OIO/000022-1











5.- PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

590.- Otras Instituciones y Órganos
OIO/000022-1


Sumario:

Dictamen de la Comisión de la Presidencia en relación con el estudio de la aplicación del principio de subsidiariedad en el siguiente proyecto de acto legislativo de la Unión Europea: - Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012) 643 final] [2012/0305 (COD)].



Resolución:

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León del Dictamen de la Comisión de la Presidencia de 20 de noviembre de 2012 en relación con el estudio de la aplicación del principio de subsidiariedad del siguiente proyecto de acto legislativo de la Unión Europea:

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012) 643 final] [2012/0305 (COD)].

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de diciembre de 2012.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac



Texto:

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA

La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, a la vista del Informe de la Ponencia encargada del estudio de la aplicación del principio de subsidiariedad en el siguiente proyecto de acto legislativo de la Unión Europea:

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012) 643 final] [2012/0305 (COD)]

y, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado séptimo de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León por la que se aprueban las Normas sobre el procedimiento de control de la aplicación del principio de subsidiariedad en los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea, tiene el honor de elevar a la Excma. Sra. Presidenta el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

Primero. En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, se remitió por esta Comisión de las Cortes Generales el día 14 de noviembre de 2012 a las Cortes de Castilla y León la iniciativa legislativa de la Unión Europea anteriormente referida a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remitiese a las Cortes Generales un dictamen motivado sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en su regulación.

Segundo. De conformidad con la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de 14 de junio de 2010, la Presidenta de las Cortes de Castilla y León calificó y remitió dicha propuesta a los Grupos Parlamentarios, a la Junta de Castilla y León y al Presidente de la Comisión de la Presidencia.

Tercero. Transcurrido el plazo para la presentación de observaciones por parte de los Grupos parlamentarios y para que la Junta de Castilla y León expresase su parecer motivado al respecto, la Mesa de la Comisión de la Presidencia en su reunión de 29 de noviembre 2012 acordó continuar con el procedimiento de control de la aplicación del principio de subsidiariedad en el caso de esta propuesta legislativa y así realizar un análisis más detallado de la misma al considerar las competencias afectadas por su regulación. Asimismo, aprobó el calendario para el desarrollo de los trabajos de la Comisión fijando el día 3 de diciembre de 2012 como fecha para la reunión de la Ponencia encargada del estudio de esta iniciativa y el día 7 de diciembre de 2012 como fecha para la celebración de la sesión de la Comisión de la Presidencia en la que se emite el Dictamen correspondiente.

Cuarto. También en esa reunión de la Mesa se acordó que la Ponencia que informase la propuesta de la Unión Europea estaría integrada por cinco miembros, dos Procuradores del Grupo Parlamentario Popular, dos Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista y un Procurador del Grupo Parlamentario Mixto. El nombramiento ha recaído en los siguientes Procuradores: D. Raúl de la Hoz Quintano y D. Julio Santiago Delgado, Procuradores del Grupo Parlamentario Popular, D. Miguel Ángel Fernández Cardo y D. Francisco Ramos Antón, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, y D. José María González Suárez, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto

CONSIDERACIONES JURÍDICAS PREVIAS

El presente Dictamen tiene como objeto el análisis del proyecto de acto legislativo de la Unión Europea remitido por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, citado al inicio, con el fin único de determinar si la regulación que en él se propone respeta el principio de subsidiariedad, principio que rige el ejercicio de las competencias atribuidas a la Unión Europea, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva.

El artículo 5.3 del Tratado de la Unión Europea establece que: “En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos nacionales velarán por el respeto de dicho principio con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado protocolo.”

En el artículo 6 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que figura anejo al TUE y al Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea después de establecer que los Parlamentos nacionales podrán dirigir a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad, dispone que incumbirá a cada Parlamento nacional consultar, cuando proceda, a los Parlamentos regionales que posean competencias legislativas.

Teniendo en cuenta esta previsión del artículo 6 del Protocolo, la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, modificada por la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, ha establecido en su artículo 6.1 la obligación de esta consulta a las Cámaras de las Comunidades Autónomas, para que puedan emitir dictamen sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en las iniciativas legislativas europeas.

