PNL/001148-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de marzo de 2014, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001148, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a elaborar una estrategia autonómica de defensa de los consumidores y usuarios de electricidad de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de marzo de 2014.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

Hasta la fecha, el coste de producción de la energía se ha venido estimando a partir del método de cálculo previsto en la normativa tomando como referencia el resultado de la subasta que a tal efecto se celebraba. Estas subastas, denominadas subastas CESUR, se encuentran reguladas en la Orden ITC/1601/2010, de 11 de junio, por la que se regulan las subastas CESUR a que se refiere la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, a los efectos de la determinación del coste estimado de los contratos mayoristas para el cálculo de la tarifa de último recurso.

Se trata de un mecanismo de contratación a plazo, para un horizonte trimestral, en el que venían participando los comercializadores de referencia (antes comercializadores de último recurso) como adquirentes de energía eléctrica para el suministro a los consumidores acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor (anteriormente, la tarifa de último recurso).

El pasado 19 de diciembre de 2013 se celebró la vigesimoquinta subasta CESUR. La CNMC, como entidad supervisora de la misma, recomendó que no procedía validar los resultados de la 25.ª subasta CESUR, a la vista de la concurrencia de determinadas circunstancias atípicas. Posteriormente, con fecha 7 de enero de 2014, la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC aprobó el Informe sobre el desarrollo de la 25.ª subasta CESUR en el que tras un análisis más detallado de los datos disponibles confirmó y completó las razones que llevaron a proponer la no validación de la subasta. En concreto, en su informe considera que concurrieron "circunstancias atípicas" que impidieron que la puja se desarrollara en un entorno de "suficiente presión competitiva".

Este hecho ha suscitado un replanteamiento de la regulación de la tarifa eléctrica. Así pues, el Ministerio de Industria ha remitido recientemente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el borrador del real decreto que establece este nuevo mecanismo, que sustituye al actual sistema de subastas. El nuevo sistema de fijación de la tarifa de la luz entrará en vigor previsiblemente en abril (se llamará precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC, en sustitución de la TUR), a él podrán acceder los clientes con una potencia inferior a 10 kilovatios (actualmente 16 millones de viviendas). La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprecia luces y sombras en la nueva fórmula para el cálculo de la tarifa eléctrica. El regulador de los mercados cree que la nueva metodología puede reducir el precio de la electricidad al eliminar la cobertura de las subastas trimestrales, pero haciéndolo menos estable, con variaciones que pueden oscilar entre dos y seis euros al mes.

La CNMC concluye que la nueva fórmula complica el cálculo de la factura al comercializador al tener que facturar por horas y, por ello, recomienda ampliar el plazo de un mes para su entrada en vigor. Así mismo, este organismo concluye que el nuevo mecanismo no es completo, es solo un parche y que hacen falta reformas más profundas para garantizar una competencia real que permita reducir el precio de la energía y rebajar la tarifa doméstica.

Como quiera que las administraciones (tanto la Administración Central como la Administración autonómica) deben velar por la defensa de los consumidores y proteger sus legítimos intereses, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1.º- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a elaborar una estrategia autonómica de defensa de los consumidores y usuarios de electricidad de Castilla y León en la que se ponga en marcha una labor informativa dirigida al consumidor para que conozca los nuevos equipos de medida con telegestión, de manera que los consumidores puedan conocer cómo afectan sus decisiones de consumo horario a su factura eléctrica y dónde pueden comprobar que se les ha facturado correctamente, ya que tan solo los consumidores informados y que tengan equipos de medida con telegestión tendrán capacidad, por el momento, para utilizar eficientemente las señales de precio que se deriven del mercado, de modo que éstas repercutan en una reducción del precio medio que pagan.

2.º- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a trasladar al Gobierno de España la necesidad de que, previo a la entrada en vigor de la nueva regulación energética, elabore una estrategia nacional para la competitividad energética que haga compatibles los intereses de consumidores, usuarios y pequeñas y medianas empresas con la calidad y eficacia del servicio de red eléctrica. De tal manera que el nuevo cómputo garantice una mayor estabilidad de precios que permita tanto a los consumidores domésticos como a los autónomos y pequeños y medianos empresarios, hacer previsiones de gasto lo más ajustadas posibles.

3.º- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a impulsar un plan integral contra la pobreza energética, con la participación de todas las administraciones y que facilite la negociación con las empresas energéticas, con el fin de establecer moratorias del corte de suministro eléctrico para aquellas personas y familias que por circunstancias sobrevenidas de falta de empleo o sobreendeudamiento se encuentran en situación de pobreza energética.

Valladolid, 18 de marzo de 2014.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Óscar López Águeda