PNL/000324-1

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de abril de 2012, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000324, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 de la Constitución, interponga recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de abril de 2012.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

Por Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, se aprobaron las denominadas “Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral”.

Dentro del conjunto de medidas incluidas en dicha norma se encuentran algunas de dudosa constitucionalidad como sería la introducción de un “periodo de prueba” de un año, que abre la puerta al despido sin causa ni indemnización. Lo mismo ocurre con las limitaciones a la negociación colectiva a través del arbitraje obligatorio o con la capacidad del empresario de modificar de forma unilateral elementos sustanciales de la relación laboral fijados tanto por contrato como a través de la negociación colectiva. De la misma manera se establecen aspectos vedados a la negociación y aspectos que necesariamente han de ser objeto de esta.

Este desequilibrio entre las partes que impone la reforma laboral afecta de forma directa al mantenimiento del diálogo social. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su artículo 16 determina como objetivo de las políticas públicas el fomento del diálogo social como factor de cohesión social y progreso económico, reconociendo el papel de los sindicatos y organizaciones empresariales como representantes de los intereses económicos y sociales que les son propios. Por ello, el propio Estatuto prevé la existencia de un Consejo del Diálogo Social de Castilla y León. En el mismo sentido, el Estatuto recoge también entre sus objetivos el de la “creación de empleo estable y de calidad”.

Pues bien, la introducción de factores de distorsión en el diálogo social como son el establecimiento de estos desequilibrios de una dudosa constitucionalidad ponen en situación de riesgo el cumplimiento de estos objetivos recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía. Y ante esta situación, la Junta de Castilla y León y su Presidente deben dar una respuesta adecuada que permita la existencia de un marco de colaboración entre los agentes sociales en nuestra Comunidad sin distorsiones derivadas de la conculcación de derechos constitucionales.

Por todo ello se somete a la consideración de la Cámara la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, de conformidad con el artículo 162 de la Constitución Española, interponga recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Valladolid, 20 de marzo de 2012.

El Portavoz

Fdo.: Óscar López Águeda