Son, por tanto, con base en esta regulación, consultadas las Cortes de Castilla y León para que evalúen el respeto del principio de subsidiariedad en las propuestas normativas de la Unión Europea. Cabe destacar, además, que esta participación de las Cortes de Castilla y León en los procedimientos de control del principio de subsidiariedad de las propuestas legislativas europeas “cuando dichas propuestas afecten a competencias de la Comunidad” también viene contemplada en el artículo 62.2 del Estatuto de Autonomía.

En el examen parlamentario que las Cortes de Castilla y León deben efectuar al realizar este control del principio de subsidiariedad de los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea, en primer lugar, se debe determinar ante qué tipo de competencias nos encontramos. La necesidad de este análisis es manifiesto si tenemos en cuenta que se remiten a estas Cortes todos los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea sin prejuzgar qué tipo de competencia de la Unión Europea es la base jurídica de la norma que se propone y si existen competencias autonómicas afectadas (artículo 4 del Protocolo y artículo 6.1 de la Ley 8/1994).

Por tanto, se estudiará en el proyecto si se tratan las competencias de la Unión Europea, en las que el mismo se ampara, de competencias exclusivas o de competencias compartidas con los Estados miembros ya que el principio de subsidiariedad sólo opera en los ámbitos de las competencias compartidas de la Unión Europea y si la propuesta, a su vez, afecta a competencias de la Comunidad Autónoma.

Fijado lo anterior, en segundo lugar, se valorará, en su caso, la oportunidad de la intervención de la Unión Europea, esencia del principio de subsidiariedad. Esto significa analizar que los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros a ningún nivel, en nuestro caso, fundamentalmente, en el nivel de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y que los objetivos de la acción pretendida puedan alcanzarse mejor a nivel comunitario. Para ello, se pueden tener en cuenta criterios como los aspectos transnacionales del asunto; los eventuales conflictos que se pueden plantear por las actuaciones individuales de los Estados o, en su caso, de las Comunidades Autónomas, en ausencia de regulación comunitaria; los perjuicios para los intereses de estos Entes o los beneficios comparativos claros debido a la escala europea o a los efectos de las medidas propuestas.

DICTAMEN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN EL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO DE LA UNIÓN EUROPEA REMITIDO

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012) 643 final] [2012/0305 (COD)]

Objeto del proyecto de acto legislativo de la UE

La propuesta de Reglamento que ahora se dictamina tiene como objeto sustituir la regulación establecida en el Reglamento (CE) n.º 842/2006 respecto a los gases fluorados de efecto invernadero con el fin garantizar una contribución más rentable a la consecución de los objetivos climáticos de la UE, disuadiendo de la utilización de gases fluorados con gran impacto sobre el clima en favor de alternativas seguras y eficientes desde el punto de vista energético, y mejorando más las medidas de contención y tratamiento al final de la vida útil de los productos y aparatos que contengan gases fluorados.

Asimismo, como destaca la propuesta en el apartado 1 de su Exposición de Motivos, pretende mejorar el crecimiento sostenible, fomentar la innovación y desarrollar las tecnologías ecológicas mediante la mejora de las oportunidades de mercado para las tecnologías alternativas y gases con escaso impacto sobre el clima, alinear a la UE con los últimos descubrimientos científicos a nivel internacional y contribuir al logro de un consenso sobre un acuerdo internacional para suprimir progresivamente los hidrofluorocarburos (HFC), el grupo más importante de gases fluorados, en virtud del Protocolo de Montreal. Por último se señala que la propuesta tiene como objetivo simplificar y aclarar el Reglamento (CE) n.º 842/2006 para reducir la carga administrativa en línea con el compromiso de la Comisión de mejora de la legislación.

Evaluación del principio de subsidiariedad realizada en el Proyecto de acto legislativo de la UE remitido

El proyecto de acto legislativo objeto de nuestro Dictamen realiza en el apartado 3 de la Exposición de Motivos la siguiente consideración respecto al cumplimiento del principio de subsidiariedad en la regulación que propone:

“Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados plenamente por los Estados miembros. La UE alcanzará mejor dichos objetivos por las razones siguientes:

La protección del sistema climático es un problema transfronterizo. Los Estados miembros no pueden resolver estos problemas por sí solos. La envergadura del problema exige una actuación a escala de la UE, así como en todo el mundo. La propuesta también tiene por objetivo crear el marco jurídico para la aplicación de un acuerdo internacional sobre la eliminación gradual de los HFC, en el que la UE sería parte. El acuerdo está actualmente siendo objeto de debate a nivel internacional.

