4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000986-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de febrero de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, POC/000986, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, D.ª María Sirina Martín Cabria, D.ª María Fernanda Blanco Linares, D. Javier Campos de la Fuente, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a valoración de la Junta de Castilla y León en relación con la sentencia que anula el Decreto 6/2011 de 10 de febrero que establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de febrero de 2014.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana M.ª Muñoz de la Peña González, María Sirina Martín Cabria, M.ª Fernanda Blanco Linares, Javier Campos de la Fuente, Juan Luis Cepa Álvarez y Esther Pérez Pérez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.
ANTECEDENTES
La Administración General del Estado interpuso recurso contra el Decreto 6/2011 de 10 de febrero que establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de planes, programas y proyectos desarrollados en el ámbito territorial de Castilla y León, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado sentencia y anula el decreto de la Junta de Castilla y León, al considerar que se «infringen la legislación básica del Estado que en esta materia ha fijado unos contenidos mínimos que deben ser respetados por las comunidades autónomas a quienes vinculan, vulnerando el principio de jerarquía normativa de la Constitución y de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad» indicando que «se excede de su ámbito y no se limita al desarrollo de la Ley, sino que no se adecúa al orden constitucional de distribución de competencias en materia de medio ambiente entre el Estado y Castilla y León».
Se declara nulo también el apartado que permitía a la Junta de Castilla y León excluir determinados proyectos para la realización del estudio de impacto ambiental "cuando la decisión de efectuarla no es discrecional, sino que debe garantizarse un análisis en profundidad del plan, programa o proyecto acorde con los objetivos de conservación establecidos para el lugar de que se trate".
Es evidente, conocida la sentencia, que el decreto excede las competencias de la Junta, reduce la protección de las áreas de especial interés medioambiental y la vincula al tipo de suelo, lo que vulnera la norma estatal, y se determinan, sin poder hacerse, medidas compensatorias de forma discrecional y sin contar con la Administración del Estado.
Conocida la referida sentencia y habiendo manifestado la Junta de Castilla y León que es objeto de estudio por parte de los servicios jurídicos de la Consejería, además del respeto y acatamiento de la sentencia;
PREGUNTAS
1. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León?
2. ¿Presentará la Junta de Castilla y León recurso ante el Tribunal Supremo?
3. ¿Cómo afecta y qué efectos tiene la anulación del decreto a lo aplicado en Castilla y León desde su aprobación?
4. ¿Qué está haciendo la Junta de Castilla y León para solventar el problema planteado?
Valladolid, 23 de enero de 2014.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González,
María Sirina Martín Cabria,
María Fernanda Blanco Linares,
Javier Campos de la Fuente,
Juan Luis Cepa Álvarez y
Esther Pérez Pérez
POC/000986-01
CVE="BOCCL-08-017862"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
VIII Legislatura
Pags. 42346-42347
BOCCL nº 366/8 del 13/2/2014
CVE: BOCCL-08-017862
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
461. Preguntas para respuesta oral en Comisión
POC/000986-01
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, D.ª María Sirina Martín Cabria, D.ª María Fernanda Blanco Linares, D. Javier Campos de la Fuente, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a valoración de la Junta de Castilla y León en relación con la sentencia que anula el Decreto 6/2011 de 10 de febrero que establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de febrero de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, POC/000986, formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D.ª Ana María Muñoz de la Peña González, D.ª María Sirina Martín Cabria, D.ª María Fernanda Blanco Linares, D. Javier Campos de la Fuente, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D.ª Esther Pérez Pérez, relativa a valoración de la Junta de Castilla y León en relación con la sentencia que anula el Decreto 6/2011 de 10 de febrero que establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de febrero de 2014.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana M.ª Muñoz de la Peña González, María Sirina Martín Cabria, M.ª Fernanda Blanco Linares, Javier Campos de la Fuente, Juan Luis Cepa Álvarez y Esther Pérez Pérez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.
ANTECEDENTES
La Administración General del Estado interpuso recurso contra el Decreto 6/2011 de 10 de febrero que establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de planes, programas y proyectos desarrollados en el ámbito territorial de Castilla y León, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado sentencia y anula el decreto de la Junta de Castilla y León, al considerar que se «infringen la legislación básica del Estado que en esta materia ha fijado unos contenidos mínimos que deben ser respetados por las comunidades autónomas a quienes vinculan, vulnerando el principio de jerarquía normativa de la Constitución y de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad» indicando que «se excede de su ámbito y no se limita al desarrollo de la Ley, sino que no se adecúa al orden constitucional de distribución de competencias en materia de medio ambiente entre el Estado y Castilla y León».
Se declara nulo también el apartado que permitía a la Junta de Castilla y León excluir determinados proyectos para la realización del estudio de impacto ambiental "cuando la decisión de efectuarla no es discrecional, sino que debe garantizarse un análisis en profundidad del plan, programa o proyecto acorde con los objetivos de conservación establecidos para el lugar de que se trate".
Es evidente, conocida la sentencia, que el decreto excede las competencias de la Junta, reduce la protección de las áreas de especial interés medioambiental y la vincula al tipo de suelo, lo que vulnera la norma estatal, y se determinan, sin poder hacerse, medidas compensatorias de forma discrecional y sin contar con la Administración del Estado.
Conocida la referida sentencia y habiendo manifestado la Junta de Castilla y León que es objeto de estudio por parte de los servicios jurídicos de la Consejería, además del respeto y acatamiento de la sentencia;
PREGUNTAS
1. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León?
2. ¿Presentará la Junta de Castilla y León recurso ante el Tribunal Supremo?
3. ¿Cómo afecta y qué efectos tiene la anulación del decreto a lo aplicado en Castilla y León desde su aprobación?
4. ¿Qué está haciendo la Junta de Castilla y León para solventar el problema planteado?
Valladolid, 23 de enero de 2014.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ana María Muñoz de la Peña González,
María Sirina Martín Cabria,
María Fernanda Blanco Linares,
Javier Campos de la Fuente,
Juan Luis Cepa Álvarez y
Esther Pérez Pérez
POC/000986-01
CVE="BOCCL-08-017862"
