4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000640-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de febrero de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000640, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando la adopción de una serie de acuerdos en materia de población.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de febrero de 2013.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.
ANTECEDENTES
El Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2012 (BOE de 29 de diciembre de 2012), confirma una pérdida de población en Castilla y León respecto a las cifras oficiales de población a 1 de enero de 2011 de 12.092 habitantes.
Estas cifras de regresión demográfica interanual, de menos 0,47 %, que recuerdan a los peores años de nuestra historia demográfica, no se han conocido en Castilla y León desde que se publican anualmente cifras oficiales de población (1996).
Estos datos se deben, sobre todo, a la debilidad de la estructura demográfica de la Comunidad, que arroja saldos vegetativos negativos desde el periodo 1991-1995. A éste se une la baja valoración de las expectativas de empleo en la Comunidad, que da lugar a un saldo negativo de inmigración interior de jóvenes que buscan trabajo en Comunidades Autónomas que, precisamente por esos movimientos demográficos, tienen mayores tasas de paro que Castilla y León.
En este contexto demográfico, denunciado con reiteración por expertos, órganos consultivos de la Comunidad, agentes sociales y por el PSCYL-PSOE, Castilla y León no ha contado en los últimos años con ninguna política efectiva de población, más allá de puras justificaciones para encubrir la ausencia de una política demográfica honesta y comprometida con objetivos de Comunidad ampliamente compartidos.
La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, ha renunciado a asumir cualquier responsabilidad de que el autogobierno no haya servido en Castilla y León para corregir los desequilibrios demográficos, que constituyen la suma del fracaso del resto de las políticas económicas y sociales.
Sin asumir esa responsabilidad no ha podido nunca instrumentar una política de población consecuente con nuestra realidad.
La Estrategia de Población acordada en las Cortes en 2005 tuvo probablemente como único resultado efectivo poner en la agenda política y de las organizaciones de la Comunidad el problema de la población, con sus rasgos de dispersión, envejecimiento, abandono rural y desequilibrios territoriales crecientes, que más tarde tuvieron reflejo en la reforma estatutaria de 2007.
La Agenda para la Población, aprobada por la Junta de Castilla y León en 2010, pretende abordar un problema cuya existencia niega, por cuanto lo sitúa desde el primer párrafo en el ámbito del imaginario colectivo, incorporando una carga valorativa negativa a toda visión científica o política que pudiera suponer la imputación de alguna responsabilidad política respecto a este problema a quien es titular del Gobierno de la Comunidad y tiene la responsabilidad de la mayor parte del gasto público que se invierte en nuestro territorio (si excluimos las prestaciones de la Seguridad Social).
En este sentido la Agenda para la Población sólo parece haber operado como un instrumento de comunicación política sin ninguna eficacia, respecto a un problema que no puede eludirse por el Gobierno autonómico, ya que se considera por la ciudadanía como el primer problema específico de la Comunidad.
Los datos demográficos oficiales y las propias proyecciones de población realizadas por el INE, que son expresión sintética de las tendencias y comportamientos demográficos observados en el momento de su realización, han empeorado desde la publicación de la Agenda, respondiendo a tendencias completamente ajenas a cualquier política demográfica deliberadamente planificada.
Por otro lado, las políticas de consolidación fiscal en Castilla y León, basadas exclusivamente en los recortes de gasto en las políticas de competencia de la Comunidad -y, por tanto, en las políticas sociales-, se han implementado de modo que afectan a los sectores y territorios de mayor fragilidad demográfica, contribuyendo dramáticamente al incremento de las desigualdades y desequilibrios entre varones y mujeres, entre el medio rural y el urbano, entre unas provincias y otras, entre unos y otros territorios de la Comunidad.
Al mismo tiempo se ha aplazado expresamente la aplicación de los instrumentos de equilibrio territorial -demográfico y económico- previstos en el Estatuto de Autonomía para corregir desigualdades, que ahora se están incrementando, con riesgo para la cohesión social y territorial y para la vertebración y el futuro de Castilla y León.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.º Retirar la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020 por inoperante y puramente retórica.
2.º Asumir sus responsabilidades respecto a los indicadores demográficos de Castilla y León y al fracaso de las políticas de la Junta de Castilla y León para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos de Castilla y León a vivir en su propia tierra (Art. 16.8 del Estatuto de Autonomía), que desde los años 60 no se había puesto en cuestión como se ha hecho a lo largo de 2011.
3.º Pactar en las Cortes de Castilla y León, con suficiente consenso científico y social, una política de población para salir de la crisis, basada en estrategias de estímulo económico, de la I+D+i, del empleo para los jóvenes y en el respeto y la promoción del desarrollo del medio rural. Una política que se concreta en un gran pacto por el empleo en Castilla y León y en la garantía de los derechos sociales competencia de la Comunidad y de la igualdad de oportunidades.