El Reglamento contempla la prohibición de la puesta en el mercado y del uso de ciertos productos y aparatos que contienen gases fluorados; por lo tanto, es pertinente para el funcionamiento del mercado interior.

La propuesta se centra en modificar y completar la legislación de la UE y en reforzar algunas disposiciones para mejorar su aplicación y ejecución por parte de los Estados miembros.

Así pues, se atiene al principio de subsidiariedad”.

Competencias afectadas

La propuesta de Reglamento que se analiza en el presente Dictamen se dicta como consecuencia del ejercicio de la competencia en política medioambiental que ostenta la Unión Europea en virtud de los artículos 191 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se trata de una competencia compartida de la Unión Europea con los Estados miembros tal y como lo recoge el artículo 4 apartado 2 e) de ese mismo texto normativo.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene en materia de medio ambiente competencia exclusiva en lo que se refiere al establecimiento de normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del paisaje, con especial atención al desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el cambio climático tal y como establece el artículo 70.1.35.º del Estatuto de Autonomía, y competencia de desarrollo normativo y de ejecución para la protección del medio ambiente y de los ecosistemas, artículo 71.1.7.º del Estatuto de Autonomía. Por esta razón, se estima que las competencias de la Comunidad Autónoma en este ámbito material podrían verse afectadas por la presente propuesta.

Oportunidad de la regulación europea

La Comisión de la Presidencia de acuerdo con lo establecido en el Informe de la Ponencia valora positivamente cuantas actuaciones se dirijan al cumplimiento del objetivo de limitación del aumento de la temperatura mundial, fijado por el consenso científico en 2 ºC, para prevenir los efectos climáticos perjudiciales.

El cambio climático es un problema global, como han manifestado el Protocolo de Montreal, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20), que expresamente ha manifestado su apoyo a una eliminación progresiva de la producción y del consumo de HFC, y la Coalición del Clima y Aire Limpio de 2012 para Reducir los Contaminantes del Clima de Corta Vida.

Conocedora la Comisión de la Presidencia de que el Consejo Europeo ha instado una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE en un 80-95 % de aquí a 2050 respecto a los niveles de 1990, apoya la Estrategia de Crecimiento Europa 2020, que establece la prioridad del crecimiento sostenible fomentando el crecimiento ecológico.

Igualmente apoya la voluntad de la UE de alcanzar dicho objetivo al coste más bajo posible, y aunque los gases fluorados representan actualmente el 2 % de todos los gases de efecto invernadero en la UE, siendo conocedora de que tienen un potencial de calentamiento de hasta 23.000 veces mayor que el del dióxido de carbono (CO2), participa de los esfuerzos por mejorar la aplicación del actual Reglamento y comparte la necesidad del establecimiento de medidas adicionales.

La mayoría de estos gases fluorados han sido desarrollados por la industria para sustituir las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) que se están retirando en virtud del Protocolo de Montreal. Se utilizan en una serie de aparatos de refrigeración y de aire acondicionado, en espumas aislantes y en equipos eléctricos, pulverizadores, como disolventes o en sistemas de protección contra incendios. El aumento de la población mundial y su nivel de vida ha llevado a su proliferación.

Por ello, se acogen positivamente los objetivos de la presente propuesta:

• Sustitución del Reglamento (CE) n.º 842/2006 disuadiendo de la utilización de gases fluorados con gran impacto sobre el clima en favor de alternativas seguras y eficientes desde el punto de vista energético, y mejorando más las medidas de contención y tratamiento al final de la vida útil de los productos y aparatos que contengan gases fluorados.

• Mejorar el crecimiento sostenible, fomentar la innovación y desarrollar las tecnologías ecológicas mediante la mejora de las oportunidades de mercado para las tecnologías alternativas y gases con escaso impacto sobre el clima.

• Alinear a la UE con los últimos descubrimientos científicos a nivel internacional.

• Contribuir al logro de un consenso sobre un acuerdo internacional para suprimir progresivamente los hidrofluorocarburos (HFC), el grupo más importante de gases fluorados, en virtud del Protocolo de Montreal.

• Simplificar y aclarar el Reglamento (CE) n.º 842/2006 para reducir la carga administrativa, especialmente a las empresas, mejorando su capacidad competitiva en las condiciones actuales de mercado.

Nuestra Comunidad Autónoma, siguiendo las competencias propias de organización, ha desarrollado sus competencias relativas a la certificación de empresas y personas y la autorización de centros formativos en cuanto a las exigencias de la normativa estatal referidas a la actividad de distribución de gases fluorados, etiquetado de equipos, habilitación de las empresas y certificación del personal de las mismas.

Es nuestro interés que el Derecho al Medio Ambiente adecuado y a su protección, concretado en este caso en los objetivos de reducción de emisiones, sea compatible con la preparación de nuestra industria para las repercusiones que dichas restricciones tienen en las distintas fases de la cadena de producción y en las diferentes etapas del uso, es decir, en los productores de sustancias químicas, en los productores de productos y aparatos, en los mayoristas, en los usuarios industriales de productos y aparatos, en las empresas que prestan servicios de revisión de aparatos y en los consumidores finales, los ciudadanos de Castilla y León.

Siendo, en consecuencia, un problema transfronterizo respecto al cual es preciso actuar a escala de la UE, con una referencia explícita al objetivo de la lucha contra el cambio climático en el Tratado de Funcionamiento de la Unión, y habiendo fijado ésta un objetivo común de reducción de las emisiones, la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León considera oportuna la regulación europea.

Conclusión

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León considera que la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012) 643 final] [2012/0305 (COD)] se adecua al principio de subsidiariedad en los términos que establece el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de diciembre de 2012.

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN,

Fdo.: María Fernanda Blanco Linares Fdo.: Rubén Rodríguez Lucas


OIO/000022-1

CVE="BOCCL-08-011843"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
VIII Legislatura
Pag. 26651
BOCCL nº 177/8 del 18/12/2012
CVE: BOCCL-08-011843

5.- PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
590.- Otras Instituciones y Órganos
OIO/000022-1
Dictamen de la Comisión de la Presidencia en relación con el estudio de la aplicación del principio de subsidiariedad en el siguiente proyecto de acto legislativo de la Unión Europea: - Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012) 643 final] [2012/0305 (COD)].

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León del Dictamen de la Comisión de la Presidencia de 20 de noviembre de 2012 en relación con el estudio de la aplicación del principio de subsidiariedad del siguiente proyecto de acto legislativo de la Unión Europea:

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012) 643 final] [2012/0305 (COD)].

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de diciembre de 2012.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac


TEXTO


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA

La Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, a la vista del Informe de la Ponencia encargada del estudio de la aplicación del principio de subsidiariedad en el siguiente proyecto de acto legislativo de la Unión Europea:

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012) 643 final] [2012/0305 (COD)]

y, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado séptimo de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León por la que se aprueban las Normas sobre el procedimiento de control de la aplicación del principio de subsidiariedad en los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea, tiene el honor de elevar a la Excma. Sra. Presidenta el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

Primero. En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, se remitió por esta Comisión de las Cortes Generales el día 14 de noviembre de 2012 a las Cortes de Castilla y León la iniciativa legislativa de la Unión Europea anteriormente referida a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remitiese a las Cortes Generales un dictamen motivado sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en su regulación.

Segundo. De conformidad con la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de 14 de junio de 2010, la Presidenta de las Cortes de Castilla y León calificó y remitió dicha propuesta a los Grupos Parlamentarios, a la Junta de Castilla y León y al Presidente de la Comisión de la Presidencia.

