PNL/000302-1

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para que abra un proceso de diálogo y corrija la reforma del mercado laboral, y a que se comprometa a no aplicar la reforma en lo que se refiere a las posibilidades de despido de los empleados públicos y al empleo de parados para la realización de trabajos sociales sin remuneración, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de marzo de 2012, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000302, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para que abra un proceso de diálogo y corrija la reforma del mercado laboral, y a que se comprometa a no aplicar la reforma en lo que se refiere a las posibilidades de despido de los empleados públicos y al empleo de parados para la realización de trabajos sociales sin remuneración.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de marzo de 2012.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

En el peor momento laboral de la historia de Castilla y León, con 226.084 parados, el pasado 8 de marzo el Congreso de los Diputados convalidó el Decreto Ley que contiene la Reforma Laboral del Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy.

Más allá de la más que probable inconstitucionalidad de un buen número de preceptos, de su reconocida incapacidad para crear empleo a corto y a medio plazo, de la merma de derechos de los trabajadores que conlleva, y de que abarata y facilita el despido en el sector privado de la economía, hay tres factores que queremos destacar de la Reforma Laboral en esta iniciativa, en la medida en que atañen directamente a la Junta de Castilla y León.

Primero, es una reforma que se aprobó a espaldas a los agentes económicos y sociales, sin que conocieran siquiera las líneas generales de la misma, algo denunciado explícitamente por los Secretarios Generales de UGT y CCOO. En este sentido, desde la legitimidad que otorga el clima entendimiento que existe entre el Consejo del Diálogo Social y la Junta de Castilla y León en nuestra Comunidad, es necesario que el ejecutivo autonómico inste al Gobierno de España a que reabra el proceso de diálogo con los agentes económicos y sociales para alcanzar un acuerdo en torno a la reforma laboral.

Segundo, en el seno del diálogo social se ha instado a la Junta de Castilla y León a que plantee al Gobierno de España dos consideraciones respecto de la reforma laboral. Uno, respecto al nuevo tratamiento de los supuestos de despido colectivo, así como en los supuestos de suspensión y reducción de jornada. Y dos, con relación al nuevo marco que la reforma establece para las acciones de formación para el empleo (ocupados). Sería deseable que dicha intención no se quede solo en eso, y que al menos en estos dos temas la Junta de Castilla y León contribuya a la mejora de la reforma laboral.

Y tercero, es una reforma que universaliza el despido llevándolo al ámbito público, y que lo incentiva en la medida en que abre el camino de los despidos colectivos en el sector público, afectando por tanto a un buen número de empleados públicos de la Junta, porque no solo incumbe a los trabajadores de sus empresas públicas, sino también al personal laboral contratado directamente por la Junta de Castilla y León. Adicionalmente es una reforma que puede obligar a un parado que cobre la prestación por desempleo a hacer trabajos sociales para la Comunidad a través de convenios con AAPP, para “demostrar” que no trabaja en nada. Abre la puerta, por tanto, a que la Junta de Castilla y León “sustituya” empleados públicos por parados para la realización de determinados trabajos, algo que socialmente es inaceptable.

Por todo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que:

1. Se dirija al Gobierno de España para que abra de forma inmediata un proceso de diálogo con los agentes económicos y sociales que permita alcanzar un acuerdo sobre los contenidos de la reforma del mercado laboral, sin que suponga un retroceso en los derechos de los trabajadores.

2. Se dirija al Gobierno de España para que corrija al menos los dos aspectos de la Reforma Laboral a los que se comprometió el Presidente Herrera ante el Consejo del Diálogo Social: el nuevo tratamiento de los supuestos de despido colectivo, así como en los supuestos de suspensión y reducción de jornada, y el nuevo marco que la reforma establece para las acciones de formación para el empleo.

3. Se comprometa a no aplicar las posibilidades que ofrece la Reforma Laboral a las Administraciones Públicas, ni las relativas al despido de empleados públicos, ni las concernientes al empleo de parados para realizar trabajos sociales sin remuneración”.

Valladolid, 20 de marzo de 2012.

El Portavoz:

Fdo.: Óscar López Águeda