PNL/000815-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de febrero de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000812 a PNL/000815.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

Estas últimas semanas vienen produciéndose importantes manifestaciones y actos de protesta por parte de agricultores y ganaderos en diferentes puntos de la geografía nacional y, por supuesto, también en Castilla y León.

El sector agrario está dejando constancia en la calle de la grave situación que vive. Sus reivindicaciones son justas y obtienen un amplio respaldo popular. Se encuentran en una asfixia económica que hace inviable la obtención de un beneficio empresarial que posibilite una vida digna para ellos y sus familias. Las adversidades climáticas diezman sus cosechas, los costes de explotación suben desmesuradamente y, con frecuencia, no son compensados por los ingresos de venta de los productos obtenidos, productos que sufren una desleal competencia de países fuera de la Unión, a los que no se les exigen las mismas normas y requisitos de producción que a la producción intra-europea. Y, todo ello, contemplado por un insensible Gobierno de la Nación que abandona las infraestructuras necesarias para el campo y promueve impuestos, (azúcar, plásticos, etc.), campañas publicitarias, opiniones de sus ministros y políticas intervencionistas que, lejos de resolver las necesidades y problemas de agricultores y ganaderos, los agravan aún más.

Por si fuera poco, una PAC cada vez más rígida en sus normas, compleja y exigente, cargada de burocracia superflua, profunda y radicalmente medioambiental y alejada de la competitividad y de la productividad necesarias para garantizar la rentabilidad de la actividad agraria, está limitando seriamente las posibilidades de la producción de alimentos en Europa y poniendo en peligro nuestra soberanía alimentaria, pues la UE, temerariamente, confía que sea el resto del mundo quien garantice el abastecimiento de alimentos, mientras los europeos nos dedicamos a admirar el paisaje. Estas son algunas razones, no todas, por las que los agricultores y ganaderos están demostrando su hartazgo.

El sector agrario percibe con creciente intensidad que sus problemas no son bien comprendidos y que la opinión pública está muy alejada de aquello que habitualmente preocupa y padece el sector. La realidad es que los agricultores y ganaderos viven de la importante labor de producir alimentos para el conjunto de la sociedad. No son sólo cuidadores del campo, como interpreta y pretende que sean una parte miope de la política y de la sociedad. Son más, mucho más. Ellos forman parte de la denominada cadena de valor en la que, además, participan la industria de transformación y la distribución, pero son los productores quienes constituyen el elemento básico de ella: sin ellos, sería imposible garantizar la producción de alimentos. Por eso, depender excesivamente de fuera, que sean otros quienes satisfagan nuestras necesidades básicas, es una temeridad que Europa y sus ciudadanos, tarde o temprano, lamentaremos, si no modificamos esta estrategia.

Desde siempre, consciente de este crucial papel estratégico y de las amenazas que sobre el sector agrario se ciernen, el Partido Popular ha venido manifestando un incondicional apoyo al campo y al mundo rural. Este compromiso lo es también con todos los agricultores y ganaderos y con cada uno de los agentes que componen el sistema alimentario español, sistema que proporciona productos alimentarios sanos, seguros y de excelente calidad, que contribuye a la alimentación de nuestra población, a nuestra balanza comercial y a la imagen exterior de España. Es más: en el Partido Popular nos sentimos orgullosos por ser el partido del campo y del medio rural. Para nosotros la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria alimentaria son sectores estratégicos que, además de su carácter productivo, contribuyen a vertebrar y estructurar España y mantener sus distintos ecosistemas, arraigan a la población en el territorio y combaten la despoblación. Defendemos las actividades tradicionales en el medio natural.

Este es, también, el sentimiento y compromiso del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León, que se refleja en todo el trabajo, iniciativas e intervenciones de sus miembros.

Sin ánimo de ser exhaustivos, durante las últimas legislaturas el Grupo Parlamentario Popular ha abordado buena parte de los asuntos de interés para el sector agrario que hoy vienen siendo objeto de sus reivindicaciones, y en sus iniciativas ha instado a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de la Nación, según sus competencias, respecto múltiples asuntos de interés para agricultores y ganaderos, como por ejemplo las condiciones de aplicación y financiación de la PAC; los requisitos a la importación de productos desde países extracomunitarios, medidas para mejorar la ley de la cadena alimentaria para no perjudicar a los productores; mejoras tributarias y fiscales para agricultores y ganaderos; mejora del sistema de seguros agrarios; rebaja de tarifas de riego; hemos pedido la retirada de la campaña contra el consumo de azúcar; hemos hecho propuestas para la mejora de la distribución y aplicación de purines sobre el terreno; medidas en defensa del sector ganadero y del consumo responsable de carne; medidas para mejorar la gestión de las poblaciones de lobo y minimizar los ataques al ganado; hemos promovido un plan de choque con medidas contra la sequía de carácter plurianual que contemple un nuevo Plan Hidrológico Nacional y mejoras en los planes hidrológicos de cuenca; también hemos exigido actuaciones relativas al Convenio de Albufeira; medidas de protección de determinados cultivos (viñedos, frutícolas, etc.) en relación con la instalación de energías renovables, etc.

Por tanto, en línea con el compromiso hacia el sector agrario que viene manifestando el Partido Popular y de acuerdo con su "manifiesto en defensa del campo" suscrito el pasado 5 de febrero de 2024, procede, una vez más, proponer medidas que puedan contribuir a dar respuesta a los problemas cuya solución vienen reclamando los agricultores y ganaderos.

En consecuencia, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León, reivindicando el carácter estratégico del sistema agroalimentario español, su aportación a la economía y la vida en el ámbito rural, instan a la Junta de Castilla y León para que requiera del Gobierno de España, a fin de que, en virtud de las competencias de cada Administración, y con el compromiso mutuo de diálogo y cooperación, se trabaje para la consecución de los siguientes objetivos:

1. Reforzar la imagen de España en los mercados, como país atractivo por la calidad de los productos alimentarios, la seguridad de sus alimentos y el alto valor de nuestra gastronomía.

2. Garantizar la producción de alimentos en Europa y no incrementar nuestra dependencia de terceros países.

3. Consensuar y flexibilizar los criterios de aplicación de la Política Agraria Común, ahora impuestos unilateralmente por el Gobierno de España, a efectos de reducir los trámites y revisar los ecorregímenes.

4. Promover un Pacto Nacional del Agua que asegure la disponibilidad de agua para cultivos e industrias, como garantía de seguridad alimentaria. Para ello, es necesario comprometer una inversión en infraestructuras para hacer frente a sequías, altas temperaturas y control de inundaciones, así como modernizar antiguos y nuevos regadíos.

5. Revisar la Ley de la cadena alimentaria a fin de garantizar el equilibrio entre los agentes de la cadena y evitar la inseguridad jurídica.

6. Revisar el Plan de seguros agrarios combinados para actualizar rendimientos por hectárea y ampliar coberturas ante problemas de mercados.

7. Reformar el PERTE agroalimentario, revisando los criterios y fondos asignados por el Gobierno a fin de que se ajusten a las características del tejido agroindustrial de nuestro país.

8. Crear un grupo de expertos que revise las actuales políticas de sanidad animal, analice la situación de la cabaña ganadera y establezca criterios técnicos de prevención y atención ante enfermedades.

9. Revisar todos aquellos elementos que lastran nuestra competitividad en la normativa nacional y no son consecuencia de ninguna exigencia europea, para que, en concreto, el Gobierno de España:

a. Asuma el compromiso de no crear nuevos impuestos, ni aplicar más cargas adicionales a ninguno de los agentes de la cadena alimentaria.

b. Suspender el impuesto al plástico, dado que España ha sido de los primeros países en aplicarlo, con recaudación récord por encima de las propias estimaciones del Gobierno en su primer año de aplicación.

c. Rebajar el IVA de los productos esenciales, incluidos carne, pescado, conservas y todos los productos lácteos y sus derivados".

Valladolid, 13 de febrero de 2024.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano