M/000051-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de febrero de 2024, ha admitido a trámite la moción, M/000051, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de regeneración democrática, consecuencia de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de febrero de 2024.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento, podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha moción haya de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN, derivada de la Interpelación I/000051, relativa a "Política general en materia de regeneración democrática":

ANTECEDENTES

La constante regeneración democrática debe ser principio rector de la actuación diaria de los cargos públicos en su acción de gobierno. Es clave para la mejora de la calidad democrática y por ende para la reconciliación de la ciudadanía con la política.

Para que haya verdadera regeneración democrática es fundamental que exista máxima transparencia en la gestión y actuación política, sólo así la sociedad podrá recuperar la confianza en las instituciones, se mejorará la legitimidad de los servidores públicos y el resultado será de avance, de una Administración pública fuerte, creíble y que sea el instrumento que permita una mayor calidad de vida de la gente, encontrando solución a sus problemas y fortaleciendo unos servicios públicos que son esenciales en esa senda de progreso.

Todo ello urge ponerlo en práctica en nuestra Castilla y León, donde la pérdida de confianza en los poderes públicos ha ido aumentando paralelamente al aumento de casos de corrupción que superan los 40 en nuestra Comunidad Autónoma.

Los recortes en los servicios públicos también están mermando nuestra calidad democrática. Especialmente en sanidad, donde es cada vez más urgente garantizar una atención suficiente, pública y de calidad para los castellanos y leoneses; de igual manera debe garantizarse a los trabajadores sanitarios y profesionales de la salud todo el apoyo y respeto de la Administración. El mismo respeto que merecen y reivindican todos los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León, sus representantes sindicales a los que día sí y día también son criticados o insultados desde el Gobierno autonómico, este Gobierno de coalición con la ultraderecha que niega el diálogo social, que evita el consenso con los agentes sociales, que intenta mermar los derechos de las mujeres, que niega la existencia de la violencia de género, retiran ayudas a las víctimas de violencia de género, acusa e insulta a los inmigrantes... En definitiva, un Gobierno el de Castilla y León que representa todo lo contrario a la transparencia y al buen gobierno.

Ante todo ello se hace más necesario que nunca devolver a los castellanos y leoneses su confianza en las instituciones y esto solo será posible mediante un profundo ejercicio de regeneración democrática y transparencia, y por ello presentamos la siguiente

MOCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Condenar los insultos constantes, así como las manifestaciones que puedan incitar al odio, a la agitación o crispación social de miembros del Gobierno de la Junta hacia colectivos de esta comunidad (inmigrantes, mujeres, personas con discapacidad, colectivo LGTBI, representantes del mundo de la cultura, representantes de los trabajadores...), recuperando la senda de respeto y lealtad institucional con el legítimo Gobierno de España.

2.- Devolver el papel que le corresponde a los agentes del Diálogo Social en Castilla y León para recuperar el marco de paz social, seguridad laboral, confianza empresarial y para ello cumplir con el mandato del Estatuto de Autonomía en materia de financiación de sindicatos y patronal, así como devolver a los castellanos y leoneses el instrumento de arbitraje en las relaciones laborales, para lo que es imprescindible recuperar la financiación del SERLA.

En materia de transparencia y participación ciudadana:

3.- Publicar la declaración de IRPF, así como las declaraciones de bienes y actividades de todos los miembros del Ejecutivo y altos cargos al principio y al final de cada legislatura o en su caso desde el momento que se accediera al cargo de gobierno.

4.- Con carácter anual todos los altos cargos de la Junta de Castilla y León, así como de los responsables de los entes adscritos a la Administración autonómica, rendirán cuentas ante las Cortes de Castilla y León.

5.- Reducir un 25 % el gasto en publicidad institucional, así como regular su reparto con criterios objetivos antes de que finalice 2024.

6.- La regulación de presupuestos participativos mediante una reserva económica en cada proyecto de presupuestos, no inferior al 25 % de las cantidades no comprometidas en inversiones plurianuales en los capítulos 6 y 7, cuyo destino de inversión pueda decidirla la ciudadanía previa fijación de criterios de equidad territorial en su aplicación.

En materia de regeneración política y anticorrupción:

7.- Poner en marcha, antes de que finalice el año, la oficina contra el fraude y la corrupción, así como adoptar el compromiso de rendición de cuenta una vez al año en las Cortes de Castilla y León de las actuaciones llevadas a cabo por este organismo.

8.- Limitar los mandatos de los cargos del Ejecutivo a un período máximo de 8 años, tanto del presidente como de los miembros de la Junta de Castilla y León.

9.- Suprimir los aforamientos, tanto de los procuradores como del Ejecutivo. Sin limitaciones.

10.- Apartar del Gobierno y cesar como alto cargo a aquellas personas que hayan sido responsables de procesos fraudulentos, plagio o irregularidades en su gestión.

11.- Regular la provisión de puestos de libre designación mediante concurso y limitar al 25 % el número de puestos de estas características, tanto en la Administración general como en la educación y la sanidad públicas de la Comunidad. De tal forma que se deje a los cargos con rango de secretarios y dirección general o gobierno".

Valladolid, 12 de febrero de 2024.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández