PNL/000824-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de febrero de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000823 a PNL/000844.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ángel Ceña Tutor, Leila Vanessa García Macarrón y Juan Antonio Palomar Sicilia, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO UPL-SORIA ¡YA! de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión competente por razón de la materia:

ANTECEDENTES

La Comisión Europea aprobó el 19 de abril de 2021 las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027, incluyendo a las regiones NUTS 3 (provincias) con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado entre los territorios susceptibles de beneficiarse de ayudas destinadas a las empresas con el objetivo de compensar las desventajas competitivas que provoca la despoblación.

Se trata, tal y como define la Comisión Europea, de ayudas de finalidad regional destinadas a reducir los gastos corrientes de una empresa o ayudas de funcionamiento, y son consideradas como una excepcionalidad a lo establecido en el artículo 107 del Tratado de Fundación de la Unión Europea (TFUE). Estas ayudas de funcionamiento tienen por objeto reducir determinadas dificultades específicas a las que se enfrentan las pymes en las zonas más desfavorecidas. Se trata de ayudas destinadas a compensar los costes adicionales ocasionados por el ejercicio de una actividad económica en determinadas zonas que han demostrado la existencia de obstáculos graves y permanentes para atraer y mantener actividades económicas. La Comisión Europea ha manifestado que estas ayudas son excepcionales y que son a su vez compatibles con el mercado interior, no afectando a la competencia.

Estas ayudas al funcionamiento consisten en un 20 % de los costes laborales de las empresas. Con la autorización de esta medida, la Comisión constata los desequilibrios existentes y busca reducirlos convirtiendo a las provincias con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado en territorios más atractivos para trabajadores y para empresas, buscando influir en las decisiones de los inversores sobre emplazamiento de proyectos de inversión.

Las ayudas de funcionamiento, aplicadas en los máximos autorizados por la Comisión Europea, pueden ser una herramienta muy útil de cara a combatir la despoblación, y ayudaría a que medidas similares pudieran implantarse en un futuro en otras zonas de Castilla y León que sufren problemáticas parecidas, dando la opción de competir con otros territorios europeos que actualmente están mejor posicionados y son más competitivos de cara a la implantación de nuevas empresas.

Dentro de las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027, la Comisión Europea contempla que estas ayudas al funcionamiento se hagan extensivas a trabajadores autónomos y a autónomos con condición de pyme.

El 18 de mayo de 2022, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados llevó al Pleno una moción relativa a la situación de los trabajadores por cuenta propia. A su vez, el diputado de Teruel Existe propuso dos enmiendas a este texto, que fueron aceptadas. La primera, para que se aplicaran las ayudas al funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas para las provincias poco pobladas de Soria, Cuenca y Teruel, así como para los autónomos con condición de pyme de las mencionadas provincias. En la segunda enmienda se instaba al Gobierno de España que la aplicación de las ayudas al funcionamiento tuvieran efectos retroactivos con fecha 1 de enero de 2022.

Esta moción recibió 155 votos a favor (Partido Popular, VOX, Ciudadanos y seis diputados del Grupo Mixto) y 183 votos en contra (PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Grupo Parlamentario Plural, EAJ-PNV, EH Bildu y tres diputados del Grupo Mixto), por lo que no salió adelante.

El 13 de octubre de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo pública la aplicación de las ayudas al funcionamiento para las empresas de Soria, Cuenca y Teruel. Ante el Pleno del Congreso, anunció una reducción del 5 % en la cotización por contingencias comunes de la empresa en los contratos indefinidos existentes en el ámbito provincial; el 15 % en los nuevos contratos indefinidos que se registren y un 20 % en los nuevos contratos indefinidos en municipios de hasta 1.000 habitantes.

El 25 de octubre de 2022, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el señor José Luis Escrivá, anunció en el Pleno del Senado que los autónomos que iniciasen su actividad en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel tendrían durante tres años una cuota reducida por la que su contribución a la Seguridad Social sería de 80 euros mensuales.

El 24 de diciembre de 2022 se publicó en el BOE la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que incluía, en su disposición adicional nonagésima primera, el detalle de la Reducción de cuotas a la Seguridad Social en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel. El Gobierno de España las comenzó a aplicar desde el 1 de enero de 2023, no siendo retroactivas a 1 de enero de 2022, tal y como se comprometió Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el 17 de octubre de 2022 en Soria.

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, y sólo durante ese año, los nuevos autónomos se beneficiaron de una cuota reducida o "Tarifa plana" a la Seguridad Social de 80 euros mensuales, con independencia de los ingresos anuales del autónomo en cuestión, extensiva a tres años y, por lo tanto, más beneficiosa que el modelo general, que se caracteriza por una tarifa plana el primer año y el segundo, siempre que en esta segunda anualidad los ingresos del autónomo no superen el salario mínimo interprofesional.

Debido a que esta medida para autónomos de Soria, Cuenca y Teruel se publicó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 indicando que los beneficiarios serían los nuevos autónomos que se dieran de alta durante el año 2023, al finalizar el año y no tener un nuevo presupuesto, los autónomos que se incorporen a la actividad desde el 1 de enero de 2024 no pueden acogerse a la reducción de cuota durante tres años, tal y como ya señaló la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) en enero de 2024, volviendo así al modelo general aplicado en el resto de España.

A pesar de que las ayudas al funcionamiento puestas en marcha para autónomos durante 2023 son insuficientes, el hecho de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones deje de aplicarlas perjudica a los autónomos de las tres provincias afectadas, una parte importante del tejido empresarial y económico de los tres territorios afectados.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España:

1. La recuperación de la cuota reducida para autónomos de Soria, Cuenca y Teruel, con una redacción legal que garantice su continuidad en el tiempo, de forma que no quede limitada a sólo un ejercicio.

2. Que la reducción en las cuotas se amplíe para los autónomos que ya están en activo, de forma que se incremente la discriminación positiva para estos territorios de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel en la línea del 20 % de los costes laborales que autoriza la Comisión Europea".

Soria, 1 de febrero de 2024.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Leila Vanessa García Macarrón y Juan Antonio Palomar Sicilia

EL PORTAVOZ,

Fdo.: José Ángel Ceña Tutor