PNL/000824-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000824, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León, en base a las competencias de la Comunidad Autónoma, a crear una oficina de información que analice los casos en relación con los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada, con el objeto de asesorar a los mismos para conseguir la mejor solución posible a su situación.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de mayo de 2013.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

Ante la situación en la que se encuentran un gran número de ciudadanos de Castilla y León que en su momento adquirieron participaciones preferentes, deuda subordinada o algún otro tipo de producto financiero complejo, de las entidades financieras que actúan en Castilla y León y que en estos momentos han visto como el valor de los mismos se ha reducido drásticamente, es necesario que la Administración Regional tome cartas en el asunto y garantice que en todo caso se consiga la mejor solución para cada uno de estos consumidores, con especial atención a los pequeños ahorradores que ven cómo corren peligro sus ahorros.

En este sentido, se debe actuar en varios frentes, partiendo desde el principio que consiste en asesorar a todos los ciudadanos que lo soliciten con el objeto de ofrecer a los mismos la mejor información para la solución de su caso concreto.

Por un lado, es necesario garantizar que aquellos ahorradores que adquirieron estos productos sin ser en absoluto conscientes de la complejidad de los mismos y por lo tanto de los peligros que podían suponer, recuperen la integridad de las cantidades que en su día depositaron en las entidades financieras.

Por otro lado, es necesario garantizar para los ahorradores que no puedan recuperar la totalidad de las cantidades invertidas, que la cantidad a la que tengan que renunciar o "quita" sea la menor posible y en todo caso se ajuste a la realidad de la situación financiera de la Entidad y al Plan de Reestructuración aprobado en su caso.

Por último, es imprescindible que se realice un análisis a fondo de cómo se realizó la comercialización de estos productos por parte de las distintas entidades financieras que trabajan en Castilla y León y en su caso se adopten todas las medidas necesarias para exigir las responsabilidades políticas y jurídicas que correspondan con el objeto de que no se vuelva a repetir una situación como la actual.

En base a todo lo anterior, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León en base a las competencias de la Comunidad Autónoma en lo que se refiere a defensa de los consumidores y usuarios y ordenación del crédito, banca y seguros a:

1.º- Crear una oficina de información que analice uno a uno los casos que se le planteen por parte de titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada, con el objeto de asesorar a los mismos para conseguir la mejor solución posible a su situación.

2.º- Establecer un sistema de arbitraje en relación con todas las entidades en las que no tenga participación el FROB que posibilite la devolución a los titulares afectados que se demuestre que no tenían la información suficiente o que no reunían los requisitos mínimos para afrontar inversiones de alto riesgo como son las participaciones preferentes o la deuda subordinada.

3.º- Requerir toda la información necesaria para conocer de forma individualizada la actuación realizada por la Comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada creada por el Real Decreto Ley 6/2013 en relación a las Entidades Financieras donde tiene participación el FROB.

4.º- Supervisar las condiciones en que se realiza el canje de estas participaciones preferentes y deuda subordinada, y en especial la "quita" que se propone para cada una de las emisiones, así como la forma en que se garantiza la liquidez final de las mismas.

5.º- Apertura de un procedimiento informativo a cada Entidad Financiera para analizar las condiciones en que se realizaron las distintas emisiones y de manera especial, los procedimientos adoptados para la comercialización de las mismas a través de la red comercial, con el objeto de delimitar las posibles responsabilidades de todo tipo que pudieran derivarse de dicha comercialización.

Valladolid, 24 de abril de 2013.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Óscar López Águeda