Tercero. Transcurrido el plazo para la presentación de observaciones por parte de los Grupos parlamentarios y para que la Junta de Castilla y León expresase su parecer motivado al respecto, la Mesa de la Comisión de la Presidencia en su reunión de 29 de noviembre 2012 acordó continuar con el procedimiento de control de la aplicación del principio de subsidiariedad en el caso de esta propuesta legislativa y así realizar un análisis más detallado de la misma al considerar las competencias afectadas por su regulación. Asimismo, aprobó el calendario para el desarrollo de los trabajos de la Comisión fijando el día 3 de diciembre de 2012 como fecha para la reunión de la Ponencia encargada del estudio de esta iniciativa y el día 7 de diciembre de 2012 como fecha para la celebración de la sesión de la Comisión de la Presidencia en la que se emite el Dictamen correspondiente.

Cuarto. También en esa reunión de la Mesa se acordó que la Ponencia que informase la propuesta de la Unión Europea estaría integrada por cinco miembros, dos Procuradores del Grupo Parlamentario Popular, dos Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista y un Procurador del Grupo Parlamentario Mixto. El nombramiento ha recaído en los siguientes Procuradores: D. Raúl de la Hoz Quintano y D. Julio Santiago Delgado, Procuradores del Grupo Parlamentario Popular, D. Miguel Ángel Fernández Cardo y D. Francisco Ramos Antón, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, y D. José María González Suárez, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto

CONSIDERACIONES JURÍDICAS PREVIAS

El presente Dictamen tiene como objeto el análisis del proyecto de acto legislativo de la Unión Europea remitido por la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, citado al inicio, con el fin único de determinar si la regulación que en él se propone respeta el principio de subsidiariedad, principio que rige el ejercicio de las competencias atribuidas a la Unión Europea, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva.

El artículo 5.3 del Tratado de la Unión Europea establece que: “En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos nacionales velarán por el respeto de dicho principio con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado protocolo.”

En el artículo 6 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que figura anejo al TUE y al Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea después de establecer que los Parlamentos nacionales podrán dirigir a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que el proyecto no se ajusta al principio de subsidiariedad, dispone que incumbirá a cada Parlamento nacional consultar, cuando proceda, a los Parlamentos regionales que posean competencias legislativas.

Teniendo en cuenta esta previsión del artículo 6 del Protocolo, la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, modificada por la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, ha establecido en su artículo 6.1 la obligación de esta consulta a las Cámaras de las Comunidades Autónomas, para que puedan emitir dictamen sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en las iniciativas legislativas europeas.

Son, por tanto, con base en esta regulación, consultadas las Cortes de Castilla y León para que evalúen el respeto del principio de subsidiariedad en las propuestas normativas de la Unión Europea. Cabe destacar, además, que esta participación de las Cortes de Castilla y León en los procedimientos de control del principio de subsidiariedad de las propuestas legislativas europeas “cuando dichas propuestas afecten a competencias de la Comunidad” también viene contemplada en el artículo 62.2 del Estatuto de Autonomía.

En el examen parlamentario que las Cortes de Castilla y León deben efectuar al realizar este control del principio de subsidiariedad de los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea, en primer lugar, se debe determinar ante qué tipo de competencias nos encontramos. La necesidad de este análisis es manifiesto si tenemos en cuenta que se remiten a estas Cortes todos los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea sin prejuzgar qué tipo de competencia de la Unión Europea es la base jurídica de la norma que se propone y si existen competencias autonómicas afectadas (artículo 4 del Protocolo y artículo 6.1 de la Ley 8/1994).

Por tanto, se estudiará en el proyecto si se tratan las competencias de la Unión Europea, en las que el mismo se ampara, de competencias exclusivas o de competencias compartidas con los Estados miembros ya que el principio de subsidiariedad sólo opera en los ámbitos de las competencias compartidas de la Unión Europea y si la propuesta, a su vez, afecta a competencias de la Comunidad Autónoma.

Fijado lo anterior, en segundo lugar, se valorará, en su caso, la oportunidad de la intervención de la Unión Europea, esencia del principio de subsidiariedad. Esto significa analizar que los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros a ningún nivel, en nuestro caso, fundamentalmente, en el nivel de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y que los objetivos de la acción pretendida puedan alcanzarse mejor a nivel comunitario. Para ello, se pueden tener en cuenta criterios como los aspectos transnacionales del asunto; los eventuales conflictos que se pueden plantear por las actuaciones individuales de los Estados o, en su caso, de las Comunidades Autónomas, en ausencia de regulación comunitaria; los perjuicios para los intereses de estos Entes o los beneficios comparativos claros debido a la escala europea o a los efectos de las medidas propuestas.

