M/000112-1

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2012, ha admitido a trámite la Moción, M/000112, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de vivienda, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 27 de noviembre de 2012.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2012.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I-000112 relativa a “Política general en materia de vivienda”:

ANTECEDENTES

Es obligación de los poderes públicos, por mandato constitucional y estatutario, garantizar una vivienda digna y adecuada a quienes la necesitan y no pueden obtenerla, procurándoles una vivienda directamente o a través de fórmulas de colaboración con la iniciativa pública y privada.

Es prioritario facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos en condiciones de igualdad, mediante la generación de suelo y mediante la promoción de vivienda de protección pública, y de vivienda protegida, con especial atención a los grupos sociales en desventaja y a los jóvenes, de manera que les permita su plena integración en la sociedad.

Por lo expuesto se presenta la siguiente Moción:

“Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Impulsar el desarrollo reglamentario de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León.

2. Completar la normativa, planes y programas pendientes en la Comunidad, en materia de suelo, vivienda y rehabilitación.

3. Elaborar y aprobar un Plan que fije los principios, estrategias de actuación, mecanismos de selección y objetivos para nuevas áreas de rehabilitación integral (ARI) y de renovación urbana (ARU) en nuestra Comunidad.

4. Extender el programa REVIVAL y la Bolsa de Alquiler para jóvenes a los municipios mayores de 1000 habitantes de la Comunidad.

5. Articular una modalidad de alquiler con opción de compra de vivienda protegida, especialmente dirigida a los jóvenes.

6. Convocar ayudas públicas y subvenciones, con respaldo presupuestario suficiente, que faciliten a los castellanos y leoneses, especialmente a los jóvenes, a las rentas más bajas y a colectivos con necesidades especiales, el acceso a una vivienda digna, tanto en la modalidad de adquisición, arrendamiento o rehabilitación de su vivienda habitual, como en la promoción de vivienda pública y protegida.

7. Optimizar el uso del stock ya existente de viviendas con objeto de atender las necesidades sociales de la población.

8. Evitar la exclusión social de aquellas familias que carecen de vivienda, a través de arbitrar soluciones coyunturales de forma inicial, que permitan con posterioridad dar una respuesta definitiva. Para lo cual se deberán promover alquileres proporcionales, tutelados por la Junta, que será la garante de las dos partes.

9. Aumentar el parque inmobiliario público para facilitar el acceso a la vivienda de aquellas familias que tienen que sobrevivir con ingresos bajos o muy bajos, de manera que la población que acceda a esas viviendas no soporte un esfuerzo excesivo, y el esfuerzo real por el pago del alquiler, no supere el 30 % de los ingresos obtenidos.

10. Elaborar una estrategia dirigida a aumentar el mercado de alquiler tutelado por la Junta, así como la rehabilitación y recuperación de vivienda que favorezca, por un lado el acceso a la vivienda a las familias con recursos inferiores al IPREM, y por otro a la instalación y adaptación de edificios y viviendas para las personas con discapacidad o personas mayores.

11. Promover un acuerdo con las entidades financieras para que las viviendas que son ahora de su propiedad se puedan incorporar al parque público de viviendas para que a las familias, que de forma coyuntural tienen una situación económica que les impide acceder a una vivienda, puedan acceder a ésta, además permita facilitar vivienda la población con necesidades especiales, como personas con cargas familiares, emigrantes, discapacitados y familias monoparentales.

12. Mediar con las entidades financieras para evitar los desahucios de las familias, buscando soluciones para transformar la deuda hipotecaria en un alquiler proporcional a las situaciones de las familias y tutelando la relación de protección desde la Administración.

13. Apoyar el establecimiento en la Comunidad de una línea de avales destinados a garantizar el coste del aplazamiento de pagos de deudas hipotecarias, con destino a aquellas personas que como consecuencia de la actual coyuntura económica se encuentren en una situación de sobreendeudamiento al que no puedan hacer frente y se encuentren en riesgo de lanzamiento o desahucio de su vivienda habitual.

14. Exigir del Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para que se produzca la inmediata paralización de todos aquellos lanzamientos instados por entidades financieras rescatadas con fondos públicos.

15. Retirar los depósitos financieros y la condición de entidades colaboradoras de la Administración autonómica a todas aquellas entidades financieras que no operen en la línea de los dispuesto en el Real Decreto-Ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, con el Código de buenas prácticas que establece el Real Decreto-ley 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y con cualquier otra disposición de carácter nacional o autonómica que, para la protección social de las familias deudoras pueda adoptarse en el futuro.

Y a trasladar al Gobierno de España la necesidad de incluir en la normativa de protección social de los deudores hipotecarios la medida que aquí se propone”.

Valladolid, 29 de noviembre de 2012.

El Portavoz

Fdo.: Óscar López Águeda