PNL/000710-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de noviembre de 2023, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000710 a PNL/000713.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

España, como el resto de Europa, está sufriendo una invasión inmigratoria que pone en grave riesgo el futuro de Europa tal y como la conocemos, y con consecuencias directas sobre la convivencia, la seguridad y la prosperidad de todos los europeos. Esta invasión inmigratoria está promovida unas élites de Bruselas que, en lugar de apostar por el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias y los trabajadores, han decidido implantar un modelo de inmigración descontrolada que promueve la llegada de millones de inmigrantes ilegales.

Pedro Sánchez y su Gobierno han sido aliados y promotores de todas estas políticas globalistas y del multiculturalismo que sufren directamente los españoles en sus barrios y ciudades con el aumento de la inseguridad, la precarización de los empleos y la entrada de culturas incompatibles con la nuestra. Como ocurre con tantas otras cuestiones, todas las consecuencias de estas nefastas políticas no las sufren aquellos que las promueven desde sus despachos bien protegidos o sus urbanizaciones con seguridad privada.

Además, estas élites, con su enorme hipocresía, nos ocultan el grave perjuicio que producen a los países de los que proceden todas estas personas, a los que arrebatan la esperanza de un futuro mejor y de prosperidad haciendo imposible su desarrollo por la ausencia de jóvenes preparados que pretenden traer a Europa como mano de obra barata.

En España la situación ha superado cualquier límite posible. Sólo a las Islas Canarias han llegado en lo que va de año más de veintiocho mil inmigrantes ilegales que han emprendido un peligrosísimo viaje arriesgando su vida y que son víctimas de esos políticos, asociaciones y organizaciones internacionales que están colaborando activamente con las mafias del tráfico de seres humanos, y que hacen negocio de la tragedia y del buenismo devastador de las élites.

VOX lleva advirtiendo de esta situación insostenible mucho tiempo frente a los insultos y la demagogia de partidos políticos, medios de comunicación y asociaciones que, cuando no eran cómplices de este drama, miraban para otro lado y se negaban a afrontar la realidad y las consecuencias de sus políticas multiculturales.

España debe tomar inmediatamente las medidas necesarias para que nuestras ciudades no sigan el modelo de sociedades multiculturales que se ha demostrado en países como Bélgica, Francia o Reino Unido, y que ya están sufriendo demasiadas ciudades y pueblos españoles. La inmigración debe ser controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación.

Además de los españoles, los inmigrantes que han llegado a España de forma legal y con la intención de trabajar, integrarse y contribuir al desarrollo de la Nación que les acoge son también víctimas de la llegada masiva de inmigrantes ilegales promovida por las élites.

La situación en estos momentos es especialmente grave; sólo en la última semana se ha registrado la llegada de más de cinco mil inmigrantes ilegales al archipiélago canario, según se ha podido saber, la mayoría de ellos procedentes de Senegal. Todos los españoles están pudiendo ver las imágenes de cómo son reubicados por todo el territorio nacional sin ningún tipo de control. Esto, además de provocar el temor de muchos españoles, es especialmente escandaloso ya que mientras a los españoles afectados por la erupción del Volcán de La Palma siguen instalados en contenedores, a los inmigrantes ilegales se les ha ido hospedando en hoteles que en muchos casos son de lujo.

Las medidas que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez ante esta nueva oleada inmigratoria atentan contra el deber y la precaución que debe tener cualquier gobernante; ya que ha decidido trasladar sin ningún tipo de vigilancia ni control a nuestros barrios y ciudades a miles de personas de las que desconocemos certeramente su origen, sus antecedentes penales y su voluntad de integración.

Nos encontramos ante una situación insostenible que pone el riesgo el futuro, el bienestar y la prosperidad de los españoles. Si queremos acabar con toda forma de inmigración ilegal, hay que poner fin a todas las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa con la complicidad de oenegés y mafias del tráfico de personas, y debemos trasladar un mensaje claro de que cualquier inmigrante que llegue ilegalmente nunca podrá regularizar su situación en España.

El Gobierno de la Nación no puede seguir eludiendo sus responsabilidades y debe expulsar de forma inmediata a todos los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente a nuestro país. Para frenar el efecto llamada es fundamental que cualquier persona que esté pensando emprender ese peligroso viaje sepa que a España sólo se entra de forma legal, ordenada y con la voluntad de integrarse y aportar al desarrollo de nuestra Nación.

