PNL/000658-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2023, ha admitido a trámite la proposición no de ley PNL/000658.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha proposición no de ley haya de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El grupo parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española ("CE") establece que el Estado tiene competencia exclusiva, entre otras, sobre las siguientes materias 30ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

El texto constitucional, además, atribuye al Estado la obligación de asegurar que todos los españoles puedan ejercitar de forma plena su derecho a la educación, confiriendo al Estado la competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Ahora bien, la CE reconoce también la posibilidad de que las distintas Administraciones regionales asuman ciertas competencias en los términos recogidos en sus propios Estatutos, conforme a lo establecido en el art. 149.3. No obstante, todo ello debe ser siempre atendiendo los principios fundamentales recogidos en el art. 1 de la propia norma constitucional, entre los que se encuentra la igualdad como valor superior del ordenamiento.

De esta forma, aunque legalmente las instituciones regionales cuenten en España con la posibilidad de regular y desarrollar ciertos aspectos del sistema educativo, de ninguna manera podrían hacerlo sin tener en cuenta el principio de igualdad. La educación es el lugar privilegiado donde pueden corregirse las desigualdades derivadas del diferente origen social o económico de los jóvenes españoles.

Como consecuencia de los múltiples traspasos de competencias en materia de educación llevados a cabo por gobiernos de distinto signo político, se han generado grandes diferencias de carácter educativo entre las distintas regiones. Un claro exponente de estas diferencias es la prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad ("EBAU").

La EBAU es la prueba que permite el acceso al sistema universitario español, y su realización constituye un requisito necesario para lograr el acceso al estudio de un grado universitario. Sin embargo, la constante transferencia competencial desde el Estado a las Administraciones regionales ha provocado que en España existan hasta diecisiete EBAU diferentes. Es difícil discutir que esto es un despropósito desde cualquier punto de vista, empezando por el más básico de equidad.

Una de las consecuencias directas de esta situación es la disparidad en los resultados del examen dependiendo de la región. Por ejemplo, mientras que, en 2022, el porcentaje de sobresalientes en la fase general ordinaria de la EBAU se situaba en un 2,1 % en la Comunidad Valenciana, este ascendía hasta un 13,6 % en el Principado de Asturias1. Asimismo, mientras que el porcentaje de sobresalientes en la fase específica apenas alcanzaba el 6,7 % en las Islas Baleares, sobrepasaba el 19 % en el Principado de Asturias2.

De la misma manera, deviene necesario resaltar que el último informe PISA disponible, elaborado con criterios de la OCDE para evaluar el nivel educativo de los distintos países de todo el mundo, señalaba que la puntuación media estimada de los estudiantes de España alcanza los 481 puntos, significativamente inferior a la de la media OCDE (489) y al total UE (494)3. Igualmente, el referido informe ponía de manifiesto las desigualdades entre unas regiones españolas y otras indicando que las puntuaciones medias estimadas más bajas corresponden a Ceuta (411) y Melilla (432) con 70 y 50 puntos menos, respectivamente, que la media estimada de España, y también alejadas de Canarias (460) y Andalucía (467), que son las más bajas entre las comunidades autónomas españolas, con resultados significativamente inferiores a los del promedio de España (y del conjunto de países OCDE)4.

Pese a lo expuesto, el Gobierno de la XIV Legislatura no ha tomado las medidas oportunas para revertir esta situación. Es más, el Gobierno de España, a través de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ("LOMLOE"), no sólo ha renunciado modificar la EBAU para convertirla en una prueba única nacional, sino que, además, ha rebajado el nivel del sistema educativo en la etapa escolar, diseñando unos currículos que son cada vez más genéricos e indeterminados, y permitiendo que los alumnos puedan pasar de curso aun cuando no hayan aprobado todas las materias5.

Todo ello es incompatible con el deber de los poderes públicos de proteger el principio de igualdad que, como valor superior del ordenamiento, debe inspirar el sistema educativo español. La actual ordenación de competencias se ha mostrado absolutamente ineficaz a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad de todos los alumnos españoles; y la política educativa del actual Gobierno de España no ha hecho más que agravar este problema.

En resumen, el Estado tiene la competencia exclusiva e ineludible de establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el cumplimiento del artículo 27 de la CE, lo que implica que debe asegurar que todos los españoles puedan acceder en igualdad de condiciones a la educación, también a la educación universitaria. Sin embargo, las deficiencias del modelo territorial de España, y la nefasta política educativa del Gobierno de Pedro Sánchez, han provocado desigualdades significativas entre los españoles, que son especialmente agudas en el acceso a la universidad.

Así, por una parte, la descentralización de la educación sustentada en el sistema autonómico es negativa en términos de mera eficacia; por otra, conculca el principio de igualdad de los españoles permitiendo situaciones injustas como la relativa a las diferencias entre unas regiones y otras con respecto a la EBAU. Una transferencia competencial que provoque desigualdad de derechos entre los nacionales de un mismo país es síntoma de un grave deterioro institucional, máxime si estas competencias atañen a un derecho tan esencial como la educación.

Puede concluirse, a la vista de lo anterior, que el Gobierno de España, con su política educativa, ha ahondado en esas diferencias injustas y ha llevado al país a una disminución del nivel educativo, tanto desde el punto de vista de la calidad académica como en el propio ámbito de la calidad democrática.

Por todo ello, urge llevar a cabo una reforma del sistema educativo que comience por garantizar la igualdad de oportunidades de los jóvenes españoles a través de una prueba única de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad en todo el territorio nacional. Implantar una EBAU única para toda España es esencial para la mejora del sistema universitario español y, por extensión, para la prosperidad económica y social del conjunto de la Nación.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que a su vez inste de nuevo al Gobierno de la Nación a promover las modificaciones legales pertinentes para implantar una prueba única de Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad (EBAU) en todo el territorio español, que garantice la igualdad de los alumnos españoles con independencia del lugar en el que se realice".

En Valladolid, a 18 de octubre de 2023.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Carlos Menéndez Blanco

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA

1https://www.universidades.gob.es/wp-content/uploads/2023/03/NOTA-PAU2022.pdf

2Ídem

3https://www.educacionyfp.gob.es/inee/evaluaciones-internacionales/pisa/pisa-2018/pisa-2018-informes-es.html

4Íbidem

5https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-5521