DICTAMEN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN EL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO DE LA UNIÓN EUROPEA REMITIDO

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012) 643 final] [2012/0305 (COD)]

Objeto del proyecto de acto legislativo de la UE

La propuesta de Reglamento que ahora se dictamina tiene como objeto sustituir la regulación establecida en el Reglamento (CE) n.º 842/2006 respecto a los gases fluorados de efecto invernadero con el fin garantizar una contribución más rentable a la consecución de los objetivos climáticos de la UE, disuadiendo de la utilización de gases fluorados con gran impacto sobre el clima en favor de alternativas seguras y eficientes desde el punto de vista energético, y mejorando más las medidas de contención y tratamiento al final de la vida útil de los productos y aparatos que contengan gases fluorados.

Asimismo, como destaca la propuesta en el apartado 1 de su Exposición de Motivos, pretende mejorar el crecimiento sostenible, fomentar la innovación y desarrollar las tecnologías ecológicas mediante la mejora de las oportunidades de mercado para las tecnologías alternativas y gases con escaso impacto sobre el clima, alinear a la UE con los últimos descubrimientos científicos a nivel internacional y contribuir al logro de un consenso sobre un acuerdo internacional para suprimir progresivamente los hidrofluorocarburos (HFC), el grupo más importante de gases fluorados, en virtud del Protocolo de Montreal. Por último se señala que la propuesta tiene como objetivo simplificar y aclarar el Reglamento (CE) n.º 842/2006 para reducir la carga administrativa en línea con el compromiso de la Comisión de mejora de la legislación.

Evaluación del principio de subsidiariedad realizada en el Proyecto de acto legislativo de la UE remitido

El proyecto de acto legislativo objeto de nuestro Dictamen realiza en el apartado 3 de la Exposición de Motivos la siguiente consideración respecto al cumplimiento del principio de subsidiariedad en la regulación que propone:

“Los objetivos de la propuesta no pueden ser alcanzados plenamente por los Estados miembros. La UE alcanzará mejor dichos objetivos por las razones siguientes:

La protección del sistema climático es un problema transfronterizo. Los Estados miembros no pueden resolver estos problemas por sí solos. La envergadura del problema exige una actuación a escala de la UE, así como en todo el mundo. La propuesta también tiene por objetivo crear el marco jurídico para la aplicación de un acuerdo internacional sobre la eliminación gradual de los HFC, en el que la UE sería parte. El acuerdo está actualmente siendo objeto de debate a nivel internacional.

El Reglamento contempla la prohibición de la puesta en el mercado y del uso de ciertos productos y aparatos que contienen gases fluorados; por lo tanto, es pertinente para el funcionamiento del mercado interior.

La propuesta se centra en modificar y completar la legislación de la UE y en reforzar algunas disposiciones para mejorar su aplicación y ejecución por parte de los Estados miembros.

Así pues, se atiene al principio de subsidiariedad”.

Competencias afectadas

La propuesta de Reglamento que se analiza en el presente Dictamen se dicta como consecuencia del ejercicio de la competencia en política medioambiental que ostenta la Unión Europea en virtud de los artículos 191 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se trata de una competencia compartida de la Unión Europea con los Estados miembros tal y como lo recoge el artículo 4 apartado 2 e) de ese mismo texto normativo.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene en materia de medio ambiente competencia exclusiva en lo que se refiere al establecimiento de normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del paisaje, con especial atención al desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el cambio climático tal y como establece el artículo 70.1.35.º del Estatuto de Autonomía, y competencia de desarrollo normativo y de ejecución para la protección del medio ambiente y de los ecosistemas, artículo 71.1.7.º del Estatuto de Autonomía. Por esta razón, se estima que las competencias de la Comunidad Autónoma en este ámbito material podrían verse afectadas por la presente propuesta.

Oportunidad de la regulación europea

La Comisión de la Presidencia de acuerdo con lo establecido en el Informe de la Ponencia valora positivamente cuantas actuaciones se dirijan al cumplimiento del objetivo de limitación del aumento de la temperatura mundial, fijado por el consenso científico en 2 ºC, para prevenir los efectos climáticos perjudiciales.

