PNL/000557-1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de noviembre de 2012, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000557, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a transmitir al Gobierno de España su apoyo al conjunto de medidas destinadas a equilibrar la posición del deudor hipotecario en los procedimientos de ejecución hipotecaria.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de noviembre de 2012.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

Durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2012 y la Ley de medidas financieras y administrativas, este Grupo Parlamentario, a través de la correspondiente enmienda, propuso la creación de una oficina de intermediación hipotecaria dirigida a aquellas personas que como consecuencia de la actual coyuntura económica se encontrasen en una situación de sobreendeudamiento al que no puedan hacer frente.

Dicha oficina desarrollaría funciones de asesoramiento al ciudadano y de mediación con las entidades financieras velando por que, en todo caso, se agotasen todas las vías de negociación con dichas entidades previamente al inicio de procesos de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual frente a aquellos ciudadanos y familias de Castilla y León que por el cambio en sus condiciones económicas se encontrasen en riesgo inminente de sufrir estas medidas.

Dicha enmienda fue desestimada con los votos del Grupo Parlamentario Popular.

Mientras tanto, estas situaciones dramáticas, lejos de disminuir, se han visto incrementadas como consecuencia de la evolución de la economía española siendo cada vez más el número de familias que se ven expulsadas de sus hogares como consecuencia de no poder hacer frente a los pagos de sus hipotecas.

Y para mayor escarnio, en muchos casos pierden su casa como consecuencia de lanzamientos instados desde entidades financieras rescatadas con fondos públicos.

En el mes de junio, también fue rechazada en las Cortes de Castilla y León con los votos del Grupo Popular la proposición no de ley formulada por este Grupo Parlamentario destinada a “introducir como condición previa de la recapitalización de las entidades financieras, la paralización y renegociación de las condiciones contractuales de los préstamos hipotecarios de todos aquellos clientes que se encuentren incursos en procesos de desahucio, así como la renegociación de las condiciones de aquellos préstamos hipotecarios de familias que, por el cambio en sus condiciones económicas, estén en riesgo inminente de incurrir en procesos de desahucio y lanzamiento de su vivienda habitual.” La misma iniciativa rechazada proponía nuevamente la creación de una oficina de intermediación hipotecaria.

Ahora, con retraso, la Junta de Castilla y León anuncia haber creado un Servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio, con funciones de información al ciudadano y de interlocución con las entidades financieras.

Este primer paso, que podía haberse dado hace meses, debe ser completado con otras actuaciones complementarias.

Entre otras actuaciones, se hace necesaria una reforma profunda de la Ley hipotecaria, cuyo texto refundido data de 1946 así como modificaciones de otras normas como la Ley de Enjuiciamiento Civil, la de regulación del Mercado Hipotecario o la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

Pero además, la administración autonómica debe contar con instrumentos que posibiliten una mayor capacidad de actuación ante las entidades financieras.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a transmitir al Gobierno de España su apoyo al conjunto de medidas destinadas a equilibrar la posición del deudor hipotecario en los procedimientos de ejecución hipotecaria; establecer medidas conducentes a procurar la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen graves dificultades para atender su pago, así como regular un procedimiento extrajudicial previo al concursal para dar solución convencional a la situación de sobreendeudamiento no doloso en que se encuentre el consumidor por causas sobrevenidas, presentadas en las Cortes Generales con fecha 25 de octubre de 2012.

2.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a apoyar el establecimiento en la Comunidad de una línea de avales destinados a garantizar el coste del aplazamiento de pagos de deudas hipotecarias con destino a aquellas personas que como consecuencia de la actual coyuntura económica se encuentren en una situación de sobreendeudamiento al que no puedan hacer frente y se encuentren en riesgo de lanzamiento o desahucio de su vivienda habitual.

3.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a exigir del Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para que se produzca la inmediata paralización de todos aquellos lanzamientos instados por entidades financieras rescatadas con fondos públicos.

Valladolid, 9 de noviembre de 2012.

El Portavoz

Fdo.: Óscar López Águeda