PNL/000702-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de febrero de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000702, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitud de retirar el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de febrero de 2013.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

El Vicepresidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Fernando Rodríguez Porres

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

El Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que informó el Consejo de Ministros el pasado viernes, 15 de febrero, pone en cuestión la autonomía municipal garantizada por la Constitución Española, la Carta Europea de Autonomía Local y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Este Anteproyecto pone en jaque los fundamentos del municipalismo, que siempre se ha centrado en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, la convivencia cívica y la promoción de la participación ciudadana, un modelo que ha garantizado la cohesión social en nuestro país durante los últimos 30 años.

Ni la participación ciudadana, ni la calidad del espacio público local, ni la ciudadanía con sus necesidades y aspiraciones se citan siquiera en este Anteproyecto, que limita las competencias locales, especialmente de los municipios, hasta ahogar la estructura de servicios para las personas que han creado los Ayuntamientos democráticos para dar respuesta a las necesidades sociales de la infancia, los jóvenes, las familias, las personas mayores y el conjunto de la ciudadanía.

Existe un acuerdo muy extendido en el mundo local sobre la necesidad de actualizar las leyes que regulan las competencias y la financiación de las Entidades Locales. Todos compartimos la necesidad de incorporar criterios de eficiencia al conjunto de las Administraciones Públicas -y no solo a las entidades locales-, pero en ningún caso ello puede suponer la supresión o el encarecimiento de servicios esenciales, como los servicios sociales, educativos, sanitarios, de información y orientación a los consumidores y usuarios, de promoción de la igualdad de oportunidades, de apoyo a los jóvenes, de asistencia a las personas mayores, de inserción social de personas con necesidades específicas y de promoción del desarrollo local y el empleo.

En lugar de asegurar los servicios mínimos que deben prestar los Ayuntamientos con el valor añadido de una gestión pública de proximidad, se hace que peligren seriamente.

Con esta reforma miles de alcaldes y alcaldesas de Castilla y León y sus equipos de gobierno, que han sido elegidos por sus vecinos en las urnas con un proyecto político para gobernar en sus pueblos y ciudades, ya no serán los responsables de tomar las decisiones y gestionar los servicios que deberían prestar desde sus Ayuntamientos.

Estos fueron instituciones clave durante la transición. Su gobierno de proximidad ha sido el eje de la vinculación ciudadana con el proyecto democrático. Los Ayuntamientos han transformado y modernizado España, han promovido la convivencia sin exclusiones y han garantizado la cohesión territorial más que cualquier otra administración, manteniendo prácticamente estable su participación en el conjunto del gasto público.

La propuesta del Gobierno de intervenir y vaciar de competencias a una gran mayoría de las Entidades Locales, limita el espacio político de la administración más cercana a la ciudadanía, su capacidad para garantizar la igualdad de oportunidades y, en consecuencia, hace más frágil nuestra democracia.

Este proyecto ignora cualquier criterio de evaluación de los servicios públicos locales que tenga que ver con su eficacia para dar respuesta a necesidades sociales de los ciudadanos y mejorar las oportunidades de la comunidad local para crear riqueza y empleo. Se limita a una evaluación de la eficiencia con la referencia exclusiva del coste estándar de los servicios y estabilidad presupuestaria. Refleja un profundo desconocimiento del papel real que desempeña la estructura municipal en la vertebración del Estado.

La amenaza de intervención y, en su caso, supresión de los pequeños municipios y las Entidades Locales Menores que constituyen una característica diferencial de Castilla y León, que estructuran y dan valor a nuestro vasto territorio, constituye un serio riesgo para la sostenibilidad del medio rural y para la despoblación, el envejecimiento y el abandono de nuestros pueblos.

El mundo local necesita competencias bien definidas y financiación suficiente; sin embargo, este Anteproyecto puede suponer el cierre de muchos servicios considerados impropios de cualquier administración, la deslocalización de otros servicios sociales de proximidad, el incremento de las tasas y precios públicos por la prestación de servicios y su privatización, restando a los Ayuntamientos recursos que deberán traspasar a la Comunidad Autónoma para financiar servicios de su competencia por los que ya reciben aportación económica del sistema de financiación de las CC AA.

Por otro lado el desmantelamiento del sector público local puede poner en peligro muchos puestos de trabajo en Castilla y León.

Por todo lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.º Solicitar la retirada por parte del Gobierno de España del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y consensuar un nuevo texto con los Grupos Parlamentarios y la Federación Española de Municipios y Provincias, así como con las Comunidades Autónomas que ejercen en esta materia competencias de desarrollo normativo y ejecución y garantizan en sus Estatutos la autonomía de una Administración Local con profundas diferencias territoriales.

2.º Reafirmar la autonomía local garantizada por Constitución Española, la Carta Europea de Autonomía Local y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y la necesidad de seguir apostando por acercar a la ciudadanía la gestión de aquellos servicios que ganan en eficacia con la proximidad sin merma de su eficiencia.

3.º Reconocer el papel de los Ayuntamientos, especialmente los más pequeños, y las Entidades Locales Menores, así como la labor de los electos locales a favor de la igualdad de oportunidades, la democracia, la cohesión social, y el mantenimiento del territorio para toda la sociedad.

Valladolid, 25 de febrero de 2013.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Óscar López Águeda