PNL/000529-1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 11 de octubre de 2012, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000529, presentada por los Procuradores D. Francisco Ramos Antón y D. José Francisco Martín Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a proponer con carácter urgente modificaciones legislativas necesarias en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, y en sus normas de desarrollo para reforzar la profesionalización de la Administración Autonómica.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Hacienda.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de octubre de 2012.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Francisco Ramos Antón y José Francisco Martín Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Hacienda:

ANTECEDENTES

No son pocos los ataques que con ocasión de la crisis económica está sufriendo la gestión pública, la mayor parte de ellos escasamente fundados, si nos atenemos al análisis comparado, y excesivamente impregnados por una carga ideológica y un interés inconfesables.

Uno de los elementos centrales en el deterioro de la gestión pública es su politización partidaria, tanto a través de los funcionarios eventuales de confianza y libre nombramiento como del abuso de la libre designación como sistema de provisión para puestos de gestión ordinaria tanto técnica como administrativa, que exigen más competencia que afinidad política para un desempeño eficiente y orientado a la ciudadanía.

Por otro lado, la generalización de la libre designación para las jefaturas de servicio, impuesta por la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de Función Pública de Castilla y León, limita significativamente y desincentiva la carrera profesional de los empleados públicos, al tiempo que politiza de hecho la gestión pública, pues los servicios constituyen, en general, las verdaderas unidades de gestión operativa en la gestión pública.

A mayor abundamiento, la vigente Ley de Función Pública de la Comunidad deja abierto el procedimiento de libre designación para la provisión de puestos de trabajo a “aquellos otros –puestos– que por la importancia especial de su carácter directivo o la índole de su responsabilidad, y en atención a la naturaleza de las funciones, se determinen en las relaciones de puestos de trabajo”. Es decir una puerta de atrás demasiado amplia y siempre disponible para el ejercicio de la discrecionalidad, cuando no de la arbitrariedad y el clientelismo.

Además, entre los citados puestos de trabajo reservados a la libre designación se encuentran habitualmente aquellos cuya función es precisamente el ejercicio del control interno de la administración tanto en materia económica, como es el caso de los interventores, como de inspección de servicios. La politización partidaria del acceso a estos puestos de trabajo menoscaba de hecho la independencia, objetividad y auctoritas que exige el eficiente desempeño de sus funciones.

En consecuencia y, puesto que son bien conocidas las ventajas del refuerzo de la profesionalización de la función pública y su positiva valoración por parte de la opinión pública, que de esta manera mejoraría su confianza en la gestión de la Administración autonómica, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a proponer con carácter urgente las modificaciones legislativas necesarias en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de Función Pública de Castilla y León, y en sus normas de desarrollo para reforzar la profesionalización de la Administración autonómica, de modo que la libre designación como procedimiento de provisión de los puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad quede reservada a los puestos de secretarías de altos cargos y a los superiores a Jefes de Servicio, quedando en este último caso excluidos los puestos de control interno de intervención e inspección de servicios.

Valladolid, 8 de octubre de 2012.

Los Procuradores

Fdo.: Francisco Ramos Antón y

José Francisco Martín Martínez

El Portavoz

Fdo.: Óscar López Águeda