4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000800-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de abril de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000800, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a ejercer las competencias que estatutariamente se reconocen a la Comunidad en materia de vivienda, derecho de consumidores y usuarios y protección social de las familias, para proteger a los individuos y familias de Castilla y León de la pérdida de sus viviendas como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2013.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.
ANTECEDENTES
El procedimiento de urgencia por el que se está tramitando la nueva Ley que regulará las ejecuciones hipotecarias no está siendo tan ágil como debería para dar respuesta a los problemas de muchas familias que en Castilla y León están siendo expulsadas de sus domicilios habituales o tienen pendiente la amenaza de un proceso de lanzamiento.
Mientras el Gobierno de España sigue buscando excusas para no incorporar en la reforma normativa de la ley hipotecaria la dación en pago y procedimientos de renegociación de la deuda realmente eficaces para solucionar este dramático problema, en algunas comunidades autónomas se están adoptando medidas encaminadas a ofrecer respuestas inmediatas y eficaces a las personas y familias en situación de sobreendeudamiento que no pueden hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias.
El Gobierno gallego ha promovido un convenio de colaboración con el CGPJ y la FRMP para promover una alerta temprana que permita aportar soluciones de vivienda a quienes pueden verse en la calle como consecuencia de un lanzamiento judicial.
Por otra parte, el Gobierno andaluz ha ido más lejos y el día 11 de abril ha publicado un Decreto-ley que aspira a convertirse en un "plan de choque" para frenar la "sangría social" de los desahucios, por el que se establece la expropiación del uso temporal de las viviendas cerradas que obren en poder de entidades financieras y promotoras y en el que se incluyen sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías que tienen en stock.
El gobierno del Partido Popular ha manifestado que no está dispuesto a permitir que cada comunidad autónoma decida cómo resolver el drama de los desahucios, pero a falta de una legislación nacional que resuelva el problema de forma eficaz, cada comunidad autónoma, en desarrollo de sus competencias en materia de vivienda y protección de consumidores y usuarios, está legitimada para estudiar y aplicar fórmulas que, dentro de su capacidad de autogobierno, satisfagan las necesidades de los ciudadanos.
Por estos motivos, en aras a garantizar que el nivel de protección de los ciudadanos de Castilla y León no sea inferior al de los ciudadanos de otras Comunidades autónomas, como sería el caso de Galicia y Andalucía, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
Ejercer hasta el máximo nivel posible las competencias que estatutariamente se reconocen a la comunidad en materia de vivienda, derecho de consumidores y usuarios y protección social de las familias, para proteger a los individuos y familias de Castilla y León frente a la pérdida de su vivienda, consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria.
A estudiar y elaborar, con carácter de urgencia, un Decreto-ley que habilite a la Junta de Castilla y León a proceder a la expropiación temporal del uso de las viviendas vacías que obren en poder de entidades financieras, promotoras o entidades de gestión de activos, radicadas en Castilla y León, a cambio de un justiprecio suficiente previsto en la propia norma.
A crear un registro de viviendas deshabitadas en el territorio de la Comunidad, en el que se incluyan aquellas viviendas vacías que obren en poder de entidades financieras, promotoras inmobiliarias o entidades de gestión de inmuebles, con el fin de facilitar viviendas a familias desalojadas y en riesgo de exclusión social.
A negociar un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Regional de Municipios y Provincias a través del cual se cree un instrumento de alerta temprana que permita al Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio de la Junta de Castilla y León, coordinar la actuación de las diferentes administraciones de forma más eficaz para la resolución de los problemas de vivienda de las personas y familias de Castilla y León que se vean afectadas por un proceso de ejecución hipotecaria.
A estudiar la posibilidad de incorporar al texto del Decreto-ley el establecimiento de multas a las entidades financieras que tengan viviendas vacías y no las saquen a alquiler, así como a las entidades financieras y promotoras que, siendo propietarias de viviendas vacías, no estén al corriente del pago de las cotas mensuales y derramas establecidas por la comunidad de vecinos a la que pertenezca el inmueble.
A incorporar con carácter de urgencia todas aquellas medidas tendentes a evitar que se produzcan nuevos desalojos de primera vivienda en la Comunidad, como consecuencia de impagos de cuotas hipotecarias derivadas de la situación económica provocada por la actual crisis económica.
