PNL/000626-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de febrero de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000626, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto, relativa a la formalización de un convenio de colaboración con la Asociación SOS Bebes Robados.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de febrero de 2013.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA y el GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

En los últimos años, y con amplia difusión en los medios de comunicación, se ha puesto de manifiesto la desaparición de recién nacidos para su inscripción como hijos biológicos falsos o para su posterior adopción irregular, que habrían tenido lugar en España durante la época preconstitucional y en la etapa anterior a la modificación del Código Civil de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre.

Transcurridas varias décadas, a día de hoy no se conoce el número concreto de personas que han sido adoptadas en España de forma irregular, o que fueron objeto de trata con ese destino. Sin embargo, la apertura de diligencias judiciales y la imputación de varias personas por su presunta relación o implicación en el tráfico de niñas y niños recién nacidos indica la posible existencia de tramas organizadas con tal propósito o, al menos, de prácticas ilegales habidas en un marco de vacío legal y de falta de garantías jurídicas, tanto para la protección de menores como de las madres y los padres, tanto biológicos como adoptantes.

La importante labor de información, concienciación social y defensa de las víctimas realizada por la Asociación SOS Bebés Robados, que se ha dirigido a los tres grupos parlamentarios que componen nuestra cámara legislativa, merece un respaldo explícito de las Cortes de Castilla y León.

Mediante esta Proposición No de Ley, presentada conjuntamente por el Grupo Socialista y el Grupo Mixto, se pretende, en primer lugar, apoyar de forma expresa a las víctimas. También, y en representación de la ciudadanía de Castilla y León, se quiere colaborar con la Justicia para contribuir a esclarecer la existencia o no de una trama organizada de adopciones irregulares y para averiguar cuál ha sido el destino de las niñas y niños desparecidos, o con expedientes de adopción tramitados irregularmente.

Los nacimientos de aquellos niños y niñas, a quienes en ocasiones se dio por muertos, y sus desapariciones, tuvieron lugar presuntamente en distintos centros sanitarios, penitenciarios, de acogida o beneficencia, etc., tanto públicos como privados o, incluso, en domicilios particulares de las distintas provincias españolas.

Las diligencias judiciales abiertas en fechas recientes sobre algunos casos indican que éstos pudieron suceder amparándose no sólo en la falta de garantías jurídicas y constitucionales sino, también, en una clandestinidad favorecida por una sociedad cargada de prejuicios, en particular hacia la mujer, y en su condición de madre, tanto biológica como adoptante.

La dificultad para acceder a datos y documentos de aquella época obliga a las Administraciones y poderes públicos a procurar las máximas garantías para que todas y cada una de las personas afectadas, ya sean adoptadas, madres o padres biológicos y adoptivos, puedan conocer sus verdaderos orígenes o los de su descendencia, y recuperar así una parte esencial de sus vidas a la que tienen derecho.

Encontrar pruebas documentales que supongan indicios suficientes para que el poder judicial pueda avanzar en su tarea es una misión y un deber ético y legal que pueden cumplir y favorecer las Administraciones públicas y las instituciones privadas.

Hoy existe, pues, una conciencia social que insta a la solución y reparación de este drama. La legislación internacional así lo ha determinado, especialmente en aquellos tratados, como el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, o los Convenios de La Haya de 1993 y 1996, que España ha ratificado, y que comprometen a los Estados miembros a disponer de garantías para que las personas adoptadas puedan conocer sus verdaderos orígenes.

El año pasado, el Ministerio de Justicia designó un interlocutor con la Asociación SOS Bebés Robados, y puso en marcha un Protocolo de atención a las víctimas de esta causa que comprendía apoyo psicológico e información legal. El objetivo del Protocolo de actuación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses era favorecer la identificación genética en los casos de adopciones irregulares y sustracciones de recién nacidos en el conjunto de España.

Posteriormente, el Gobierno de España ha designado una coordinadora nacional para la causa de los niños y niñas desaparecidos, con la participación de los Ministerios de Justicia, del Interior y de Sanidad, así como una Instrucción de la actual Fiscalía General del Estado, para que todos los casos sean objeto de investigación judicial, salvo los que carezcan manifiestamente de fundamentos.

La Junta de Castilla y León tiene competencias en materia de organización y gestión de archivos documentales públicos y, también, en la normalización de los de algunas instituciones privadas. Entre ellos se encuentran los archivos de historias y/o documentación clínica. Asimismo, es titular de los bancos de tejidos y tumores en sus hospitales públicos, y tienen potestad normativa como autoridad sanitaria en lo referido a los de titularidad privada. Por ello, el apoyo que puede prestarse a la Asociación SOS Bebés Robados, al entender de las Cortes de Castilla y León, va más allá de la declaración de solidaridad que antecede, y persigue la colaboración concreta y eficaz de las instituciones.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Que a través del teléfono 012 se facilite a las personas interesadas el teléfono de la Asociación SOS Bebés Robados para que puedan prestarles la atención específica que demanden.

2. Que favorezca la cooperación con los órganos judiciales y los ciudadanos, poniendo a disposición toda aquella documentación, administrativa o clínica (registro de nacimientos en sus centros sanitarios, registros clínicos, historias clínicas y documentación) que requieran, que se encuentre en los archivos de los centros sanitarios públicos y/o concertados de Castilla y León y que dicte las normas necesarias para favorecer la disposición de estos mismos documentos de los archivos de los centros sanitarios privados.

3. Que se dirija a los obispados de Castilla y León con la finalidad de que faciliten a las mujeres víctimas de adopciones irregulares y sustracciones de recién nacidos la documentación que obre en capellanías, parroquias y registros bautismales, y de adopciones, en lo que se refiere a sus casos.

4. Que se establezca un convenio de colaboración entre la administración de la Comunidad Autónoma y la Asociación SOS Bebés Robados de Castilla y León, que incluya los siguientes recursos que les permita desarrollar los fines de esta asociación: apoyo jurídico, apoyo psicológico y apoyo económico.

Valladolid, 23 de enero de 2013.

LOS PORTAVOCES,

Fdo.: Óscar López Águeda

José María González Suárez