PNL/001108-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de febrero de 2014, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001108, presentada por los Procuradores D. Juan Luis Cepa Álvarez, D.ª Ana Sánchez Hernández, D. Javier Campos de la Fuente, D.ª María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez, D.ª María Mercedes Martín Juárez y D. Francisco Ramos Antón, instando a la Junta de Castilla y León a exigir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la retirada del proyecto de ley de representatividad del sector agrario.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de febrero de 2014.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Juan Luis Cepa Álvarez, Ana Sánchez Hernández, Javier Campos de la Fuente, María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez, Mercedes Martín Juárez y Francisco Ramos Antón, Procuradores del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Agricultura y Ganadería:

ANTECEDENTES

El Consejo de Ministros ha aprobado el día 10 de enero de 2014 el proyecto de Ley de representatividad del sector agrario y la creación del Consejo Asesor Agrario, con el fin de regular el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y en el ámbito estatal.

La consulta se verificará mediante voto personal, directo y secreto de los agricultores, ya sean personas físicas o jurídicas, de forma presencial en las mesas habilitadas al efecto o mediante voto por correo.

En concreto, se instalará una mesa de consulta en cada capital de provincia y tantas comarcales como sean necesarias, en función del censo de la demarcación provincial. Las mesas incluyen un máximo de 1.400 electores.

Los inscritos en el censo podrán participar en la consulta que se realizará en todo el territorio nacional de forma simultánea para determinar las organizaciones profesionales agrarias más representativas.

Las organizaciones profesionales agrarias rechazan el modelo de representatividad agraria que pretende el Gobierno. En líneas generales aseguran del mismo "que se aleja de todo lo que puede del modelo de agricultura profesional" y consideran "que no se ofrecen las suficientes garantías democráticas al no basarse en la Ley General de Elecciones". Añaden "que es lamentable que en el censo puedan entrar quienes no sean profesionales del sector, así como que no se facilite la participación en esta consulta popular a todos los pueblos y al no regularse convenientemente el voto por correo”.

Asaja de Castilla y León ha cuestionado "tanto la oportunidad como el contenido" del proyecto de Ley de Representatividad de las organizaciones profesionales agrarias que ha recibido el Consejo de Ministros del 10 de enero de 2014. La nueva norma, "se aleja todo lo que puede del modelo de agricultura profesional, que es el que Asaja de Castilla y León defiende". Otro error en el que se incide en el articulado del Proyecto de Ley es en establecer un número mínimo de urnas por provincia, "dando escasas facilidades para votar a los que se supone que tienen que hacerlo, los agricultores y ganaderos, que residen en los numerosos núcleos de población que se reparten por nuestro extenso territorio".

Para la Alianza por la Unidad del Campo, UPA-COAG, el contenido del Anteproyecto de Ley se deducen enormes carencias en cuanto a garantías democráticas, ya que el procedimiento que se fija para determinar la representatividad no se basa en un proceso electoral conforme a la Ley Electoral General -como es el que se desarrolla en Castilla y León-, sino en una consulta popular, que deja enormes lagunas en cuestiones esenciales como el censo o la ubicación de las mesas electorales, o la insuficiente regulación del voto por correo. Por otra parte, no es de recibo que el Gobierno justifique esta propuesta legislativa en la necesidad de "legitimar" la representatividad actual de las organizaciones, cuando la misma está sustentada en la Ley 10/2009, de 20 de octubre, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos de las Cortes Españolas hace cuatro años.

La Alianza considera lamentable que el ministro plantee una simple consulta popular pero con consecuencias propias de un proceso electoral, en materia de representatividad ante los organismos públicos o de gestión del patrimonio sindical agrario.

En una hipotética consulta tal cual está planteada en el Anteproyecto de Ley no tendrán los mismos derechos todos los agricultores y ganaderos, ya que no habrá mesas electorales en todos los pueblos. Al poner mesas sólo en determinados lugares, será más fácil acudir a votar a la mesa que se situaría cerca del Paseo de la Castellana que a los ganaderos que tienen su explotación en la sierra, por ejemplo, y que tendrán que recorrer en algunos casos más 200 kilómetros para votar. Además, no se regula convenientemente el voto por correo, cuestión especialmente llamativa por el evidente riesgo de que se cometa un fraude electoral, como ya ocurrió en las últimas elecciones a cámaras agrarias en Castilla y León.

Por otra parte, se abre la posibilidad a participar a cualquier persona que tenga un determinado nivel de ingresos agrarios, como rentas o subvenciones, aunque no sea profesional. Esto muestra a las claras la falta de apuesta por un modelo social agrario para nuestro país que se fundamente en el empleo y la actividad real de las explotaciones. En definitiva, UPA-COAG apuesta por un sistema auténticamente democrático de representación que recoja la voluntad libre de todos los profesionales del sector.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a exigir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la retirada del proyecto de ley de representatividad del sector agrario, y que haga una consulta con las Comunidades Autónomas, competentes en materia agraria y con las Organizaciones profesionales agrarias, con el fin de lograr una ley consensuada por todo el sector.

Valladolid, 7 de febrero de 2014.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Juan Luis Cepa Álvarez,

Ana Sánchez Hernández,

Javier Campos de la Fuente,

María del Rosario Gómez del Pulgar Múñez,

María Mercedes Martín Juárez y

Francisco Ramos Antón

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Óscar López Águeda