PNL/000723-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de noviembre de 2023, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000714 a PNL/000734.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Juan Luis Cepa Álvarez, Yolanda Sacristán Rodríguez, Laura Pelegrina Cortijo, Soraya Blázquez Domínguez e Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte.

ANTECEDENTES

Recientemente ha trascendido a la opinión pública que una veintena de investigadores han dirigido una carta al Consejero de Cultura y Turismo en la que han alertado sobre "la grave situación a la que están abocados los proyectos de investigación, debido a la falta de una política de investigación del patrimonio arqueológico de la Junta de Castilla y León".

En su carta, los arqueólogos citan el artículo 2 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que establece las competencias exclusivas de la Comunidad sobre el patrimonio cultural ubicado en su territorio, así como los deberes y atribuciones esenciales de la Comunidad de Castilla y León de garantizar su conservación, promover su investigación y enriquecimiento, así como fomentar y tutelar el acceso de los ciudadanos a dichos bienes.

En base a ello se quejan en su carta que la Consejería de Cultura y Turismo "ha incumplido en los últimos años, en una clara dejación de funciones, lo dispuesto en la ley de patrimonio cultural de Castilla y León en lo tocante a la promoción y apoyo a la investigación", afirmación que sustentan en una serie de hechos. Citan para ello como la Dirección General de Patrimonio realizó en 2021 "una novedosa y fracasada convocatoria pública de subvenciones para favorecer la investigación arqueológica, con un montante máximo total por proyecto de 10.000 euros". La citada convocatoria se resolvió el 3 de noviembre de 2021, con la obligación de justificar la misma el día 5 del propio mes de noviembre, lo que significaba que hubiera que justificar los trabajos en dos días.

Debido a esto, continúa la misiva, "muchos investigadores no se acogieron a la convocatoria, otros tantos renunciaron cuando se resolvió y algunos no pudieron justificar las cantidades asignadas. En conclusión, muchos proyectos de contrastada trascendencia científica ni se acogieron a la convocatoria ni fueron financiados mediante esa línea de subvenciones".

Recuerdan los investigadores que en el año 2022, con una nueva Consejería de Cultura, "se apostó por la financiación de las actividades arqueológicas a través de una convocatoria de subvenciones para investigación que se resolvió, sorprendentemente, en enero del 2023. Los resultados, puede afirmarse, fueron peores que en 2021, ya que muchos investigadores ni llegaron a solicitar financiación y a los que se les concedió, a día de hoy la subvención no está pagada. Del mismo modo los cientos de miles de euros destinados a las subvenciones de investigación arqueológica, pero no gastados, no se han invertido, que tengamos noticia, en actividades relacionadas con la investigación sobre el patrimonio arqueológico".

Por lo que respecta a 2023, en lo que llevamos de año no se ha publicado ninguna convocatoria de subvención a la investigación arqueológica. Además, se da la circunstancia que en octubre de 2023 todavía no se han pagado algunas subvenciones del 2021 y ninguna del 2022.

Por otro lado, lo que sí se ha hecho público recientemente es el borrador del próximo Plan de Patrimonio para el período 2023/2026 en el que no se contempla la financiación de proyectos de investigación. En una Comunidad tan rica en yacimientos arqueológicos, se cuenta con nutridos y experimentados equipos multidisciplinares en torno a la Arqueología, vinculados a las cuatro Universidades públicas, a las Reales academias, así como a varios Institutos y Centros de estudios integrados en la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, vinculada al CSIF.

Todo ello hace preciso su impulso y fomento desde la Administración autonómica, en virtud de sus competencias y de la propia Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural, incluyendo la investigación arqueológica y la promoción de la investigación de nuestro patrimonio cultural en general y del arqueológico en particular, superando de este modo la situación actual que, tal y como manifiestan los propios investigadores firmantes de la misiva referida, "perjudica al conocimiento presente, y sobre todo futuro, de nuestro patrimonio".

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar un apoyo adecuado a medio plazo de los proyectos de documentación e investigación arqueológica en Castilla y León.

2. Convocar y resolver anualmente en tiempo y forma las ayudas o subvenciones destinadas a proyectos de documentación e investigación arqueológica que tengan como fin el territorio de Castilla y León.

3. Dotar e incrementar notablemente las partidas destinadas a los proyectos de documentación e investigación arqueológica que se lleven a cabo en la Comunidad de Castilla y León. El montante global de dichas ayudas no será inferior a 100.000 euros.

4. Dejar un periodo de tiempo razonable entre la resolución y la justificación de la ayuda concedida.

Valladolid, 7 de noviembre de 2023.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: José Ignacio Martín Benito, Juan Luis Cepa Álvarez, Yolanda Sacristán Rodríguez, Laura Pelegrina Cortijo, María Soraya Blázquez Domínguez y María Isabel Gonzalo Ramírez

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández