4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000825-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000825, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a apoyar el derecho a una maternidad libremente decidida.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de mayo de 2013.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.
ANTECEDENTES
El Ministro de Justicia ha anunciado que el Gobierno de España presentará pronto una nueva regulación sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según las propias declaraciones efectuadas por Alberto Ruiz Gallardón, esta nueva regulación tendrá sus puntos clave en:
• La vuelta a una Ley de indicaciones mucho más restrictiva que la ley de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán los médicos quienes decidan por ellas.
• Eliminación de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal.
• Fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud de la madre, mostrando un claro desprecio y desconfianza hacia las mujeres, a las cuales no las deja decidir y en cambio serán profesionales externos los que decidan por ella.
El Gobierno está preparando una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo occidental y así España será el primer país que cuando legisla sobre el aborto retrocede. Esto supone una vuelta al pasado, incluso más allá de la primera ley del año 1985, y que las mujeres españolas tengan dos opciones, abortar fuera de España si tienen recursos para ello, abortar en España en condiciones de clandestinidad, con el consiguiente riesgo para su salud y su vida.
Nos gustaría recordar que, tal y como es conocido, el Tribunal Constitucional, en 1985, dejó claro que, en relación al aborto, no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos derechos fundamentales implicados aquí son los derechos de las mujeres siendo el no nacido un bien jurídico que queda debidamente protegido por la legislación actual.
Así mismo es importante tener presente que la actual Ley, del 2010, fue avalada plenamente por el Consejo de Estado, que, en aquel momento, argumentaba que era necesario reformar la regulación para adecuarla a la realidad y además destacaba la plena constitucionalidad de su articulado.
Pese a todo ello, el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la actual ley -tal y como ya hizo en relación a los matrimonios homosexuales-, que todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. Aun así, Gallardón prefiere no esperar al dictamen del Tribunal Constitucional y, con ello, se pliega, una vez más, a las demandas de los sectores más ultraconservadores de nuestra sociedad.
Porque de lo que está hablando Gallardón, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, es, en realidad, eliminar el derecho a decidir de las mujeres, y que esa eliminación se haga a costa de poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres.
Las leyes restrictivas de aborto no reducen el número de abortos, solamente incrementan el número de mujeres muertas o que pierden su salud porque abortan en la clandestinidad y en condiciones insalubres. Si esta anunciadísima reforma sale adelante es seguro que se estarán quitando dos derechos a las mujeres: el de la libre decisión y el de la salud.
La propuesta del Gobierno sobre el aborto nos llevaría a la cola de Europa, a la clandestinidad, a una regulación que estará a la altura de Malta, Andorra o Polonia, los países más restrictivos y conservadores en sus normativas. Nos coloca en la clandestinidad o en el extranjero. Es más, en los últimos 28 años 36 países han liberalizado sus leyes de aborto pero ninguno ha retrocedido.
La inmensa mayoría de los países europeos permiten la interrupción voluntaria del embarazo sin justificación hasta la semana 14, oscilando entre la semana 10 de Portugal y las 24 semanas de Holanda.
En el año 2008 ya el Consejo de Europa aprobó una recomendación a sus 47 países donde consagra el derecho al aborto legal y sin riesgos garantizado por el Estado que convierta esta práctica en accesible y segura. Y además invita a despenalizar el aborto, allá donde sea delito. Y lo más importante para nuestra situación actual: se muestra a favor de una ley de plazos y reclama clases de educación sexual obligatorias para los jóvenes.
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad libremente decidida. Lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión -consciente y responsable- sea respetada; además, esta ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual. Porque solo con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos podremos prevenir de manera más efectiva, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados y, por tanto, el número de IVEs; así mismo, la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e IVE garantiza la igualdad en el acceso, en todas las Comunidades Autónomas, a las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos y de interrupción voluntaria del embarazo.
Los y las Socialistas entendemos que no se puede legislar a espaldas de la realidad, y la mayor realidad es que las mujeres en todas partes del mundo tienen abortos, estén legalizados o no.
La mejor forma de reducir el número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de prevenir los embarazos no deseados.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Apoyar expresamente el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada.
2.- Trasladar al Gobierno de España el rechazo a cualquier injerencia en el derecho a una maternidad libremente decidida, al dictado de ninguna moral religiosa, por cuanto sería contrario a la aconfesionalidad del Estado recogida en la Constitución Española.
3.- Trasladar al Gobierno de España su posición contraria a la reforma anunciada de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, anunciada por el ministro de Justicia D. Alberto Ruiz Gallardón, rechazando la regresión que ello supondría".
