PNL/000857-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de marzo de 2024, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000856 y PNL/000857.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de marzo de 2024.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

La noche del viernes 9 de febrero dos guardias civiles fueron brutalmente asesinados, y otros dos más resultaron gravemente heridos al ser arrollados por una narcolancha mientras participaban en una operación contra el tráfico de drogas en el puerto de Barbate.

Uno de los agentes fallecidos, David Pérez Carracedo, de 43 años, y origen leonés, recibió sepultura en la localidad Nogarejas, su pueblo, donde su familia, amigos y compañeros lo despidieron llenos de dolor y rabia en un multitudinario funeral oficiado por el Obispo de Astorga.

David y su compañero Miguel Ángel González consagraron su vida a la protección de sus conciudadanos, constituyéndose como un ejemplo más del heroísmo de este Instituto Armado, llevando hasta el final de su vida el lema de la Guardia Civil "El honor es mi divisa".

Los castellanos y los leoneses nos sentimos honrados de poder disponer de un cuerpo de seguridad de esta calidad humana y profesional. Es para nosotros un honor saber que en Castilla y León contamos con profesionales leales y abnegados que, como David, son capaces de dar su vida por defender a España y los españoles.

La labor que realizan los hombres y mujeres de la Guardia Civil es imprescindible en la defensa de los derechos y las libertades de los españoles. Una labor que, sin embargo, deben realizar con una desesperante e incomprensible falta de medios humanos y materiales para evitar, precisamente, resultados fatales como el que hemos visto y sufrido en Barbate. Todas, absolutamente todas las Asociaciones Profesionales de Guardias Civiles han denunciado en reiteradas ocasiones esta situación, reclamando los recursos materiales y humanos necesarios para el ejercicio de su trabajo, en condiciones de seguridad, alzando la voz para evidenciar la desatención a la que el Gobierno de España les ha condenado.

Sin embargo, de este solo han recibido silencio y desatención, cuando no decisiones incomprensibles, como la del desmantelamiento del Órgano de Coordinación contra el tráfico en Andalucía (OCON Sur). Un silencio, una desatención y unas decisiones ilógicas que desgraciadamente, en este caso, han acabado resultando facilitadoras de los trágicos acontecimientos del 9 de febrero, como han expresado las propias asociaciones profesionales.

Al margen de la asunción de responsabilidades políticas que seguimos esperando todos los ciudadanos, lo cierto es que no cabe demorar más la adopción de medidas para que lo sucedido en Barbate no se repita en otro punto de nuestro país, y para, simultáneamente, adoptar las medidas oportunas para dotar a nuestros profesionales de los medios materiales y humanos precisos para desempeñare su trabajo en condiciones suficientes de seguridad y dignidad.

Son precisos cambios normativos que refuercen el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no que lo dificulten, pero es más necesaria, sin duda, la provisión de los recursos humanos y materiales que reclaman las asociaciones de guardias civiles, hasta ahora ignoradas por el Ministerio del Interior.

En concreto, aunque resulte paradójico, la Policía Nacional y la Guardia Civil no están incluidas como profesión de riesgo, lo cual repercute en sus retribuciones y sobre todo en sus pensiones de jubilación. Es de justicia que se dé una solución a las retribuciones en la jubilación de Policía Nacional y Guardia Civil.

No hay razón para seguir discriminando a los policías y guardias civiles respecto, por ejemplo, de los trabajadores aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos, miembros de la Ertzaintza y policías locales, y así abrir una puerta dentro de clases pasivas para diferenciarse dentro de todos los funcionarios integrados en estas clases, por sus peculiaridades y riesgos al ejercer su profesión, y así poder igualar nuestras pensiones de jubilación por años de servicio con Policía Local y cuerpos autonómicos, en las mismas circunstancias que ellos.

Por otro lado, el 12 de marzo de 2018, el Ministerio del Interior del Gobierno del Partido Popular firmó un acuerdo histórico de equiparación salarial con los principales sindicatos de la Policía Nacional y las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil, tras un proceso de negociación llevado a cabo con el objetivo de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares.

También para impulsar su modernización, mejorar la calidad en la prestación del servicio y optimizar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

En ese Acuerdo se abordó un proceso de equiparación gradual en tres ejercicios, 2018, 2019 y 2020, con un importe de 807 millones de euros que serían destinados al Complemento Específico Singular (el 90 % del total) y a la Productividad (el 10 % restante), más 100 millones de euros adicionales que se destinarían a incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada al servicio activo.

Al mismo tiempo, el Gobierno se comprometió a contratar los servicios de una consultora externa que fijase los criterios y las cantidades necesarias para la equiparación salarial real, total y absoluta. Dicha consultora analizaría las cifras de equiparación puesto a puesto y fijaría las correcciones que fuesen necesarias.

El Gobierno del Partido Socialista despreció el informe inicial de la auditoría que suponía poner más dinero para la equiparación y encargó uno nuevo que tuviera en cuenta las nuevas pretensiones del Gobierno de no seguir incrementando las cantidades necesarias para la equiparación real, total y absoluta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De forma que aún hoy no se ha alcanzado esa equiparación salarial comprometida.

Seguimos hoy considerando necesario que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los garantes de la seguridad, la libertad, la democracia y la ley, cuenten con los medios materiales y técnicos necesarios y adecuados para realizar su inmenso y sacrificado trabajo; y deben tener las mismas retribuciones que el resto de los cuerpos policiales que realizan el mismo trabajo que la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Por último, ha de mencionarse la falta de recursos humanos que en este momento presentan la Policía Nacional y sobre todo la Guardia Civil en Castilla y León.

Uno de cada 10 puestos de policías nacionales no está cubierto en Castilla y León. Si la situación de los efectivos de la Policía Nacional es mala, la de la de Guardia Civil es enormemente preocupante, las provincias de Burgos, Soria y Segovia aparecen como las tres provincias de régimen no foral con mayor porcentaje de puestos vacantes de España, en concreto más del 25 % de las plazas no se encuentran cubiertas, lo cual repercute por supuesto en la seguridad de nuestro medio rural de forma ciertamente preocupante.

En consecuencia, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Gobierno de España a fin de:

1. Declarar Profesión de Riesgo el trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

2. Impulsar las modificaciones normativas oportunas para habilitar la posibilidad de jubilación anticipada a policías Nacionales y Guardias Civiles.

3. Encargar un nuevo informe de auditoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación salarial real, total y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con las Policías Autonómicas y elaborar un proyecto de ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades con relación al resto de Policías del territorio español.

4. Impulsar la recuperación de las medidas legislativas que investían a policías nacionales y guardias civiles de la autoridad necesaria para poder realizar su trabajo con las garantías suficientes para asegurar su efectividad y el cumplimiento adecuado de las atribuciones que el ordenamiento jurídico les asigna.

5. Cubrir las plazas vacantes de policías nacionales y guardias civiles en nuestra Comunidad, y especialmente de estos últimos en las provincias de Burgos, Soria y Segovia, lo cual está afectando de forma muy preocupante en la seguridad en las zonas rurales de esas provincias.

6. Aumentar de manera urgente la dotación de material de defensa moderno y suficiente a la Guardia Civil, que permita a este cuerpo enfrentarse a la actividad delincuencial con unas condiciones mínimas de seguridad, que eviten desgracias como la acaecida en Barbate recientemente".

Valladolid, 6 de marzo de 2024.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano