PNL/000548-1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de noviembre de 2012, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000548, presentada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez, D. Fernando María Rodero García y D. David Jurado Pajares, instando a la Junta de Castilla y León a la creación de un Fondo Estatal de Emergencias para las familias en situación de pobreza y exclusión social.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2012.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jorge Félix Alonso Díez, Fernando Rodero García y David Jurado Pajares, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:

ANTECEDENTES

El alcance y profundidad de la crisis económica que estamos viviendo exige nuevas respuestas. El riesgo de exclusión social es cada día mayor. El aumento del desempleo ha provocado un número creciente de hogares que carecen de ningún tipo de ingresos. A este proceso hay que añadir la consolidación de la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social, como la prestación por desempleo o las rentas mínimas de inserción.

Hasta ahora, todas las medidas adoptadas por el Gobierno se han dirigido a satisfacer las necesidades de los mercados, de las entidades financieras o de las empresas, mientras que el ciudadano ha asistido impotente a recortes de derechos y prestaciones y a soportar los efectos negativos de esta crisis.

En efecto, son los servicios sociales públicos los que han de garantizar, por derecho, el apoyo a las personas que lo necesitan. Y redoblar los esfuerzos en situaciones críticas, como la que estamos atravesando. Sin embargo, en tan solo unos meses, el Gobierno ha llevado a cabo un recorte brutal e indiscriminado con graves repercusiones en el acceso y la calidad de servicios básicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales, debilitando aún más la cohesión social de nuestro país.

Incluso la Unión Europea ha advertido al Gobierno a este respecto y, en el punto siete de las Recomendaciones sobre el Programa Nacional de Reformas de 2012 de España, le pide que “tome medidas específicas para combatir la pobreza”.

En este sentido, es necesario articular medidas que puedan contribuir de manera inmediata a paliar los efectos que la crisis económica tiene entre las personas más desfavorecidas y los colectivos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo reforzando la atención directa a estas personas y potenciando los servicios a los que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y laboral.

En efecto, esta atención se realiza mayoritariamente a través de los servicios sociales municipales y de las organizaciones de acción social del Tercer Sector, puesto que son las más próximas a ellos y a la realidad en la que viven. Tanto ayuntamientos como organizaciones han demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan y la eficiencia de su trabajo. Buena prueba de ello es que, en los últimos meses, se ha incrementado visiblemente la demanda de atención de ambos. Por tanto, en un momento como el actual, tanto los municipios como las propias ONGs necesitan de más recursos que les permitan atender esta situación de manera más eficiente.

Igualmente, para lograr una lucha real contra la pobreza y ante el incremento del número de beneficiarios de las rentas mínimas de inserción garantizadas, es necesario el apoyo presupuestario del Estado para que, junto con las Comunidades Autónomas, se pueda hacer frente al incremento de esta demanda siendo necesario, además, que se afronten y resuelvan las dificultades en la tramitación y resolución de las rentas mínimas. Este sistema de protección básica, por sí solo no es suficiente, pero sin él, la lucha contra la pobreza no es real.

En Castilla y León la situación no es mejor que en resto de España, el reciente informe del observatorio de Cáritas de nuestra Comunidad nos anuncia que el número de personas que atiende esta organización en Castilla y León ha pasado en sólo 3 años de 3.635 a 8.508, lo que supone un crecimiento de más del 130 por cien. Entre los datos que aporta el observatorio cabe destacar el aumento de personas atendidas sin ningún tipo de ingreso, que ha pasado en 3 años del 28 a 30,5. Otro dato que evidencia la cronificación que sufre la pobreza es que el 49 % de las personas llevan más de tres años atendidas por Cáritas y el 45 % de los desempleados son de larga duración.

Por lo expuesto, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que inste al Gobierno de España a que realice las siguientes actuaciones:

1.- Crear un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias en situación de pobreza y exclusión social con una dotación total para 2013 de 1.000 millones de euros, que permita:

a) Dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos tanto para la financiación de los gastos corrientes que ocasione la prestación de servicios educativos, los servicios de atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia y los derivados de las prestaciones de servicios sociales y de promoción y reinserción social, como para programas específicos de inclusión social, especialmente aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables.

b) Incrementar los recursos destinados al Tercer Sector, a través de una convocatoria extraordinaria de subvenciones para el fortalecimiento de políticas de inclusión social, para que financien programas de integración laboral de las personas en riesgo de exclusión social y programas de lucha contra la pobreza, es decir, programas de inclusión activa que combinan la activación para el empleo con una adecuada cobertura de rentas y acceso a servicios de calidad.

c) Completar, concertándolo con las Comunidades Autónomas, los recursos que éstas destinan a las rentas mínimas garantizadas, incentivando la resolución de las dificultades en la tramitación y resolución de dichas rentas autonómicas.

2.- Destinar a subvencionar actividades de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 1 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2013 correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.”

Valladolid, 30 de octubre de 2012.

Los Procuradores

Fdo.: Jorge Félix Alonso Díaz,

Fernando María Rodero García y

David Jurado Pajares

El Portavoz

Fdo.: Óscar López Águeda