Valladolid, 26 de abril de 2013.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
PNL/000825-01
CVE="BOCCL-08-014091"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
VIII Legislatura
Pags. 31041-31043
BOCCL nº 235/8 del 10/5/2013
CVE: BOCCL-08-014091
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000825-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a apoyar el derecho a una maternidad libremente decidida, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de mayo de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000825, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a apoyar el derecho a una maternidad libremente decidida.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de mayo de 2013.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.
ANTECEDENTES
El Ministro de Justicia ha anunciado que el Gobierno de España presentará pronto una nueva regulación sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según las propias declaraciones efectuadas por Alberto Ruiz Gallardón, esta nueva regulación tendrá sus puntos clave en:
• La vuelta a una Ley de indicaciones mucho más restrictiva que la ley de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán los médicos quienes decidan por ellas.
• Eliminación de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal.
• Fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud de la madre, mostrando un claro desprecio y desconfianza hacia las mujeres, a las cuales no las deja decidir y en cambio serán profesionales externos los que decidan por ella.
El Gobierno está preparando una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo occidental y así España será el primer país que cuando legisla sobre el aborto retrocede. Esto supone una vuelta al pasado, incluso más allá de la primera ley del año 1985, y que las mujeres españolas tengan dos opciones, abortar fuera de España si tienen recursos para ello, abortar en España en condiciones de clandestinidad, con el consiguiente riesgo para su salud y su vida.
Nos gustaría recordar que, tal y como es conocido, el Tribunal Constitucional, en 1985, dejó claro que, en relación al aborto, no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos derechos fundamentales implicados aquí son los derechos de las mujeres siendo el no nacido un bien jurídico que queda debidamente protegido por la legislación actual.
Así mismo es importante tener presente que la actual Ley, del 2010, fue avalada plenamente por el Consejo de Estado, que, en aquel momento, argumentaba que era necesario reformar la regulación para adecuarla a la realidad y además destacaba la plena constitucionalidad de su articulado.
Pese a todo ello, el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la actual ley -tal y como ya hizo en relación a los matrimonios homosexuales-, que todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. Aun así, Gallardón prefiere no esperar al dictamen del Tribunal Constitucional y, con ello, se pliega, una vez más, a las demandas de los sectores más ultraconservadores de nuestra sociedad.
Porque de lo que está hablando Gallardón, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, es, en realidad, eliminar el derecho a decidir de las mujeres, y que esa eliminación se haga a costa de poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres.
Las leyes restrictivas de aborto no reducen el número de abortos, solamente incrementan el número de mujeres muertas o que pierden su salud porque abortan en la clandestinidad y en condiciones insalubres. Si esta anunciadísima reforma sale adelante es seguro que se estarán quitando dos derechos a las mujeres: el de la libre decisión y el de la salud.
La propuesta del Gobierno sobre el aborto nos llevaría a la cola de Europa, a la clandestinidad, a una regulación que estará a la altura de Malta, Andorra o Polonia, los países más restrictivos y conservadores en sus normativas. Nos coloca en la clandestinidad o en el extranjero. Es más, en los últimos 28 años 36 países han liberalizado sus leyes de aborto pero ninguno ha retrocedido.
La inmensa mayoría de los países europeos permiten la interrupción voluntaria del embarazo sin justificación hasta la semana 14, oscilando entre la semana 10 de Portugal y las 24 semanas de Holanda.
En el año 2008 ya el Consejo de Europa aprobó una recomendación a sus 47 países donde consagra el derecho al aborto legal y sin riesgos garantizado por el Estado que convierta esta práctica en accesible y segura. Y además invita a despenalizar el aborto, allá donde sea delito. Y lo más importante para nuestra situación actual: se muestra a favor de una ley de plazos y reclama clases de educación sexual obligatorias para los jóvenes.
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad libremente decidida. Lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión -consciente y responsable- sea respetada; además, esta ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual. Porque solo con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos podremos prevenir de manera más efectiva, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados y, por tanto, el número de IVEs; así mismo, la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e IVE garantiza la igualdad en el acceso, en todas las Comunidades Autónomas, a las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos y de interrupción voluntaria del embarazo.
Los y las Socialistas entendemos que no se puede legislar a espaldas de la realidad, y la mayor realidad es que las mujeres en todas partes del mundo tienen abortos, estén legalizados o no.
La mejor forma de reducir el número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de prevenir los embarazos no deseados.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Apoyar expresamente el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada.
2.- Trasladar al Gobierno de España el rechazo a cualquier injerencia en el derecho a una maternidad libremente decidida, al dictado de ninguna moral religiosa, por cuanto sería contrario a la aconfesionalidad del Estado recogida en la Constitución Española.
3.- Trasladar al Gobierno de España su posición contraria a la reforma anunciada de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, anunciada por el ministro de Justicia D. Alberto Ruiz Gallardón, rechazando la regresión que ello supondría".
Valladolid, 26 de abril de 2013.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
PNL/000825-01
CVE="BOCCL-08-014091"
