PNL/001152-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de marzo de 2014, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001152, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. González Suárez (IU), instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para solicitar la retirada del Real Decreto que permite a Nuclenor solicitar la renovación de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Economía y Empleo.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de marzo de 2014.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Procurador de Izquierda Unida de Castilla y León, D. José María González Suárez, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Economía y Empleo,

ANTECEDENTES

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) inició su funcionamiento en 1971, y fue diseñada para funcionar no más de 40 años (aunque la zona de almacenamiento de residuos fue diseñada sólo para una vida útil de 25 años). Desde el 7 de julio de 2013 se encuentra en situación de cese definitivo de la actividad o de pre-desmantelamiento, una vez expiró su licencia de operación. La planta no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la inminente entrada en vigor de un nuevo impuesto al combustible nuclear, el titular decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, algo que consideraba "inasumible".

Durante el año 2013 se ha demostrado que no es necesaria su aportación a la generación eléctrica. A pesar de lo que dicen los lobbys pronucleares, los datos de Red Eléctrica Española, en su avance del Informe del Sistema Eléctrico España de 2013, indican que la potencia instalada es de 102.281 MW, es decir 556 MW más que en el año 2012; y que la mayor demanda fue de 45.450 MW el 17 de diciembre de 2012. Esto demuestra que estamos en una situación de sobrecapacidad de producción de energía eléctrica.

Además, si tenemos en cuenta el balance de CO2, no se puede decir que la producción de energía eléctrica mediante energía nuclear sea limpia, puesto que para extraer, producir, refinar, y transportar el combustible, y para gestionar los residuos se produce una cantidad de CO2 que sobrepasa con mucho a otras industrias productoras de electricidad, y por supuesto a todas las energías renovables.

A pesar de ello, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de febrero un Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura del Combustible Nuclear Gastado y de los residuos radiactivos que hace posible que Nuclenor, titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), pueda pedir la renovación de la licencia antes del 6 de julio. Esta decisión, según reconoce la propia Vicepresidenta del Gobierno, abre la puerta para que la planta pueda volver a operar.

La decisión tomada por el Consejo de Ministros significa anteponer los intereses de Nuclenor, que es la empresa propietaria de la central de Garoña, por encima de la salud y seguridad de la ciudadanía castellano y leonesa. Este Real Decreto incorpora disposiciones adicionales y transitorias en la norma aprobada de tal manera que Garoña podrá acogerse a la fórmula de "renovación de la autorización de explotación".

Concretamente la Disposición Transitoria sexta añadida hace referencia a las centrales que, una vez se apruebe este Real Decreto, hubieran obtenido una declaración de cese definitivo de la explotación por razones distintas a las de seguridad nuclear o protección radiológica y les autoriza a solicitar la renovación de la autorización de explotación, siempre que no hubiera llegado a transcurrir un año desde la obtención de declaración de cese. Justamente este es el caso de la Central de Santa María de Garoña.

Éste no es más que el último despropósito de un Gobierno y un Ministro que están a merced del lobby nuclear, y al que no le importa desoír a la ciudadanía, e incluso desautorizar al Consejo de Seguridad Nuclear.

Para que la CN de Santa María de Garoña pueda reabrir, Nuclenor, empresa propietaria de la Central Nuclear, tendría que hacer inversiones en los sistemas de seguridad por valor de unos 152 millones de euros, tal y como han demostrado las pruebas de stress a las que ha sido sometida.

La decisión de reabrirla obedece exclusivamente a intereses empresariales y no a necesidades sociales. La instrucción de Seguridad IS22 del Consejo de Seguridad Nuclear para la gestión del envejecimiento de las centrales a largo plazo exige la presentación de un Plan Integral de Evaluación y Gestión del Envejecimiento con tres años de antelación a renovar la autorización de explotación. Por lo tanto sería completamente ilegal su reapertura antes de tres años.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Dirigirse al Gobierno Central para solicitar la retirada inmediata del Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el día 21 de febrero que permite, a Nuclenor, solicitar la renovación de la explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

2. Adoptar las iniciativas políticas necesarias para conseguir el cierre definitivo y el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Valladolid, 5 de marzo de 2014.

EL PROCURADOR,

Fdo.: José María González Suárez