4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001047-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de febrero de 2014, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001047, presentada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Agudíez Calvo, D.ª Esther Pérez Pérez, D. David Jurado Pajares y D.ª María Teresa López Martín, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España solicitando que el Plan Nacional de Inclusión Social sea debatido en el Parlamento de España antes de su aprobación definitiva.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de febrero de 2014.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Ana Agudíez Calvo, Esther Pérez Pérez, David Jurado Pajares y Teresa López Martín, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:
ANTECEDENTES
El Gobierno de España, el pasado 13 de diciembre, aprobaba el Plan Nacional de Inclusión Social. El Plan se articula en tres apartados:
El primero de ellos tiene que ver con medidas relacionadas con el empleo, y entre ellas se incluyen, por ejemplo, acciones de formación y orientación profesional o de autoempleo. Que son una continuidad de las medidas existentes.
El segundo incluye las prestaciones económicas, como el Plan PREPARA o las pensiones no contributivas, que el ministerio tiene la intención de "reorganizar" para "evitar lagunas de cobertura". Lo que evidencia la continuidad de las medidas, sin que exista mayor compromiso económico.
El tercer apartado se desarrolla "el compromiso del Plan con los servicios básicos enfocados a la población más desfavorecida" (educación, sanidad, servicios sociales...). Además, el Gobierno promete medidas específicas para sectores vulnerables (personas con discapacidad, en situación de dependencia, mayores, víctimas de violencia de género, población gitana, víctimas de discriminación, reclusos o exreclusos y personas sin hogar). Esto supone una contradicción con las políticas que viene desarrollando el gobierno de España, en la medida ha recortado el Plan Concertado de Servicios Sociales y que la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local debilita y aleja los servicios básicos de los ciudadanos. Lo que pone en duda de que exista voluntad de desarrollar las medidas que enuncia.
El Plan carece de una auténtica política de Estado, orientada a salvaguardar los derechos básicos fundamentales, que incidan en la redistribución de la riqueza mediante una política fiscal justa y con una transferencia de servicios eficaces y eficientes a la población que mitiguen la fractura social. En definitiva el Plan es una recopilación de viejas medidas dirigidas a colectivos específicos, pero no dirigidas a las familias de clase media, que hoy están empobrecidas como consecuencia de la crisis.
El Plan descarga en el Tercer Sector la responsabilidad que le corresponde a las instituciones públicas.
El contenido del Plan debe contribuir a complementar las medidas puestas marcha en Castilla y León, como el Decreto-ley 2/2013, de 21 de noviembre, por el que adoptan medidas extraordinarias de apoyo a personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León.
Por lo anterior se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España, para solicitar:
- Que el Plan Nacional de Inclusión Social sea debatido en el Parlamento de España, antes de su aprobación definitiva.
- Que se incremente la dotación económica en la cuantía suficiente que permita financiar las acciones que den respuesta al conjunto de la sociedad, no reduciendo sus actuaciones sólo a los colectivos más vulnerables, sino también a esa parte de la clase media que está siendo más afectada por la crisis".
Valladolid, 3 de enero de 2014.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Agudíez Calvo,
Esther Pérez Pérez,
David Jurado Pajares y
María Teresa López Martín
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
PNL/001047-01
CVE="BOCCL-08-017960"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
VIII Legislatura
Pags. 42535-42536
BOCCL nº 367/8 del 14/2/2014
CVE: BOCCL-08-017960
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001047-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Agudíez Calvo, D.ª Esther Pérez Pérez, D. David Jurado Pajares y D.ª María Teresa López Martín, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España solicitando que el Plan Nacional de Inclusión Social sea debatido en el Parlamento de España antes de su aprobación definitiva, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de febrero de 2014, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001047, presentada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Agudíez Calvo, D.ª Esther Pérez Pérez, D. David Jurado Pajares y D.ª María Teresa López Martín, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España solicitando que el Plan Nacional de Inclusión Social sea debatido en el Parlamento de España antes de su aprobación definitiva.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de febrero de 2014.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Ana Agudíez Calvo, Esther Pérez Pérez, David Jurado Pajares y Teresa López Martín, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:
ANTECEDENTES
El Gobierno de España, el pasado 13 de diciembre, aprobaba el Plan Nacional de Inclusión Social. El Plan se articula en tres apartados:
El primero de ellos tiene que ver con medidas relacionadas con el empleo, y entre ellas se incluyen, por ejemplo, acciones de formación y orientación profesional o de autoempleo. Que son una continuidad de las medidas existentes.
El segundo incluye las prestaciones económicas, como el Plan PREPARA o las pensiones no contributivas, que el ministerio tiene la intención de "reorganizar" para "evitar lagunas de cobertura". Lo que evidencia la continuidad de las medidas, sin que exista mayor compromiso económico.
El tercer apartado se desarrolla "el compromiso del Plan con los servicios básicos enfocados a la población más desfavorecida" (educación, sanidad, servicios sociales...). Además, el Gobierno promete medidas específicas para sectores vulnerables (personas con discapacidad, en situación de dependencia, mayores, víctimas de violencia de género, población gitana, víctimas de discriminación, reclusos o exreclusos y personas sin hogar). Esto supone una contradicción con las políticas que viene desarrollando el gobierno de España, en la medida ha recortado el Plan Concertado de Servicios Sociales y que la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local debilita y aleja los servicios básicos de los ciudadanos. Lo que pone en duda de que exista voluntad de desarrollar las medidas que enuncia.
El Plan carece de una auténtica política de Estado, orientada a salvaguardar los derechos básicos fundamentales, que incidan en la redistribución de la riqueza mediante una política fiscal justa y con una transferencia de servicios eficaces y eficientes a la población que mitiguen la fractura social. En definitiva el Plan es una recopilación de viejas medidas dirigidas a colectivos específicos, pero no dirigidas a las familias de clase media, que hoy están empobrecidas como consecuencia de la crisis.
El Plan descarga en el Tercer Sector la responsabilidad que le corresponde a las instituciones públicas.
El contenido del Plan debe contribuir a complementar las medidas puestas marcha en Castilla y León, como el Decreto-ley 2/2013, de 21 de noviembre, por el que adoptan medidas extraordinarias de apoyo a personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León.
Por lo anterior se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España, para solicitar:
- Que el Plan Nacional de Inclusión Social sea debatido en el Parlamento de España, antes de su aprobación definitiva.
- Que se incremente la dotación económica en la cuantía suficiente que permita financiar las acciones que den respuesta al conjunto de la sociedad, no reduciendo sus actuaciones sólo a los colectivos más vulnerables, sino también a esa parte de la clase media que está siendo más afectada por la crisis".
Valladolid, 3 de enero de 2014.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Agudíez Calvo,
Esther Pérez Pérez,
David Jurado Pajares y
María Teresa López Martín
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
PNL/001047-01
CVE="BOCCL-08-017960"
