PE/001982-3

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por el Procurador D. Pedro Luis González Reglero, relativa a número de bajas por enfermedad común y accidente no laboral de empleados públicos y su coste para la Administración Autonómica, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 2 de marzo de 2012.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de la Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por el Procurador D. Pedro Luis González Reglero, PE/001982, relativa a número de bajas por enfermedad común y accidente no laboral de empleados públicos y su coste para la Administración Autonómica, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 78, de 2 de marzo de 2012.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de abril de 2012.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

Contestación a la Pregunta Escrita, P.E./001982, formulada por D. Pedro González Reglero, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a “bajas de empleados públicos por enfermedad común y accidente no laboral cuya duración haya sido superior a 90 días en 2009 y 2010”.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada le informo que con la medida de reducción del complemento de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, recogida en el artículo 69 de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, se persigue tanto reducir el gasto como homogeneizar las retribuciones en estos supuestos de todos los empleados públicos, los que están integrados en régimen general de la seguridad social y los integrados en el régimen especial de funcionarios civiles del Estado, como así se ha puesto de relieve en cuantos foros han debatido la modificación normativa de referencia. La complementación de las prestaciones reconocidas por el sistema público de la seguridad social son una mejora o beneficio social adoptadas en un escenario muy distinto al actual y a juicio de este gobierno parece conveniente, en estos momentos, hacer converger los derechos derivados de la normativa de la seguridad social a los efectos descritos en la vigente actualmente para un número importante de los funcionarios de esta Comunidad Autónoma que son los funcionarios sujetos al régimen especial de funcionarios civiles del Estado.

La adopción de esta medida tiene su base, por un lado, en los datos y estudios elaborados por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional, colaboradores de esta Administración, con quienes se ha concertado el control y seguimiento de las Incapacidades de los empleados públicos, y que se viene prestando a plena satisfacción, a través de llamadas a los empleados a partir del 15.° día para el control de su estado de salud y seguimiento, habitualmente de carácter quincenal, que puede variar en función de la patología y su teórica duración. De otro lado, se ha adoptado dentro del margen competencial atribuido a esta Comunidad Autónoma, y respetando la normativa básica estatal que deriva de la regulación contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010.

En el año 2009 las bajas por enfermedad común y accidente no laboral de empleados públicos (funcionarios, laborales y estatutarios), con una duración superior a 90 días supusieron 331.066 jornadas y un coste de 5.000.892 euros. En 2010 esas cifras fueron de 305.124 jornadas y un coste de 4.393.993 euros. Los anteriores datos representan un índice de absentismo de 1,48 % en 2009 y 1,35 % en 2010.

Valladolid, 20 de abril de 2011.

LA CONSEJERA,

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro