4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001049-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de febrero de 2014, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001049, presentada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Agudíez Calvo, D.ª Esther Pérez Pérez, D. David Jurado Pajares y D.ª María Teresa López Martín, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España solicitando la derogación de la disposición final undécima del Real Decreto-ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de febrero de 2014.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Ana Agudíez Calvo, Esther Pérez Pérez, David Jurado Pajares y Teresa López Martín, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:
ANTECEDENTES
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 27 establece: "los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con los demás, esto incluye el derecho a tener una oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación".
El empleo es el cauce fundamental para alcanzar la plena integración de las personas con discapacidad. El acceso a un puesto de trabajo es clave para dar contenido a los principios que inspiran la Convención: el respeto a la dignidad inherente a la persona, la independencia de cada ser humano, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como manifestación de la diversidad y la condición humana.
La crisis económica no puede servir de coartada o pretexto para reducir los derechos sociales o la intensidad de apoyos y recursos que deben recibir las mujeres y hombres con discapacidad para asegurar su proceso de inclusión en la comunidad y un nivel de vida digno.
En la coyuntura económica por la que atravesamos, los poderes públicos deben intensificar los esfuerzos para continuar avanzando en la protección de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
El gobierno de España está realizando profundos recortes en las políticas dirigidas a favorecer el empleo de las personas con discapacidad, que están siendo asumidas con su silencio por la Junta de Castilla y León.
El gobierno de España a través del RDL 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ha suprimido las medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad que estaba incluido en la Estrategia Española para el Empleo 2012 - 2014.
Las medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad contenidas en el apartado derogado son las siguientes:
- Medidas para facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
- Ayudas a la adaptación y ajustes razonables del puesto de trabajo, dotación de equipos de protección o eliminación de barreras u obstáculos.
- Bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social para los empleadores que contraten a personas con discapacidad.
- Medidas de tránsito desde los Centros Especiales de Empleo a las empresas del mercado ordinario de trabajo.
- Medidas al fomento del empleo con apoyo en el mercado ordinario de trabajo. - Medidas dirigidas a la integración laboral de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo.
- Incentivos a la generación de empleo indefinido en los Centros Especiales de Empleo.
- Incentivos al mantenimiento de los Centros Especiales de Empleo (que entre otras medidas incluye el abono del 50 % del SMI de cada trabajador).
- Incentivos a las Unidades de Apoyo a la Actividad profesional en Centros Especiales de Empleo.
En Castilla y León hay 160.000 personas con discapacidad, de las cuales el 45 por ciento viven en el medio rural. La dificultad para el acceso al empleo queda evidenciada cuando comprobamos que la tasa de actividad de la población en general entre 16 y 64 años es del 75,9 por ciento, mientras la tasa de actividad de las personas con discapacidad cae al 36,2 por ciento.
La Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Castilla y León en su artículo 26 establece: "Las políticas de empleo, en el marco de la normativa aplicable en este ámbito, tendrán como objetivo prioritario aumentar las tasa de actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad, así como mejorar la calidad del empleo y dignificar sus condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación y avanzando en su igualdad efectiva en este ámbito. En este sentido, fomentarán sus oportunidades de empleo y promoción profesional en el mercado laboral y promoverán los apoyos necesarios para la búsqueda, obtención mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar las siguientes actuaciones:
1. Dirigirse al Gobierno de España para que solicite la derogación de la disposición final undécima del Real Decreto-ley 3/2012, de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y dar de nuevo vigencia plena a las "Medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad" contenidas en el Anexo del Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprobó la Estrategia Española de empleo 2012 - 2014.
2. En tanto el gobierno de España recupera las ayudas incluidas en las "Medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad", la Junta de Castilla y León mantendrá las ayudas dirigidas a la financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales de Empleo.
3. El abono de las cantidades correspondientes a la financiación de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, se abonarán dentro de los 30 días siguientes a la resolución del expediente de subvención.
