PNL/001011-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de noviembre de 2013, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001011, presentada por los Procuradores D. Miguel Ángel Fernández Cardo, D.ª María Ángela Marqués Sánchez, D. Javier Campos de la Fuente, D.ª Ana María da Silva García y D.ª Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez, instando a la Junta de Castilla y León para que los recursos públicos que se destinen a las zonas afectadas por grandes catástrofes y, en particular, en los contratos destinados a los trabajos de recuperación medioambiental y económica de la zona afectada por el incendio de Castrocontrigo, en la provincia de León, se hagan más accesibles a las Pymes, autónomos y cooperativas de la zona.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de noviembre de 2013.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Miguel Ángel Fernández Cardo, Ángela Marqués Sánchez, Javier Campos de la Fuente, Ana da Silva García y Teresa Gutiérrez Álvarez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente:

ANTECEDENTES

El incendio de Castrocontrigo, de carácter intencionado, se inició el 19 de agosto de 2012. En su extinción participaron más de 1.000 efectivos de la Junta, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la UME, de la Guardia Civil, de la Diputación de León y población de los municipios afectados. El incendio forestal afectó a los municipios de Castrocontrigo, Luyego, Quintana y Congosto, Destriana y Castrillo de la Valduerna y a las 13 juntas vecinales de Castrocontrigo: Torneros de la Valdería, Morla, Nogarejas, Pobladura de Yuso, Pinilla de la Valdería, Palacios de Jamuz, Torneros de Jamuz, Quintanilla de Flórez, Tabuyo del Monte, Destriana, Velilla de la Valduerna y Castrillo de la Valduerna. Se dio por controlado el 28 de agosto y por extinguido el 6 de septiembre. Tuvo como fatal consecuencia la quema de una superficie total de 11.724 hectáreas, de las cuales 10.555 (el 90 %) corresponden a arbolado y el resto, 1.169, a matorral y pastos, fundamentalmente. Del total de la superficie quemada, 8.153 hectáreas, el 69,5  %, corresponden a montes de utilidad pública y contienen la gran mayoría de la madera quemada.

Es el mayor incendio forestal en los 30 años de historia de la comunidad autónoma de Castilla y León. Como cuestión previa, el Grupo Parlamentario Socialista reitera en esta iniciativa su más enérgica reprobación al causante, sobre el que espera caiga todo el peso de la ley.

La destrucción causada ha supuesto enormes perjuicios medioambientales y económicos para los habitantes de la comarca. Así se ha visto afectado el frágil tejido económico de la zona, en particular los trabajadores por cuenta ajena, cooperativistas, autónomos y pequeñas y medianas empresas (PYMES), como resineros, apicultores, agricultores, ganaderos, sector micológico y empresas de hostelería y turismo.

Las indemnizaciones extraordinarias aprobadas por las administraciones no han sido reconocidas a los particulares o emprendedores que no tuvieran un seguro (por tanto, a quienes no tenían una cobertura) dejando en el desamparo a la inmensa mayoría de los afectados.

Las diversas actuaciones relativas a la extracción de la madera y restauración medioambiental en la zona afectada han supuesto una inversión pública ya realizada de unos 5 millones de euros, y están comprometidos por las administraciones otros cinco millones.

Sin embargo, los industriales de la madera de la zona (autónomos y pymes) e incluso de la provincia, han denunciado que se han visto excluidos por las condiciones de los contratos licitados por la administración, no pudiendo concurrir a la corta y compra de la madera quemada, que fueron adjudicados a grandes empresas de fuera de la zona. De esta forma la comarca ha padecido también la pérdida de la pequeña compensación que la miseria del incendio les podía suponer con dichos contratos.

La Unión Europea plantea como una medida esencial en la contratación pública potenciar la participación en la misma de las PYMES, puesto que el sector público maneja en torno a un 20 % del PIB de la UE en sus aprovisionamientos y las PYMES son el sector más amplio y que más empleo genera en la Unión, aunque no es el que más contratos públicos gestiona. El Comité de la Regiones considera a las PYMES "la espina dorsal de la economía" de la Unión Europea por lo que apoya decididamente las propuestas de la Comisión sobre promoción de la contratación pública con este tipo de empresas, y en el mismo sentido se pronuncia el Parlamento Europeo.

Los proyectos de nuevas Directivas en materia de contratación pública recogen las diferentes propuestas del Consejo de la Unión Europea y en el Parlamento de entre las que cabe destacar las relativas al acceso de las PYMES a la Contratación Pública. Con ellas las instituciones comunitarias reconocen el potencial para la creación de empleo que tiene el promover el acceso de las PYMES a la contratación Pública. Así se promueve el fomento de la división de los objetos contractuales en lotes estableciendo la habilitación normativa para que el órgano de contratación pueda limitar a los licitadores el número de lotes en los que pueden ser adjudicatarios.

En esa línea ya el artículo 22.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) establece que las Administraciones públicas y todo su sector público "promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa" en la contratación pública. La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su internacionalización, avanza en esta línea y contempla "medidas para eliminar obstáculos al acceso de los emprendedores a la contratación pública, de forma que esta pueda actuar como una auténtica palanca a la expansión y consolidación de empresas", medidas que dirige especialmente a tratar de minimizar los obstáculos que la regulación de contratos públicos tiene para la participación de las PYMES en la contratación del sector público.

Esta apuesta por nuestras pequeñas y medianas empresas, autónomos y cooperativas, deseable en todo el ámbito de la contratación por sus efectos en el empleo de los territorios en los que se localizan, debe ser especialmente promovida en las zonas afectadas por catástrofes como el incendio de Castrocontrigo y con los recursos públicos que al mismo se destinan por razón de la catástrofe. Allí ya se ha perdido la oportunidad de los primeros cinco millones de euros, pero aún hay otros cinco que pueden ser invertidos en sus montes y tejido económico generando empleo real en un territorio que tardará décadas en volver a recuperar los aprovechamientos y empleos que el bosque proporcionaba.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que los recursos públicos que se destinen a las zonas afectadas por grandes catástrofes y, en particular, en los contratos destinados a los trabajos del plan de recuperación medioambiental y económica de la zona afectada por el incendio de Castrocontrigo, en la provincia de León, se hagan más accesibles a las PYMES, autónomos y cooperativas de la zona, mediante la adopción de las siguientes medidas:

1. Licitar en lotes más pequeños los trabajos, limitando el número de lotes a los que pueden presentarse las empresas, y ajustando la solvencia de las empresas a los lotes a los que se presenten.

2. Simplificar la documentación administrativa a presentar por las empresas.

3. Permitir la constitución de la garantía definitiva mediante retención en el precio.

4. Imponer a las grandes adjudicatarias, o al menos establecerlo como criterio de valoración de las ofertas, la subcontratación de parte de las prestaciones contratadas con PYMES de la zona, y establecer un control en el pago a éstos en los plazos que el adjudicatario cobre de la Administración.

5. Realizar contratos menores y procedimientos negociado sin publicidad con PYMES de la comarca, en los casos legalmente previstos para estos procedimientos de contratación."

Valladolid, 6 de noviembre de 2013.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Miguel Ángel Fernández Cardo,

Javier Campos de la Fuente,

Ana María da Silva García,

Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez y

María Ángela Marqués Sánchez

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Óscar López Águeda