PNL/000708-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de noviembre de 2023, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000706 a PNL/000709.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

La igualdad de los españoles y sus territorios es un pilar básico e ineludible sobre el que se ha construido nuestro Estado democrático y de Derecho, tal y como se expresa en la Constitución española, que la recoge ya en su artículo primero. El espíritu y la letra de la carta magna y del resto de nuestro ordenamiento jurídico contienen mecanismos para hacer efectivo ese derecho a la vez que articulan un sistema para su defensa contra todo intento de socavarlo.

La construcción del Estado de las Autonomías estuvo guiada por la concepción simétrica del mismo, en aplicación del referido principio de igualdad, desterrando, en consecuencia, tentaciones de privilegios entre unos territorios y otros, pero respetando, a la vez, la personalidad histórica de algunas regiones.

Nunca la igualdad ha estado reñida con la pluralidad en casi 46 años de Constitución democrática en España. Siempre los conflictos se han dirimido respetando los pilares de la carta magna como garante de la igualdad territorial y de los derechos de las autonomías.

En una insólita deriva del PSOE, cuya importancia en los grandes consensos de la transición ha sido evidente, un presidente socialista en funciones está capitaneando una operación de derribo de los pilares constitucionales con el único y transparente motivo de continuar en el poder tras perder las últimas elecciones generales. Pedro Sánchez no solo ha cedido al chantaje intolerable de la casta independentista, sino que además la privilegia frente al resto de españoles. Un ejercicio político delirante que provoca la quiebra del Estado de derecho al pretender "constitucionalizar" los flagrantes atentados contra nuestra Carta Magna.

Pedro Sánchez ha suscrito pactos para seguir en el gobierno con los enemigos de España:

- Mintiendo a sus votantes y a todos los españoles, a los que tan solo días antes manifestó su total oposición a la amnistía, para terminar pactándola fuera de España a sabiendas de su flagrante inconstitucionalidad, todo ello en un ejercicio de desprestigio de la actividad política, nunca visto.

- Dañando la imagen de España en Europa, como país serio y de fiar. Hemos pasado de perseguir a un prófugo de la justicia, reclamando la colaboración a tal fin de los países comunitarios, a entronizarlo como interlocutor de un gobierno democrático.

- Amenazando la configuración del Estado autonómico, privilegiando a unos territorios frente a otros y cediendo en cuestiones vitales para todas las autonomías, que solo pueden ser afrontadas desde el dialogo multilateral.

- Discriminando, como consecuencia de lo anterior, a todos los castellanos y los leoneses, al condonar una deuda a la Generalidad de Cataluña por valor de nada menos que 15.000 millones de euros.

- Aceptando una negociación sobre el futuro de Cataluña como nación al margen de cualquier principio constitucional básico, reconociendo la existencia de un conflicto político entre Cataluña y España y aceptando la participación en dicha negociación de mediadores internacionales.

- Humillando al poder judicial en su legítimo deber de perseguir los delitos, quebrando de forma muy grave, como han expresado todas las asociaciones de jueces y magistrados, así como el Consejo General del Poder Judicial, el principio de separación de poderes.

- Cediendo de forma humillante para la democracia a todas las exigencias de los separatistas, tanto en el relato de lo sucedido antes, durante y después del 1 de octubre de 2017 como en las medidas acordadas, llegando a condicionar incluso el futuro del apoyo parlamentario a los avances en la consecución de los objetivos del nacionalismo catalán.

- Justificando su comportamiento "en el nombre de España", a sabiendas de que está vinculando el futuro de nuestra nación al vasallaje a los que pretenden burlar y destruir la Constitución de la igualdad y la concordia, en busca de la independencia de los territorios a los que dicen representar.

Los castellanos y los leoneses estamos asistiendo atónitos y perplejos, cuando no dolidos e indefensos, al espectáculo de un presidente capaz de sembrar división donde había concordia, asimetría donde había igualdad, humillación donde había orgullo, asumiendo una investidura que convierte a España en rehén de los intereses de los independentistas, solo a cambio de que Sánchez permanezca en el poder.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León, reafirmando su compromiso con la igualdad de todos los españoles ante la Ley, con la defensa de la Constitución española y con el resto del ordenamiento Jurídico que de la misma dimana, como garantes del Estado Social y Democrático de Derecho y de los valores superiores que representa, instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Defender los intereses de los castellanos y leoneses ante el Gobierno de España, y en consecuencia adopte las medidas que se consideren oportunas y necesarias, en los ámbitos institucional, ejecutivo y jurisdiccional, en las distintas instancias españolas y de la Unión Europea, para evitar agravios de cualquier índole o discriminación a nuestra Comunidad, otorgando privilegios a otros territorios o ciudadanos incompatibles con nuestro marco constitucional, y para que en concreto requiera formalmente al Presidente del Gobierno la inmediata convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos para tratar la ruptura de la cohesión territorial y el equilibrio socioeconómico entre las Comunidades Autónomas que convivimos en España, así como la anulación de la efectividad del principio de igualdad y solidaridad entre todos los españoles, que implica la formalización de los acuerdos de investidura del PSOE.

2. Rechazar la proposición de Ley de Amnistía presentada por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, por las mismas razones por las que los propios socialistas la rechazaron hasta el día de las elecciones generales, es decir porque contraviene de forma radical nuestro sistema constitucional, e iniciar el procedimiento para la impugnación inmediata mediante Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la futura Ley de Amnistía, fundamentando el mismo en que no cabe en nuestro ordenamiento excepcionar la legalidad vigente, ni la derogación retroactiva puntual de normas que sirvieron y sirven para condenar actos ilícitos cometidos contra el propio ordenamiento, ni tener por no realizados los actos típicos, antijurídicos y culpables, cometidos con ocasión del denominado proceso soberanista de Cataluña, para quebrantar la unidad de España y la organización territorial del Estado, en especial los referidos a los delitos de rebelión, sedición, prevaricación, malversación, desobediencia y pertenencia a banda criminal o terrorista, violentando la legalidad vigente y la igualdad de todos los españoles ante la Ley.

3. Mostrar su más firme rechazo al intento de injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial y las decisiones jurisdiccionales de este, que, tal y como han denunciado todas las asociaciones de jueces y magistrados, así como el propio Consejo General del Poder Judicial, pretenden socavar y desvirtuar la acción de la justicia, quebrando la separación de poderes, la independencia del poder judicial y el control de legalidad.

4. Rechazar el acuerdo entre JUNTS y el PSOE para la constitución de un mecanismo de negociación, con verificadores internacionales, sobre el reconocimiento nacional de Cataluña, y en concreto a reiterar su oposición a la celebración de cualquier clase de referéndum, que afecte a los títulos preliminar y octavo de la Constitución española, en especial a la indisoluble unidad de España y al concepto de soberanía, con independencia de quien lo promueva, para plante.

Valladolid, 14 de noviembre de 2023.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano