PNL/000852-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de marzo de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000852 a PNL/000855.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de marzo de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante años ha existido un consenso en las instituciones europeas que ha ido legislando contra los intereses de las naciones que conforman la Unión Europea y los distintos sectores que sustentan la economía y la prosperidad de los europeos. El sector primario es sin duda uno de los más perjudicados por la agenda verde impuesta por burócratas de Bruselas y asumida por los sucesivos Gobiernos de España.

El Pacto Verde Europeo es el conjunto de medidas legales, políticas, económicas y financieras mediante las que, desde las instituciones de la Unión Europea, se está imponiendo una agenda de transformación de las economías de los Estados miembros con el fin de adaptarlas a una serie de objetivos climáticos. El más importante de ellos, piedra de toque de todo el Pacto, alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.

Esta estrategia ha sido elaborada de espaldas a los españoles, que, sin embargo, son los que están soportando las peores consecuencias de las restricciones, normas y acciones del Pacto Verde Europeo. Para su desarrollo se han elaborado multitud de normas que recogen exigencias e imposiciones para nuestros productores que han lastrado la economía y la viabilidad de nuestro sector primario. Entre ellas destacan la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia de Biodiversidad 2030, que cada día sufren nuestros agricultores y ganaderos.

Todas estas normas aprobadas por burócratas a los que no les importa en absoluto la soberanía alimentaria de nuestras naciones, la prosperidad de nuestra gente y la pervivencia del mundo rural, han impuesto unos objetivos imposibles de cumplir cuya única consecuencia es situar a nuestro producto nacional frente a la competencia desleal de terceros países. Han pretendido desmontar nuestro sector primario y hacernos cada vez más dependientes del extranjero, dejando en manos de otras naciones la soberanía, el bienestar y la prosperidad de nuestro pueblo.

Estas restricciones en el uso de insumos agrícolas tradicionales, fertilizantes, antimicrobianos y pesticidas en toda la Unión Europea están provocando una reducción de nuestra producción agrícola y de nuestra competitividad en los mercados de exportación que tendrán como consecuencia una subida de precios que sufren los hogares.

Además, estas estrategias han utilizado lo que tradicionalmente han sido mecanismos de apoyo a distintos sectores como medida de coacción para que implementen sus agendas ideológicas. Así, la PAC que ha servido como sustento a las actividades agrícolas y de impulso a la competitividad está quedando progresivamente desplazada por la vinculación de las ayudas a criterios ideológicos ecologistas o, como en el caso de la última actualización de la PAC, la reversión del 10 % de la superficie productiva agraria. La nueva PAC establece objetivos gravosos para los agricultores y ganaderos españoles. Una PAC con un 40 % de su presupuesto destinado a objetivos ambientales no es la más propicia para respaldar al sector en un contexto de emergencia económica como el actual. Esta medida ya ha generado efectos adversos en el periodo octubre-diciembre de 2023, con una disminución de 580 millones de euros en las ayudas directas de la PAC para el campo español, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Esta reducción del apoyo económico al sector primario se ha combinado con la imposición progresiva de nuevos impuestos, trabas legales y laberintos burocráticos que han llevado a las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras al borde de la desaparición por el aumento de costes y el abandono institucional. Del mismo modo, la resolución del Pacto Verde Europeo aprobada en 2020 impulsó el endurecimiento de las normas sobre bienestar animal, que también recaen sobre la industria agroalimentaria.

Por si fuera poco, esta situación se está combinando con la permisividad a la importación descontrolada de productos de terceros países que no cumplen con las normativas a las que están sometidos nuestros productores, ya sea en términos ambientales, de calidad o en lo referente a la regulación laboral. Resulta incoherente exigir medidas coercitivas para el sector primario europeo al mismo tiempo que se autoriza la entrada de productos procedentes de países que no cumplen con esas mismas exigencias, generando una competencia desleal con los propios productos comunitarios.

Debemos destacar la implicación de los sucesivos Gobiernos de España en todo este proceso, con continuas cesiones a las exigencias de los burócratas de Bruselas aplicando gravosos impuestos y permitiendo una excesiva regulación que ha tenido consecuencias desastrosas para los productores y distribuidores españoles, hasta el punto de llevar a muchos productores al desánimo por mantener y legar la actividad familiar a sus hijos.

Durante décadas se ha gestado un proceso de desarticulación de nuestro sector primario, hoy concretado en la asunción de los postulados de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.

Precisamente frente a ese acuerdo se han rebelado los agricultores europeos y españoles. La sostenibilidad del campo y la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes no puede, en ningún caso, llevarse a cabo al margen de los intereses de España y de nuestro sector primario. De ello depende el sustento de muchísimas familias. Las agendas ideológicas en ningún caso pueden estar por encima del bienestar de los españoles.

No en vano, nuestros agricultores y ganaderos se están movilizando estos días incluyendo entre sus reivindicaciones la derogación de la Agenda 2030 y su dogmatismo programático. Un experimento de ingeniería social impulsado de espaldas al pueblo que pone en peligro su modo de vivir y su sustento. Desde VOX siempre hemos estado al lado de las familias que viven del sector primario, porque queremos que los hijos de nuestros agricultores y ganaderos y sus nietos lo sigan siendo, igual que lo han sido sus padres y sus abuelos.

Lo que empezó en lejanos despachos de las élites Bruselas alejadas de la realidad de la gente y que nadie ha elegido tiene ya consecuencias directas en nuestra vida diaria. Lo vemos en los supermercados, con unos precios cada vez más elevados e inasequibles para familias y trabajadores. Lo vemos en el mundo rural, asfixiado, necesitado de agua y cada vez más despoblado mientras se destruyen infraestructuras energéticas e hidráulicas y se abren las puertas de productor procedentes de terceros países con una calidad inferior y que no cumplen los durísimos requisitos que se les exige a nuestros productores. Y pronto lo sufriremos en forma de chantaje por parte de todas aquellas naciones de las que nos hemos hecho dependientes y a las que les hemos cedido nuestra soberanía alimentaria.

En virtud de lo expuesto, resulta necesario promover políticas que faciliten la libertad y la viabilidad económica de las unidades de producción e industrias vinculadas al sector primario, asegurar la pervivencia del mundo rural y terminar con todas la imposiciones ideológicas que pretenden acabar con nuestra soberanía alimentaria y hacernos dependientes de terceros países.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a instar al Gobierno de la Nación para:

1. Denunciar ante las instituciones europeas el Pacto Verde Europeo y las graves consecuencias que ha tenido para la economía española, en especial, para el sector primario.

2. Promover, en el ámbito de sus competencias, la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad.

3. Favorecer una verdadera conservación del medio natural que conviva con el apoyo y el respeto a la actividad de nuestro sector primario.

4. Tomar las medidas necesarias para garantizar nuestra soberanía alimentaria, la eliminación de la competencia desleal y el fortalecimiento del principio de preferencia comunitaria.

5. Mostrarse favorable a la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países para suspender inmediatamente aquellos que permitan la importación de productos que no cumplan las exigencias fitosanitarias impuestas a nuestros productores, así como a instar, a través del Gobierno de España, a las autoridades competentes a no ratificar ningún acuerdo comercial que desproteja a nuestro sector primario.

6. Expresar el apoyo y el respeto a las legítimas protestas y reivindicaciones populares que desde el mundo rural exigen el fin inmediato de las políticas ecologistas que amenazan gravemente su viabilidad.

En Valladolid, a 6 de marzo de 2024.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Carlos Menéndez Blanco