4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000979-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de octubre de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000979, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de España a que retire la propuesta de reforma del sistema de pensiones y abra un proceso de concertación social con sindicatos, patronal y partidos políticos en el Pacto de Toledo.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de octubre de 2013.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.
ANTECEDENTES
Con el único objetivo de frenar el gasto en pensiones a expensas mermar el poder adquisitivo de los pensionistas, la reforma aprobada hace unos días por el Gobierno de España introduce un cambio en la fórmula de actualización anual de las pensiones, fórmula que dejará de estar vinculada al IPC como lo estaba hasta la fecha, un cambio que ya contemplan los Presupuestos Generales del Estado 2014 y que tendrá efectos muy negativos en la renta disponible de jubilados y demás pensionistas de nuestra Comunidad.
En este contexto hay que recordar que para actualizar las pensiones, el sistema que se quiere cargar el Gobierno de España aprobaba cada año una subida anual del 2 %, que equivalía a la inflación esperada para ese año, de tal suerte que si en noviembre el incremento del IPC superaba ese porcentaje, se compensaba a los pensionistas. Esa era la regla general, que tuvo sus excepciones en 2011, cuando se congelaron las pensiones que no eran mínimas, en 2012, cuando el actual Gobierno limitó la subida al 1 % anual y no compensó por el exceso de inflación en noviembre, y en 2013, cuando el incremento inicial quedó en el 2 % para los que cobran menos de 1.000 euros al mes y el 1 % para el resto. Excepciones a un sistema nacido del consenso, que sin embargo el actual Gobierno de España modifica sin escuchar a absolutamente nadie.
La reforma sustituye este sistema por una fórmula que vincula las subidas de las pensiones al diferencial entre cotizaciones y pensiones del sistema, con un suelo si hay déficit (una subida del 0,25 %, poco más que la congelación de las pensiones), y un techo si hay superávit (inflación más 0,25 %). En este sentido, el drama viene porque el propio Gobierno de España reconoce que habrá déficit ininterrumpidamente hasta, al menos, 2018, lo que implica aplicar hasta 2019 una revalorización de las pensiones del 0,25 % anual, muy por debajo del incremento medio del IPC previsto para ese período.
En este último aspecto, aunque el ejecutivo de Mariano Rajoy ha calculado el recorte en el gasto de pensiones de aquí a 2022 para una inflación media esperada del 1 %, esa previsión está muy por debajo de lo probable, ya que de seguir el ritmo de crecimiento de los precios de los últimos años, la inflación estará muy por encima del 2 % (de hecho, en los últimos años sólo en noviembre de 2009 la inflación ha estado por debajo del 1 %). Por tanto, dando por buena una inflación media estimada del 2 % de aquí al 2019, una subida del 0,25 % de las pensiones conlleva una pérdida de poder adquisitivo del 1,75 % anual. Este dato implica a mayores que para recuperar el poder adquisitivo perdido serán necesarios siete años de superávit por cada año de déficit, es decir, serían precisos 42 años de bonanza del sistema para compensar a los pensionistas su pérdida de poder adquisitivo de aquí a 2019.
Las nefastas consecuencias de esta reforma serán mucho más graves en Castilla y León que en la mayor parte del territorio nacional, no en vano somos una de las Comunidades más envejecidas de España, con un número muy elevado de jubilados (372.000, el 6,8 % del total) y de pensionistas en general (597.000, el 6,6 % del total). Así, si la inflación media anual fuese del 2 % de aquí a 2019, a cada jubilado castellano y leonés el Gobierno de España le detraerá 233 euros de su pensión en 2014, 472 euros en 2015, 716 euros en 2016, 966 euros en 2017, 1221 euros en 2018, y 1481 euros en 2019. Una muy relevante pérdida de renta disponible que sumar a las ya producidas por las subidas de impuestos, por el copago de un buen número de medicinas, por la supresión o eliminación de las ayudas a la Dependencia, etc...
En términos agregados, el cálculo de los recursos que los pensionistas castellanos y leoneses van a perder por esta reforma es sencillo. Si para esa inflación se estima que el recorte en pensiones puede llegar a ser de 70.000 millones de euros en toda España de aquí al 2022, a Castilla y León la toca perder en torno a 4.700 millones de euros en esos ocho años. 4.700 millones de euros menos que dejarán de ser consumidos (o ahorrados para luego ser susceptibles de ser prestados para financiar consumo o inversión), con un impacto macroeconómico negativo muy importante (no en vano equivale al 50 % del presupuesto anual de la Junta de Castilla y León).
Tan negativa es la Reforma, que todos los grupos de la oposición en el Congreso han pactado el pasado miércoles un texto común pidiendo al Gobierno de España la retirada de la reforma de las pensiones con el objetivo de poder negociar.
Por todo lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de España a que retire la propuesta de reforma del sistema de pensiones, revalorice las pensiones en función del IPC el próximo año (y no un 0,25 % como está recogido en los Presupuestos) y abra un proceso de concertación social con sindicatos y patronal, y también con los partidos políticos en el Pacto de Toledo."
Valladolid, 14 de octubre de 2013.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
PNL/000979-01
CVE="BOCCL-08-016523"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
VIII Legislatura
Pags. 38502-38504
BOCCL nº 321/8 del 22/10/2013
CVE: BOCCL-08-016523
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000979-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de España a que retire la propuesta de reforma del sistema de pensiones y abra un proceso de concertación social con sindicatos, patronal y partidos políticos en el Pacto de Toledo, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de octubre de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000979, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de España a que retire la propuesta de reforma del sistema de pensiones y abra un proceso de concertación social con sindicatos, patronal y partidos políticos en el Pacto de Toledo.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de octubre de 2013.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.
ANTECEDENTES
Con el único objetivo de frenar el gasto en pensiones a expensas mermar el poder adquisitivo de los pensionistas, la reforma aprobada hace unos días por el Gobierno de España introduce un cambio en la fórmula de actualización anual de las pensiones, fórmula que dejará de estar vinculada al IPC como lo estaba hasta la fecha, un cambio que ya contemplan los Presupuestos Generales del Estado 2014 y que tendrá efectos muy negativos en la renta disponible de jubilados y demás pensionistas de nuestra Comunidad.
En este contexto hay que recordar que para actualizar las pensiones, el sistema que se quiere cargar el Gobierno de España aprobaba cada año una subida anual del 2 %, que equivalía a la inflación esperada para ese año, de tal suerte que si en noviembre el incremento del IPC superaba ese porcentaje, se compensaba a los pensionistas. Esa era la regla general, que tuvo sus excepciones en 2011, cuando se congelaron las pensiones que no eran mínimas, en 2012, cuando el actual Gobierno limitó la subida al 1 % anual y no compensó por el exceso de inflación en noviembre, y en 2013, cuando el incremento inicial quedó en el 2 % para los que cobran menos de 1.000 euros al mes y el 1 % para el resto. Excepciones a un sistema nacido del consenso, que sin embargo el actual Gobierno de España modifica sin escuchar a absolutamente nadie.
La reforma sustituye este sistema por una fórmula que vincula las subidas de las pensiones al diferencial entre cotizaciones y pensiones del sistema, con un suelo si hay déficit (una subida del 0,25 %, poco más que la congelación de las pensiones), y un techo si hay superávit (inflación más 0,25 %). En este sentido, el drama viene porque el propio Gobierno de España reconoce que habrá déficit ininterrumpidamente hasta, al menos, 2018, lo que implica aplicar hasta 2019 una revalorización de las pensiones del 0,25 % anual, muy por debajo del incremento medio del IPC previsto para ese período.
En este último aspecto, aunque el ejecutivo de Mariano Rajoy ha calculado el recorte en el gasto de pensiones de aquí a 2022 para una inflación media esperada del 1 %, esa previsión está muy por debajo de lo probable, ya que de seguir el ritmo de crecimiento de los precios de los últimos años, la inflación estará muy por encima del 2 % (de hecho, en los últimos años sólo en noviembre de 2009 la inflación ha estado por debajo del 1 %). Por tanto, dando por buena una inflación media estimada del 2 % de aquí al 2019, una subida del 0,25 % de las pensiones conlleva una pérdida de poder adquisitivo del 1,75 % anual. Este dato implica a mayores que para recuperar el poder adquisitivo perdido serán necesarios siete años de superávit por cada año de déficit, es decir, serían precisos 42 años de bonanza del sistema para compensar a los pensionistas su pérdida de poder adquisitivo de aquí a 2019.
Las nefastas consecuencias de esta reforma serán mucho más graves en Castilla y León que en la mayor parte del territorio nacional, no en vano somos una de las Comunidades más envejecidas de España, con un número muy elevado de jubilados (372.000, el 6,8 % del total) y de pensionistas en general (597.000, el 6,6 % del total). Así, si la inflación media anual fuese del 2 % de aquí a 2019, a cada jubilado castellano y leonés el Gobierno de España le detraerá 233 euros de su pensión en 2014, 472 euros en 2015, 716 euros en 2016, 966 euros en 2017, 1221 euros en 2018, y 1481 euros en 2019. Una muy relevante pérdida de renta disponible que sumar a las ya producidas por las subidas de impuestos, por el copago de un buen número de medicinas, por la supresión o eliminación de las ayudas a la Dependencia, etc...
En términos agregados, el cálculo de los recursos que los pensionistas castellanos y leoneses van a perder por esta reforma es sencillo. Si para esa inflación se estima que el recorte en pensiones puede llegar a ser de 70.000 millones de euros en toda España de aquí al 2022, a Castilla y León la toca perder en torno a 4.700 millones de euros en esos ocho años. 4.700 millones de euros menos que dejarán de ser consumidos (o ahorrados para luego ser susceptibles de ser prestados para financiar consumo o inversión), con un impacto macroeconómico negativo muy importante (no en vano equivale al 50 % del presupuesto anual de la Junta de Castilla y León).
Tan negativa es la Reforma, que todos los grupos de la oposición en el Congreso han pactado el pasado miércoles un texto común pidiendo al Gobierno de España la retirada de la reforma de las pensiones con el objetivo de poder negociar.
Por todo lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de España a que retire la propuesta de reforma del sistema de pensiones, revalorice las pensiones en función del IPC el próximo año (y no un 0,25 % como está recogido en los Presupuestos) y abra un proceso de concertación social con sindicatos y patronal, y también con los partidos políticos en el Pacto de Toledo."
Valladolid, 14 de octubre de 2013.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
PNL/000979-01
CVE="BOCCL-08-016523"