El cambio climático es un problema global, como han manifestado el Protocolo de Montreal, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20), que expresamente ha manifestado su apoyo a una eliminación progresiva de la producción y del consumo de HFC, y la Coalición del Clima y Aire Limpio de 2012 para Reducir los Contaminantes del Clima de Corta Vida.

Conocedora la Comisión de la Presidencia de que el Consejo Europeo ha instado una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE en un 80-95 % de aquí a 2050 respecto a los niveles de 1990, apoya la Estrategia de Crecimiento Europa 2020, que establece la prioridad del crecimiento sostenible fomentando el crecimiento ecológico.

Igualmente apoya la voluntad de la UE de alcanzar dicho objetivo al coste más bajo posible, y aunque los gases fluorados representan actualmente el 2 % de todos los gases de efecto invernadero en la UE, siendo conocedora de que tienen un potencial de calentamiento de hasta 23.000 veces mayor que el del dióxido de carbono (CO2), participa de los esfuerzos por mejorar la aplicación del actual Reglamento y comparte la necesidad del establecimiento de medidas adicionales.

La mayoría de estos gases fluorados han sido desarrollados por la industria para sustituir las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) que se están retirando en virtud del Protocolo de Montreal. Se utilizan en una serie de aparatos de refrigeración y de aire acondicionado, en espumas aislantes y en equipos eléctricos, pulverizadores, como disolventes o en sistemas de protección contra incendios. El aumento de la población mundial y su nivel de vida ha llevado a su proliferación.

Por ello, se acogen positivamente los objetivos de la presente propuesta:

• Sustitución del Reglamento (CE) n.º 842/2006 disuadiendo de la utilización de gases fluorados con gran impacto sobre el clima en favor de alternativas seguras y eficientes desde el punto de vista energético, y mejorando más las medidas de contención y tratamiento al final de la vida útil de los productos y aparatos que contengan gases fluorados.

• Mejorar el crecimiento sostenible, fomentar la innovación y desarrollar las tecnologías ecológicas mediante la mejora de las oportunidades de mercado para las tecnologías alternativas y gases con escaso impacto sobre el clima.

• Alinear a la UE con los últimos descubrimientos científicos a nivel internacional.

• Contribuir al logro de un consenso sobre un acuerdo internacional para suprimir progresivamente los hidrofluorocarburos (HFC), el grupo más importante de gases fluorados, en virtud del Protocolo de Montreal.

• Simplificar y aclarar el Reglamento (CE) n.º 842/2006 para reducir la carga administrativa, especialmente a las empresas, mejorando su capacidad competitiva en las condiciones actuales de mercado.

Nuestra Comunidad Autónoma, siguiendo las competencias propias de organización, ha desarrollado sus competencias relativas a la certificación de empresas y personas y la autorización de centros formativos en cuanto a las exigencias de la normativa estatal referidas a la actividad de distribución de gases fluorados, etiquetado de equipos, habilitación de las empresas y certificación del personal de las mismas.

Es nuestro interés que el Derecho al Medio Ambiente adecuado y a su protección, concretado en este caso en los objetivos de reducción de emisiones, sea compatible con la preparación de nuestra industria para las repercusiones que dichas restricciones tienen en las distintas fases de la cadena de producción y en las diferentes etapas del uso, es decir, en los productores de sustancias químicas, en los productores de productos y aparatos, en los mayoristas, en los usuarios industriales de productos y aparatos, en las empresas que prestan servicios de revisión de aparatos y en los consumidores finales, los ciudadanos de Castilla y León.

Siendo, en consecuencia, un problema transfronterizo respecto al cual es preciso actuar a escala de la UE, con una referencia explícita al objetivo de la lucha contra el cambio climático en el Tratado de Funcionamiento de la Unión, y habiendo fijado ésta un objetivo común de reducción de las emisiones, la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León considera oportuna la regulación europea.

Conclusión

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León considera que la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2012) 643 final] [2012/0305 (COD)] se adecua al principio de subsidiariedad en los términos que establece el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de diciembre de 2012.

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN,

Fdo.: María Fernanda Blanco Linares Fdo.: Rubén Rodríguez Lucas


OIO/000022-1

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