Debemos eliminar todas las ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal a y a las oenegés, asociaciones o cualquier entidad que destine sus fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal, así como endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y todo aquel que colabore con ellas, ya sean oenegés, empresas o particulares.

España debe impulsar junto a sus aliados un bloqueo naval que proteja nuestras costas de la llegada masiva de inmigrantes ilegales, evitando los trágicos naufragios de embarcaciones lanzadas al mar por las políticas de fronteras abiertas y asegurando su devolución inmediata a los puertos cercanos más seguros en los países de origen y tránsito.

No podemos tolerar que ningún Estado promueva oleadas masivas de inmigrantes ni use estas como arma diplomática. España y Europa deben supeditar cualquier tipo de cooperación internacional a la colaboración en el control de los flujos y la lucha contra las mafias del tráfico de personas, así como sancionar a aquellos que no lo hagan y suspender toda ayuda internacional a estos.

En este sentido, es importante que España y el resto de Estados miembros de la Unión Europea auditen todos sus programas de cooperación internacional y desechemos los que se desarrollen en países que no colaboran en la lucha contra la inmigración ilegal.

Debemos exigir también a la Unión Europea la creación de plataformas seguras de desembarco en territorios no europeos gestionados por la propia Unión para evaluar las solicitudes de asilo y reparto equitativo solo de los que tengan derecho en los 27 países miembros, así como para la gestión eficaz del retorno de inmigrantes ilegales.

Es evidente que es necesario reformar toda la normativa en materia inmigratoria para convertirla en una verdadera herramienta que nos permita proteger nuestras fronteras y asegurar que toda persona que entra en España lo haga de manera legal y ordenada; pero, mientras eso ocurre, las autoridades deben terminar con el uso fraudulento que se hace de las normas vigentes y que utilizan las mafias del tráfico de personas para alimentar el efecto llamada.

Actualmente se utiliza de manera fraudulenta las figuras jurídicas de arraigo y asilo. La figura del asilo es fundamental para todas aquellas personas que efectivamente están sufriendo las consecuencias terribles de una guerra o cualquier tipo de persecución ya sea política o religiosa. Además, jurídicamente, el refugiado nunca ha tenido la intención de arraigar ya que, por definición, el refugio es temporal.

Por tanto, estas personas, que efectivamente se encuentran en una situación crítica, se ven perjudicadas debido a que las mafias del tráfico de personas y distintas oenegés, a través de un fraude de ley, utilizan las leyes para que personas que no se encuentran en esta situación y cuyo único objetivo es emigrar a nuestro país sin huir de ningún conflicto y sin cumplir los supuestos de asilo se acojan a esta figura con la única motivación de paralizar los trámites administrativos que deberían desembocar en su expulsión.

El fraude de ley, en claro perjuicio de las personas que solicitan asilo, se produce cuando un inmigrante ilegal, que está a punto de ser expulsado, solicita asilo con el propósito de aprovecharse del artículo 19 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que impide su expulsión mientras se evalúa su solicitud; recurriendo la resolución de expulsión mediante recurso de reposición amparándose en que la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, que establece que la eficacia de una resolución puede suspenderse si se argumenta la protección de derechos fundamentales o la existencia de causas de nulidad de pleno derecho según el artículo 47 de la misma ley. Aprovechándose de la situación de desbordamiento administrativo, provocado por la falta de capacidad y voluntad política, estas solicitudes de suspensión a menudo quedan sin resolver y al no resolverse el recurso de reposición en un mes se suspende automáticamente la inadmisión, lo que significa que no pueden expulsar al solicitante. En ese plazo los demandantes fraudulentos de asilo aprovechan para utilizar el procedimiento de arraigo y, cuando se deniega su petición de asilo, han podido conseguir la residencia legal cuando teóricamente el peticionario de asilo nunca debería tener la pretensión de arraigar, sino de huir del conflicto y volver a su país de origen cuando cese.

Esto supone un auténtico fraude de ley que es utilizado por las mafias del tráfico de personas y, en muchos casos, por la mala fe de miembros de oenegés que retuercen la legislación ante la pasividad de todas las Administraciones.