Valladolid, 28 de enero de 2013.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
PNL/000640-01
CVE="BOCCL-08-012381"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
VIII Legislatura
Pags. 27943-27945
BOCCL nº 189/8 del 8/2/2013
CVE: BOCCL-08-012381
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000640-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando la adopción de una serie de acuerdos en materia de población, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de febrero de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000640, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando la adopción de una serie de acuerdos en materia de población.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de febrero de 2013.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.
ANTECEDENTES
El Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2012 (BOE de 29 de diciembre de 2012), confirma una pérdida de población en Castilla y León respecto a las cifras oficiales de población a 1 de enero de 2011 de 12.092 habitantes.
Estas cifras de regresión demográfica interanual, de menos 0,47 %, que recuerdan a los peores años de nuestra historia demográfica, no se han conocido en Castilla y León desde que se publican anualmente cifras oficiales de población (1996).
Estos datos se deben, sobre todo, a la debilidad de la estructura demográfica de la Comunidad, que arroja saldos vegetativos negativos desde el periodo 1991-1995. A éste se une la baja valoración de las expectativas de empleo en la Comunidad, que da lugar a un saldo negativo de inmigración interior de jóvenes que buscan trabajo en Comunidades Autónomas que, precisamente por esos movimientos demográficos, tienen mayores tasas de paro que Castilla y León.
En este contexto demográfico, denunciado con reiteración por expertos, órganos consultivos de la Comunidad, agentes sociales y por el PSCYL-PSOE, Castilla y León no ha contado en los últimos años con ninguna política efectiva de población, más allá de puras justificaciones para encubrir la ausencia de una política demográfica honesta y comprometida con objetivos de Comunidad ampliamente compartidos.
La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, ha renunciado a asumir cualquier responsabilidad de que el autogobierno no haya servido en Castilla y León para corregir los desequilibrios demográficos, que constituyen la suma del fracaso del resto de las políticas económicas y sociales.
Sin asumir esa responsabilidad no ha podido nunca instrumentar una política de población consecuente con nuestra realidad.
La Estrategia de Población acordada en las Cortes en 2005 tuvo probablemente como único resultado efectivo poner en la agenda política y de las organizaciones de la Comunidad el problema de la población, con sus rasgos de dispersión, envejecimiento, abandono rural y desequilibrios territoriales crecientes, que más tarde tuvieron reflejo en la reforma estatutaria de 2007.
La Agenda para la Población, aprobada por la Junta de Castilla y León en 2010, pretende abordar un problema cuya existencia niega, por cuanto lo sitúa desde el primer párrafo en el ámbito del imaginario colectivo, incorporando una carga valorativa negativa a toda visión científica o política que pudiera suponer la imputación de alguna responsabilidad política respecto a este problema a quien es titular del Gobierno de la Comunidad y tiene la responsabilidad de la mayor parte del gasto público que se invierte en nuestro territorio (si excluimos las prestaciones de la Seguridad Social).
En este sentido la Agenda para la Población sólo parece haber operado como un instrumento de comunicación política sin ninguna eficacia, respecto a un problema que no puede eludirse por el Gobierno autonómico, ya que se considera por la ciudadanía como el primer problema específico de la Comunidad.
Los datos demográficos oficiales y las propias proyecciones de población realizadas por el INE, que son expresión sintética de las tendencias y comportamientos demográficos observados en el momento de su realización, han empeorado desde la publicación de la Agenda, respondiendo a tendencias completamente ajenas a cualquier política demográfica deliberadamente planificada.
Por otro lado, las políticas de consolidación fiscal en Castilla y León, basadas exclusivamente en los recortes de gasto en las políticas de competencia de la Comunidad -y, por tanto, en las políticas sociales-, se han implementado de modo que afectan a los sectores y territorios de mayor fragilidad demográfica, contribuyendo dramáticamente al incremento de las desigualdades y desequilibrios entre varones y mujeres, entre el medio rural y el urbano, entre unas provincias y otras, entre unos y otros territorios de la Comunidad.
Al mismo tiempo se ha aplazado expresamente la aplicación de los instrumentos de equilibrio territorial -demográfico y económico- previstos en el Estatuto de Autonomía para corregir desigualdades, que ahora se están incrementando, con riesgo para la cohesión social y territorial y para la vertebración y el futuro de Castilla y León.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.º Retirar la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020 por inoperante y puramente retórica.
2.º Asumir sus responsabilidades respecto a los indicadores demográficos de Castilla y León y al fracaso de las políticas de la Junta de Castilla y León para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos de Castilla y León a vivir en su propia tierra (Art. 16.8 del Estatuto de Autonomía), que desde los años 60 no se había puesto en cuestión como se ha hecho a lo largo de 2011.
3.º Pactar en las Cortes de Castilla y León, con suficiente consenso científico y social, una política de población para salir de la crisis, basada en estrategias de estímulo económico, de la I+D+i, del empleo para los jóvenes y en el respeto y la promoción del desarrollo del medio rural. Una política que se concreta en un gran pacto por el empleo en Castilla y León y en la garantía de los derechos sociales competencia de la Comunidad y de la igualdad de oportunidades.
Valladolid, 28 de enero de 2013.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
PNL/000640-01
CVE="BOCCL-08-012381"
