PNL/000884-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de septiembre de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000884, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a trasladar al Gobierno de la Nación el rechazo al texto propuesto de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial elaborado por la Comisión Institucional.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de septiembre de 2013.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

El Ministerio de Justicia ha hecho pública, a través de su página web, la propuesta de texto articulado de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial elaborada por la Comisión Institucional a quien se le encomendó su redacción.

El propio Ministro de Justicia compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en mayo pasado para presentar un texto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, texto propuesto por la misma Comisión Institucional que elaboró esta propuesta. El texto de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial ya avanzaba las líneas que ahora se concretan en la reforma de la demarcación y planta judicial, pero el Ministro anunció, sembrando la confusión, que no hacía suyo el texto que presentaba en sede parlamentaria, abriendo así, a modo de globo sonda, un debate artificial y escondiéndose una vez más el Gobierno, tras una Comisión de expertos, para no asumir su directa responsabilidad.

La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que formula sigue la senda de las reformas de la administración que nos viene proponiendo el Gobierno, y que como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la Constitución y sus Estatutos reservan a las Comunidades Autónomas y tiene como único eje rector, con el pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la administración, orientada en última instancia al desmantelamiento de los servicios públicos.

El Ministro afirmó el 9 de julio en Valladolid que no se suprimirá ninguna sede judicial en España pero, de llevarse a cabo la propuesta publicada, esta afirmación no sería cierta porque de su lectura se extrae que la "implantación del nuevo modelo condiciona el gasto que las Administraciones Públicas puedan realizar en mejora de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, siendo así que aquél deberá localizarse en los edificios e instalaciones que han de albergar las sedes reflejadas en la presente Ley y solamente en ellas" que estarán sólo radicadas en las capitales de provincia según se deriva en el articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los Anexos de la propuesta de demarcación y planta. Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace la propuesta, es radicalmente contrario a la facilitación de la tutela judicial.

Por tanto, la propuesta presentada supone un severo riesgo para los partidos judiciales rurales que corren riesgo de supresión o una pérdida de funciones tal que los convertiría en poco más que sedes administrativas. En caso de llevarse a cabo, Castilla y León sería una de las Comunidades Autónomas más afectadas y sufriría un nuevo ataque a los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos que viven en los pequeños municipios.

Cualquier propuesta para merecer una mínima consideración tiene que tener en cuenta, además de las competencias de otras administraciones en la materia, aspectos demográficos, de redes de comunicación, de tipología de la litigiosidad existente en cada zona, del carácter rural, urbano o turístico de la zona, etc. y que, en base a un estudio de los mismos, llegase a conclusiones de dotación debidamente razonadas y articuladas en una propuesta de la propia Comunidad Autónoma de Castilla y León.

A esto se añade que, la propuesta recogida en el texto del Ministerio de Justicia, pretende el desdoblamiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Esto es un ataque sin precedentes al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, una iniciativa recentralizadora intolerable y una falta de respeto a las instituciones de provincias como Burgos, con las que no se ha contado y a las que ni siquiera se ha informado. Desvirtuar, por ejemplo, el papel de Burgos como capital de la Justicia de Castilla y León excede de las competencias del Ministerio de Justicia, razón por la que esta propuesta debe ser cambiada de forma inmediata.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que traslade al Gobierno de la Nación:

1.- La necesidad de que por el mismo se rechace el texto propuesto de reforma de la Ley de Demarcación y Planta, elaborado por la Comisión Institucional, creada por el Gobierno al efecto, procediendo a elaborar uno nuevo que tenga en cuenta las distintas competencias que concurren y respetando la demarcación y planta vinculada a los territorios conformados por los partidos judiciales ya que dicha propuesta perjudica gravemente el servicio público de la justicia en Castilla y León al alejarlo de los ciudadanos, atendiendo el carácter fundamentalmente rural que conforma la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

2.- Que se garantice el mantenimiento de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la ciudad de Burgos."

Valladolid, 22 de julio de 2013.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Óscar López Águeda