amnistía", que será requisito previo a un "gran acuerdo histórico" que lleve "al reconocimiento de la realidad nacional de Cataluña a través del derecho de autodeterminación del pueblo catalán" (sic).

Declaraciones que se han producido, además, tan solo 24 horas después del encuentro en Bruselas entre el Sr. Puigdemont y la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Dña. Yolanda Díaz, y que ha causado un enorme malestar en la sociedad española y un notable perjuicio a la imagen exterior de nuestra democracia.

Entendemos que cualquier planteamiento de amnistía en nuestro actual ordenamiento constitucional no solo es abiertamente contrario al mismo en términos jurídicos, sino también en términos políticos. El mero planteamiento de la amnistía atentaría directamente contra la propia esencia de la democracia, que durante más de cuatro décadas ha permitido el más alto grado de protección de los derechos y libertades individuales, el más alto grado de descentralización territorial y de autogobierno, y el más avanzado desarrollo económico-social de nuestra historia reciente.

Esta misma conclusión fue la que alcanzaron los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados, en el año 2021, cuando algunos grupos parlamentarios catalanes promovieron una proposición de ley que pretendía también lograr el reconocimiento de la amnistía para muchos de quienes lideraron los sucesos del año 2017. Consideraron entonces los letrados de la Cámara que no era posible admitir a trámite tal iniciativa toda vez que suponía la "concesión de un indulto general" que "entraría en una contradicción palmaria y evidente con lo dispuesto" en nuestra Constitución.

Reconocer la legitimidad proceso de secesión impulsado por los dirigentes independentistas en el año 2017, como exige el Sr. Puigdemont, significaría reconocer la ilegitimidad de nuestro sistema democrático, que actuó aplicando los instrumentos del Estado de Derecho para garantizar la convivencia de todos los españoles, la vigencia de la Constitución y el autogobierno de Cataluña, atacados por las acciones delictivas de los dirigentes independentistas, como estableció la Sentencia 459/2019, de 14 de octubre, del Tribunal Supremo.

En un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro, todos los partidos políticos, con independencia de su orientación ideológica concreta, deberíamos estar comprometidos con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin que puedan existir privilegios legales para ningún grupo concreto de personas.

Esto mismo lo defienden, también, miembros destacados de la construcción política y social de nuestra democracia, que han alertado recientemente acerca de la imposibilidad de esta amnistía. La amnistía no sólo es contraria a la Constitución, han manifestado, sino también "una condena a la Transición" que activamente colaboraron en construir.

El mismo secretario general del PSOE, también hoy presidente del Gobierno en funciones, y miembros destacados de su gabinete ministerial entendían y defendían hace muy poco que la amnistía no cabe en nuestro marco constitucional, social y democrático.

Ellos defendían recientemente que esta fórmula "no entra en la legislación ni en la Constitución". De manera contundente y expresando lo que considera, de hecho, la inmensa parte de la sociedad española, entendían que la amnistía "es el olvido" y supondría "suprimir un poder del Estado, el Poder Judicial".

No solo reiteramos nuestro rechazo a todas las medidas legislativas de la pasada legislatura dirigidas tanto a lograr la impunidad de los condenados del llamado "procés" como a desmontar los instrumentos jurídicos de defensa del Estado, sino que nos oponemos, con toda resolución, a que se vaya todavía más allá, impugnado a través de una amnistía inconstitucional los principios básicos de nuestro sistema democrático.

Eso sería ir en contra del principio de igualdad de todos los españoles -artículo 14 CE- y en contra de la unidad nacional y del Estado autonómico, tal y como se recoge en el artículo 2 CE.

El mero hecho de que la actual dirección del Partido Socialista y su socio de coalición se planteen negociar la impugnación del carácter democrático de nuestras leyes, emanadas de la voluntad general, así como la actuación independiente de nuestros Tribunales de Justicia, da muestra de la gravedad del momento político que afrontamos.

Entendemos que el primer deber de un Gobierno es defender la integridad del Estado y los derechos de todos sus ciudadanos, empezando por la igualdad y libertad. Ningún presidente puede serlo a costa del interés general de los españoles.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León, declarando la plena vigencia de la Constitución Española de 1978, basada en los valores superiores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y expresando que ninguna negociación política puede conculcar dichos valores, tal y como se deduce del artículo 9 de la carta magna, y reafirmando también el principio de igualdad entre todos los españoles ante la Ley -artículos 2 y 14 de la Constitución Española-, la prohibición expresa de los indultos generales/amnistías por el artículo 62.i) y la separación de poderes que fundamenta la acción independiente de la Justicia del Título VI (arts. 117 y siguientes), como bases democráticas de convivencia para el conjunto de la sociedad española, instan a la Junta de Castilla y León para que pida al Gobierno de España en funciones:

1. Que rechace toda negociación con los partidos políticos y grupos parlamentarios que exijan la concesión de un indulto general o amnistía -prohibido por la Constitución- a los condenados o procesados por los hechos sucedidos en Cataluña durante el denominado "procés" a cambio de su apoyo parlamentario a una eventual investidura.

2. Que prohíba a todos los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado la negociación con personas declaradas en rebeldía por la Justicia, cesando a los mismos u obligándoles a renunciar si estuvieran ejerciendo su cargo en funciones, si desoyeran tal prohibición".

Valladolid, 12 de septiembre de 2023.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano