PNL/000753-01











4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/000753-01


Sumario:

Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a requerir al Gobierno de la Nación la mejora de la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a promover campañas de sensibilización, información y prevención para combatir la violencia machista digital, especialmente entre los menores de 18 años, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2023, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000739 a PNL/000753.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

ANTECEDENTES

El 28 de septiembre de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó, con los votos favorables de los Grupos Parlamentarios a excepción de Unidos Podemos, que se abstuvo, el informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Dichos informes tras un análisis previo identificaban los problemas que afectaban a los resultados de las políticas puestas en marcha y recogían un conjunto de medidas a desarrollar por las diferentes Administraciones en un plazo de cinco años. Ambos informes dieron lugar a un texto refundido con 292 medidas.

Para su desarrollo y cumplimiento se presupuestó una financiación de 1000 millones de euros para un horizonte temporal de cinco años, 2018-2022, previendo además que el pacto pudiese tener continuidad temporal una vez rematada su vigencia y cumplidas sus medidas.

El 25 de noviembre de 2021, se firmó un acuerdo por los Grupos Parlamentarios de renovación del Dictamen, donde nuevamente se plasmó la voluntad de seguir trabajando por el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el establecimiento de un marco ampliado y permanente para el desarrollo de políticas públicas que lo fortalezcan. Este documento constaba de trece puntos, entre los que destacan el 2 y el 3, que en concreto establecen:

● La voluntad de hacer permanente la obligación de dotar de una financiación pública estable, plurianual y flexible para sostener las actuaciones dirigidas a asegurar una respuesta integral y especializada a las víctimas por parte de todas las Administraciones públicas.

● La garantía de la financiación de los fondos del Pacto de Estado para el desarrollo, por parte de entidades sin ánimo de lucro, de programas de prevención y sensibilización, así como de acompañamiento y atención a víctimas.

Más tarde, en julio de 2022 en el marco de la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, el Ministerio de Igualdad y las CC. AA. acordaron, entre otros temas, prorrogar y mejorar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Hace pocos días hemos conocido por la prensa otro Pacto, este de una naturaleza muy distinta, que, en vez de propiciar la igualdad, la protección a los más vulnerables y la justicia, lo que hace es consagrar la injusticia, la desigualdad y la iniquidad, es el pacto entre el PSOE y ERC. Este pacto establece entre otras medidas la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña al Fondo de Liquidez Autonómica, como peaje necesario para la investidura de Pedro Sánchez.

Es evidente que los recursos del Estado son limitados; si Cataluña no devuelve 15.000 millones de euros del Estado, se perderán para el desarrollo de las políticas públicas que las personas necesitan, entre ellas, la de la lucha contra la violencia de género, que precisan, como ya se explicitó en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una financiación pública estable, plural y suficiente.

Por todo ello es necesario garantizar que esa merma en los recursos públicos que se va a derivar de los pactos del PSOE para mantenerse en el poder no afecte a la financiación que el Estado destina al Pacto contra la Violencia de Género.

Por otro lado, queremos referirnos a una derivada de la violencia de género que nos preocupa especialmente; y es la violencia digital sobre las mujeres y especialmente respecto de las menores. Según la ONU, las mujeres tienen 27 veces más posibilidades de ser atacadas en Internet que los hombres. De hecho, un 73 % de mujeres en el mundo han estado expuestas o han experimentado violencia online, de acuerdo con un informe de ONU Mujeres. "La violencia de género que se produce en el ámbito digital tiene la misma estructura, la misma forma de operar, que la violencia de género que se produce en el ámbito físico, que conocíamos hasta ahora. Lo que pasa es que ahora hay nuevos canales, que pueden amplificar y agudizar el control y seguimiento que se haga por parte de una pareja".

La ciberviolencia machista supone graves consecuencias para las víctimas. El 54 % de las mujeres que ha sufrido acoso a través de redes sociales ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés, según el último estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. El 42 % de las niñas y jóvenes que ha padecido amenazas online mostraron estrés emocional, baja autoestima y pérdida de confianza en sí mismas.

A principios de este mes de noviembre hemos conocido los resultados de la Encuesta Europea de Violencia de Género 2022, que ha detectado que casi cinco millones de mujeres españolas de entre 16 y 74 años (28,7 %) han sido víctima de algún tipo de violencia (psicológica, física, sexual) en pareja o expareja en alguna ocasión. Una de las conclusiones más preocupantes de esta encuesta es que son las jóvenes, las de entre 18 y 29 años, las que más confiesan haber sufrido violencia machista.

La magnitud de esta realidad no es menos importante en España, donde, a pesar de la escasez de estadísticas oficiales actualizadas, las investigaciones apuntan a una tendencia al alza. Recientemente han sido noticia casos de jóvenes que a través de la inteligencia artificial han vulnerado los derechos a la intimidad y a la dignidad de jóvenes en lo que puede considerarse violencia de género digital.

Lo que demuestran estas estadísticas y noticias es que el problema de la violencia machista es un problema que se está agravando a nivel nacional.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Requerir al Gobierno de la nación la mejora de la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de forma que no se vea minorada ni afectada por la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, pactada por el PSOE para asegurar la investidura del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno.

2. Promover campañas de sensibilización, información y prevención para combatir la violencia machista digital especialmente entre los menores de 18 años poniendo énfasis en el uso de las redes sociales para ejercer esa violencia".

Valladolid, 27 de noviembre de 2023.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano


PNL/000753-01

CVE="BOCCL-11-007216"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XI Legislatura
Pags. 20815-20817
BOCCL nº 224/11 del 14/12/2023
CVE: BOCCL-11-007216

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000753-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a requerir al Gobierno de la Nación la mejora de la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y a promover campañas de sensibilización, información y prevención para combatir la violencia machista digital, especialmente entre los menores de 18 años, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2023, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000739 a PNL/000753.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

ANTECEDENTES

El 28 de septiembre de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó, con los votos favorables de los Grupos Parlamentarios a excepción de Unidos Podemos, que se abstuvo, el informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Dichos informes tras un análisis previo identificaban los problemas que afectaban a los resultados de las políticas puestas en marcha y recogían un conjunto de medidas a desarrollar por las diferentes Administraciones en un plazo de cinco años. Ambos informes dieron lugar a un texto refundido con 292 medidas.

Para su desarrollo y cumplimiento se presupuestó una financiación de 1000 millones de euros para un horizonte temporal de cinco años, 2018-2022, previendo además que el pacto pudiese tener continuidad temporal una vez rematada su vigencia y cumplidas sus medidas.

El 25 de noviembre de 2021, se firmó un acuerdo por los Grupos Parlamentarios de renovación del Dictamen, donde nuevamente se plasmó la voluntad de seguir trabajando por el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el establecimiento de un marco ampliado y permanente para el desarrollo de políticas públicas que lo fortalezcan. Este documento constaba de trece puntos, entre los que destacan el 2 y el 3, que en concreto establecen:

● La voluntad de hacer permanente la obligación de dotar de una financiación pública estable, plurianual y flexible para sostener las actuaciones dirigidas a asegurar una respuesta integral y especializada a las víctimas por parte de todas las Administraciones públicas.

● La garantía de la financiación de los fondos del Pacto de Estado para el desarrollo, por parte de entidades sin ánimo de lucro, de programas de prevención y sensibilización, así como de acompañamiento y atención a víctimas.

Más tarde, en julio de 2022 en el marco de la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, el Ministerio de Igualdad y las CC. AA. acordaron, entre otros temas, prorrogar y mejorar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Hace pocos días hemos conocido por la prensa otro Pacto, este de una naturaleza muy distinta, que, en vez de propiciar la igualdad, la protección a los más vulnerables y la justicia, lo que hace es consagrar la injusticia, la desigualdad y la iniquidad, es el pacto entre el PSOE y ERC. Este pacto establece entre otras medidas la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña al Fondo de Liquidez Autonómica, como peaje necesario para la investidura de Pedro Sánchez.

Es evidente que los recursos del Estado son limitados; si Cataluña no devuelve 15.000 millones de euros del Estado, se perderán para el desarrollo de las políticas públicas que las personas necesitan, entre ellas, la de la lucha contra la violencia de género, que precisan, como ya se explicitó en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una financiación pública estable, plural y suficiente.

Por todo ello es necesario garantizar que esa merma en los recursos públicos que se va a derivar de los pactos del PSOE para mantenerse en el poder no afecte a la financiación que el Estado destina al Pacto contra la Violencia de Género.

Por otro lado, queremos referirnos a una derivada de la violencia de género que nos preocupa especialmente; y es la violencia digital sobre las mujeres y especialmente respecto de las menores. Según la ONU, las mujeres tienen 27 veces más posibilidades de ser atacadas en Internet que los hombres. De hecho, un 73 % de mujeres en el mundo han estado expuestas o han experimentado violencia online, de acuerdo con un informe de ONU Mujeres. "La violencia de género que se produce en el ámbito digital tiene la misma estructura, la misma forma de operar, que la violencia de género que se produce en el ámbito físico, que conocíamos hasta ahora. Lo que pasa es que ahora hay nuevos canales, que pueden amplificar y agudizar el control y seguimiento que se haga por parte de una pareja".

La ciberviolencia machista supone graves consecuencias para las víctimas. El 54 % de las mujeres que ha sufrido acoso a través de redes sociales ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés, según el último estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. El 42 % de las niñas y jóvenes que ha padecido amenazas online mostraron estrés emocional, baja autoestima y pérdida de confianza en sí mismas.

A principios de este mes de noviembre hemos conocido los resultados de la Encuesta Europea de Violencia de Género 2022, que ha detectado que casi cinco millones de mujeres españolas de entre 16 y 74 años (28,7 %) han sido víctima de algún tipo de violencia (psicológica, física, sexual) en pareja o expareja en alguna ocasión. Una de las conclusiones más preocupantes de esta encuesta es que son las jóvenes, las de entre 18 y 29 años, las que más confiesan haber sufrido violencia machista.

La magnitud de esta realidad no es menos importante en España, donde, a pesar de la escasez de estadísticas oficiales actualizadas, las investigaciones apuntan a una tendencia al alza. Recientemente han sido noticia casos de jóvenes que a través de la inteligencia artificial han vulnerado los derechos a la intimidad y a la dignidad de jóvenes en lo que puede considerarse violencia de género digital.

Lo que demuestran estas estadísticas y noticias es que el problema de la violencia machista es un problema que se está agravando a nivel nacional.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Requerir al Gobierno de la nación la mejora de la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de forma que no se vea minorada ni afectada por la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, pactada por el PSOE para asegurar la investidura del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno.

2. Promover campañas de sensibilización, información y prevención para combatir la violencia machista digital especialmente entre los menores de 18 años poniendo énfasis en el uso de las redes sociales para ejercer esa violencia".

Valladolid, 27 de noviembre de 2023.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano


PNL/000753-01

CVE="BOCCL-11-007216"



Sede de las Cortes de Castilla y León