Valladolid, 3 de enero de 2014
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Agudíez Calvo,
Esther Pérez Pérez,
David Jurado Pajares y
María Teresa López Martín
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
PNL/001049-01
CVE="BOCCL-08-017962"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
VIII Legislatura
Pags. 42540-42542
BOCCL nº 367/8 del 14/2/2014
CVE: BOCCL-08-017962
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001049-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Agudíez Calvo, D.ª Esther Pérez Pérez, D. David Jurado Pajares y D.ª María Teresa López Martín, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España solicitando la derogación de la disposición final undécima del Real Decreto-ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de febrero de 2014, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001049, presentada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez, D.ª Ana María Agudíez Calvo, D.ª Esther Pérez Pérez, D. David Jurado Pajares y D.ª María Teresa López Martín, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España solicitando la derogación de la disposición final undécima del Real Decreto-ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de febrero de 2014.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Ana Agudíez Calvo, Esther Pérez Pérez, David Jurado Pajares y Teresa López Martín, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:
ANTECEDENTES
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 27 establece: "los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con los demás, esto incluye el derecho a tener una oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación".
El empleo es el cauce fundamental para alcanzar la plena integración de las personas con discapacidad. El acceso a un puesto de trabajo es clave para dar contenido a los principios que inspiran la Convención: el respeto a la dignidad inherente a la persona, la independencia de cada ser humano, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como manifestación de la diversidad y la condición humana.
La crisis económica no puede servir de coartada o pretexto para reducir los derechos sociales o la intensidad de apoyos y recursos que deben recibir las mujeres y hombres con discapacidad para asegurar su proceso de inclusión en la comunidad y un nivel de vida digno.
En la coyuntura económica por la que atravesamos, los poderes públicos deben intensificar los esfuerzos para continuar avanzando en la protección de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
El gobierno de España está realizando profundos recortes en las políticas dirigidas a favorecer el empleo de las personas con discapacidad, que están siendo asumidas con su silencio por la Junta de Castilla y León.
El gobierno de España a través del RDL 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ha suprimido las medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad que estaba incluido en la Estrategia Española para el Empleo 2012 - 2014.
Las medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad contenidas en el apartado derogado son las siguientes:
- Medidas para facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
- Ayudas a la adaptación y ajustes razonables del puesto de trabajo, dotación de equipos de protección o eliminación de barreras u obstáculos.
- Bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social para los empleadores que contraten a personas con discapacidad.
- Medidas de tránsito desde los Centros Especiales de Empleo a las empresas del mercado ordinario de trabajo.
- Medidas al fomento del empleo con apoyo en el mercado ordinario de trabajo. - Medidas dirigidas a la integración laboral de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo.
- Incentivos a la generación de empleo indefinido en los Centros Especiales de Empleo.
- Incentivos al mantenimiento de los Centros Especiales de Empleo (que entre otras medidas incluye el abono del 50 % del SMI de cada trabajador).
- Incentivos a las Unidades de Apoyo a la Actividad profesional en Centros Especiales de Empleo.
En Castilla y León hay 160.000 personas con discapacidad, de las cuales el 45 por ciento viven en el medio rural. La dificultad para el acceso al empleo queda evidenciada cuando comprobamos que la tasa de actividad de la población en general entre 16 y 64 años es del 75,9 por ciento, mientras la tasa de actividad de las personas con discapacidad cae al 36,2 por ciento.
La Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Castilla y León en su artículo 26 establece: "Las políticas de empleo, en el marco de la normativa aplicable en este ámbito, tendrán como objetivo prioritario aumentar las tasa de actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad, así como mejorar la calidad del empleo y dignificar sus condiciones de trabajo, combatiendo activamente su discriminación y avanzando en su igualdad efectiva en este ámbito. En este sentido, fomentarán sus oportunidades de empleo y promoción profesional en el mercado laboral y promoverán los apoyos necesarios para la búsqueda, obtención mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar las siguientes actuaciones:
1. Dirigirse al Gobierno de España para que solicite la derogación de la disposición final undécima del Real Decreto-ley 3/2012, de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y dar de nuevo vigencia plena a las "Medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad" contenidas en el Anexo del Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprobó la Estrategia Española de empleo 2012 - 2014.
2. En tanto el gobierno de España recupera las ayudas incluidas en las "Medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad", la Junta de Castilla y León mantendrá las ayudas dirigidas a la financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales de Empleo.
3. El abono de las cantidades correspondientes a la financiación de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, se abonarán dentro de los 30 días siguientes a la resolución del expediente de subvención.
Valladolid, 3 de enero de 2014
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,
Ana María Agudíez Calvo,
Esther Pérez Pérez,
David Jurado Pajares y
María Teresa López Martín
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Óscar López Águeda
PNL/001049-01
CVE="BOCCL-08-017962"