En virtud de lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Que, a su vez, inste al Gobierno de España a que proceda a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país.

2. Que, a su vez, inste al Gobierno de España a que acabe con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa.

3. Que, a su vez, inste al Gobierno de España, así como al resto de Administraciones públicas, a que trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública y, asimismo, la propia Junta de Castilla y León haga lo propio.

4. Que elimine las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como a instar al Gobierno de España a endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores.

5. Que, a su vez, inste al Gobierno de España a que proceda a aprobar, de forma urgente, de conformidad con la Directiva 2013/32/UE, la lista de países seguros; esto es, todos aquellos en que, de manera general y sistemática, no existe persecución, tortura o tratos inhumanos o degradantes, ni amenaza de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado; tales como, por ejemplo, Marruecos, Argelia o Senegal, países de origen y de tránsito o salida hacia España de las operaciones de las mafias de tráfico ilegal de personas.

6. Que, a su vez, inste al Gobierno de España a suspender la cooperación al desarrollo con Senegal o cualquier otro país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.

7. Que, a su vez, inste al Gobierno de España a suspender la cooperación al desarrollo con todos aquellos países que llevan paralizadas las negociaciones con la UE para firmar Acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales, tales como Argelia o Marruecos.

8. Que, a su vez, inste al Gobierno de España a llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo.

9. Que, a su vez, inste al Gobierno de España a proceder a la correcta transposición de la Directiva de retorno en España, y en concreto, regular el internamiento en centros de extranjeros, y sus prórrogas, para todos los extranjeros que tengan pendiente la ejecución de una orden de expulsión y retorno.

10. Que, a su vez, inste al Gobierno de España a aplicar de forma sistemática y rigurosa, con la mayor celeridad y rigor, lo establecido en el art. 8 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional; a fin de acordar el internamiento de quienes, al llegar al territorio nacional, soliciten cualquier tipo de protección internacional a fin de verificar la existencia de causas de exclusión o denegación de la protección y acordarla inmediatamente en su caso; teniendo en cuenta el criterio de país seguro a fin de no reconocer protección internacional, por ejemplo, a quienes proceden de Marruecos, Argelia y otros países seguros. En tanto no se apruebe la lista de país seguro, deberá entenderse como país seguro cualquier país tercero considerado como tal por cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

11. Que, a su vez, inste al Gobierno de España a establecer de manera inmediata refuerzos de personal en la Administración competente para tramitar las solitudes de asilo y de resolver los expedientes de extranjería con el fin de agilizar todos los trámites y que ningún inmigrante ilegal pueda verse favorecido por los retrasos de la Administración.

12. Que colabore de forma activa para que en todos los municipios de Castilla y León se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una Ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía con relación a sus obligaciones con el Padrón Municipal con el fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse. Del mismo modo, a instar al Gobierno de España para que haga lo propio con el resto de los municipios de la Nación.

13. Que se oponga activamente a la reubicación en el territorio regional de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo.

14. Que se oponga activamente a la reubicación en el territorio regional de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional y haya solicitado protección internacional en tanto no se acompañe por el Ministerio competente, bajo la responsabilidad personal del Ministro, certificación de haberse realizado el examen pormenorizado de todos los motivos de inadmisión, exclusión y denegación de las solicitudes de protección internacional y de que el sujeto correspondiente no procede de ningún país seguro. En caso de que ocurra cualquier ataque contra la libertad o la seguridad de los ciudadanos de Castilla y León como consecuencia de la reubicación de inmigrantes ilegales en Castilla y León, este será responsabilidad directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

15. Que ponga todos los medios necesarios para, en lo sucesivo, no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales a nuestra región.

16. Que suspenda de forma inmediata cualquier pago destinado a Palestina o, en su caso, a cualquier ONG que opere en Palestina para la realización de una auditoría urgente de dichos pagos a efectos de determinar si han sido destinados, o no, a ayuda humanitaria; con el objetivo de evitar que ni un solo euro de los españoles vaya destinado a organizaciones terroristas como Hamás. Asimismo, que inste al Gobierno de España a hacer lo propio.

En Valladolid, a 2 de noviembre de 2023.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Carlos Menéndez Blanco