PNL/000456-1

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de España para que retire los recortes impuestos en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y a adoptar otras medidas relativas a la Ley de Dependencia, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de septiembre de 2012, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000456, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de España para que retire los recortes impuestos en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y a adoptar otras medidas relativas a la Ley de Dependencia.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de septiembre de 2012.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara:

ANTECEDENTES

La Ley 39/2006 (LAPAD) supone el mayor avance en protección social en España en los tres últimos lustros, generando derechos subjetivos y habiendo dictaminado a más de un millón de personas en situación de dependencia, de los que 760.000 ya son beneficiarios de una prestación o servicio.

Sin embargo, cuando el Sistema de Atención a la Dependencia debería haber alcanzado su madurez, al cumplirse más de un lustro desde la aprobación de la Ley, está sufriendo un acusado proceso de deterioro que amenaza con dar al traste con todas las expectativas y el potencial que durante estos años ha generado en atención a las personas en situación de dependencia y en la creación de empleo. Este Sistema está siendo descuartizado a golpe de Real Decreto, generando inseguridad en las personas, en las instituciones e incluso en las empresas que actúan en el sector. A ello se une la persistencia y agravamiento de algunos de los problemas estructurales de este Sistema, en particular la inequidad entre territorios autonómicos.

Problemas que no sólo no se van a solucionar, sino que se van a ver agravados por lo que es, de hecho, una derogación encubierta de la Ley que va a reducir el Sistema a la mínima expresión, reduciendo sus costes y anulando este impulso de modernización del Estado con sus beneficios en la protección social y calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias, y también en convergencia con los países de nuestro entorno en cuanto al modelo económico y la generación de empleo.

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado el 14 de julio de 2012, en lo referido al Sistema de Atención a la Dependencia contiene medidas que son desalmadas y crueles con las personas más vulnerables, al tiempo que son antieconómicas, por lo que la utilización en el texto legal de expresiones como “mejorar” o “sostenibilidad” son un insulto y una mofa hacia la sociedad en su conjunto y muy especialmente hacia las personas dependientes, sus familiares y hacia los/as profesionales del sector de los servicios sociales.

Entre las medidas adoptadas, destacan como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes:

– La ampliación a dos años el plazo para resolver las ayudas hará que decenas de miles de dependientes mueran sin atención (3 de 4 beneficiarios son mayores de 65 años, y el 54 % mayores de 80).

– El incremento de las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, llevando al límite de la capacidad real las economías familiares. El copago incrementa de manera importante las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes provocando la descapitalización de las familias.

– La eliminación de las compatibilidades entre servicios, que impide la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes.

– La reducción de la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15 %. El Ministerio se ha permitido incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas dependientes hablando públicamente de “fraude” en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados/as en España. La reducción afecta a 435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben una media de 55 € al mes.

– Además el Estado deja de financiar la Seguridad Social de los cuidadores familiares que afecta a 180.000 personas, el 94 % mujeres.

– En materia de financiación del sistema, se reduce el nivel mínimo en más de un 13 %. A los 283 millones recortados del nivel acordado, debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 227 millones de cuotas de Seguridad Social de cuidadores que se dejarán de abonar.

Todas estas medidas, además de suprimir niveles, bajar intensidades y eliminar incompatibilidades, suponen de manera inmediata un recorte de 1.000 millones de euros y la desatención a los más de 270.000 del “limbo de la dependencia” –personas que se les ha reconocido el derecho y están pendientes de recibir la prestación o servicio– que no recibirán ayuda en los próximos dos años y medio por lo que se puede afirmar con absoluta desolación que el descuartizamiento de la Ley de Dependencia supone el fin del mayor avance en protección social que se había producido en España en los últimos años.

Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y Atención de la Personas en situación de dependencia que la Ley reconoce como un derecho representa un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional del Estado Social, cargando de nuevo sobre las familias el cuidado de las personas en situación de dependencia sin apoyo alguno, y trasladando la cobertura de las necesidades más básicas de las personas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía. Eso es retroceder a las prácticas predemocráticas asistenciales y de beneficiencia que marcaron el retraso de España con respecto a países europeos de nuestro entorno.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se dirija al Gobierno de España para:

– Que retire los últimos recortes impuestos a la LAPAD en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero.

– Que no aplique los recortes y la eliminación de las partidas de financiación del Nivel Acordado, suprimiendo la aportación que la Administración General del Estado realizaba para la financiación de la Ley de Dependencia para toda España por un valor de 283 millones de euros.

– Que cualquier medida de modificaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, que afecte a algunas de sus esencias, se lleve a cabo mediante su tramitación, debate y, en su caso aprobación en el Parlamento, sin utilizar el atajo de la modificación a través de Decreto. Y que se lleven a cabo con un nivel de consenso similar, al menos al que se logró en su aprobación.

Valladolid, 3 de septiembre de 2012.

El Portavoz

Fdo.: Óscar López Águeda