Valladolid, 16 de abril de 2013.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
PNL/000800-01
CVE="BOCCL-08-013921"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
VIII Legislatura
Pags. 30641-30643
BOCCL nº 229/8 del 2/5/2013
CVE: BOCCL-08-013921
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000800-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a ejercer las competencias que estatutariamente se reconocen a la Comunidad en materia de vivienda, derecho de consumidores y usuarios y protección social de las familias, para proteger a los individuos y familias de Castilla y León de la pérdida de sus viviendas como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de abril de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000800, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a ejercer las competencias que estatutariamente se reconocen a la Comunidad en materia de vivienda, derecho de consumidores y usuarios y protección social de las familias, para proteger a los individuos y familias de Castilla y León de la pérdida de sus viviendas como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de abril de 2013.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.
ANTECEDENTES
El procedimiento de urgencia por el que se está tramitando la nueva Ley que regulará las ejecuciones hipotecarias no está siendo tan ágil como debería para dar respuesta a los problemas de muchas familias que en Castilla y León están siendo expulsadas de sus domicilios habituales o tienen pendiente la amenaza de un proceso de lanzamiento.
Mientras el Gobierno de España sigue buscando excusas para no incorporar en la reforma normativa de la ley hipotecaria la dación en pago y procedimientos de renegociación de la deuda realmente eficaces para solucionar este dramático problema, en algunas comunidades autónomas se están adoptando medidas encaminadas a ofrecer respuestas inmediatas y eficaces a las personas y familias en situación de sobreendeudamiento que no pueden hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias.
El Gobierno gallego ha promovido un convenio de colaboración con el CGPJ y la FRMP para promover una alerta temprana que permita aportar soluciones de vivienda a quienes pueden verse en la calle como consecuencia de un lanzamiento judicial.
Por otra parte, el Gobierno andaluz ha ido más lejos y el día 11 de abril ha publicado un Decreto-ley que aspira a convertirse en un "plan de choque" para frenar la "sangría social" de los desahucios, por el que se establece la expropiación del uso temporal de las viviendas cerradas que obren en poder de entidades financieras y promotoras y en el que se incluyen sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías que tienen en stock.
El gobierno del Partido Popular ha manifestado que no está dispuesto a permitir que cada comunidad autónoma decida cómo resolver el drama de los desahucios, pero a falta de una legislación nacional que resuelva el problema de forma eficaz, cada comunidad autónoma, en desarrollo de sus competencias en materia de vivienda y protección de consumidores y usuarios, está legitimada para estudiar y aplicar fórmulas que, dentro de su capacidad de autogobierno, satisfagan las necesidades de los ciudadanos.
Por estos motivos, en aras a garantizar que el nivel de protección de los ciudadanos de Castilla y León no sea inferior al de los ciudadanos de otras Comunidades autónomas, como sería el caso de Galicia y Andalucía, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
Ejercer hasta el máximo nivel posible las competencias que estatutariamente se reconocen a la comunidad en materia de vivienda, derecho de consumidores y usuarios y protección social de las familias, para proteger a los individuos y familias de Castilla y León frente a la pérdida de su vivienda, consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria.
A estudiar y elaborar, con carácter de urgencia, un Decreto-ley que habilite a la Junta de Castilla y León a proceder a la expropiación temporal del uso de las viviendas vacías que obren en poder de entidades financieras, promotoras o entidades de gestión de activos, radicadas en Castilla y León, a cambio de un justiprecio suficiente previsto en la propia norma.
A crear un registro de viviendas deshabitadas en el territorio de la Comunidad, en el que se incluyan aquellas viviendas vacías que obren en poder de entidades financieras, promotoras inmobiliarias o entidades de gestión de inmuebles, con el fin de facilitar viviendas a familias desalojadas y en riesgo de exclusión social.
A negociar un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Regional de Municipios y Provincias a través del cual se cree un instrumento de alerta temprana que permita al Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio de la Junta de Castilla y León, coordinar la actuación de las diferentes administraciones de forma más eficaz para la resolución de los problemas de vivienda de las personas y familias de Castilla y León que se vean afectadas por un proceso de ejecución hipotecaria.
A estudiar la posibilidad de incorporar al texto del Decreto-ley el establecimiento de multas a las entidades financieras que tengan viviendas vacías y no las saquen a alquiler, así como a las entidades financieras y promotoras que, siendo propietarias de viviendas vacías, no estén al corriente del pago de las cotas mensuales y derramas establecidas por la comunidad de vecinos a la que pertenezca el inmueble.
A incorporar con carácter de urgencia todas aquellas medidas tendentes a evitar que se produzcan nuevos desalojos de primera vivienda en la Comunidad, como consecuencia de impagos de cuotas hipotecarias derivadas de la situación económica provocada por la actual crisis económica.
Valladolid, 16 de abril de 2013.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
PNL/000800-01
CVE="BOCCL-08-013921"
