PE/005353-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 24 de abril de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta para respuesta escrita, PE/005353, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª María Mercedes Martín Juárez, relativa a atención sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular.

Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 24 de abril de 2014.

La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Mercedes Martín Juárez, Procuradora perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Desde el 1 de septiembre de 2012, el Gobierno de España ha limitado, a través del Real Decreto-ley 16/2012, el derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular que, desde esa fecha y con la excepción de algunos supuestos, deben pagar para recibir asistencia sanitaria, incluida la asistencia primaria.

Esta reforma ha dejado sin tarjeta sanitaria a miles de personas migrantes impidiendo o dificultando enormemente su acceso al sistema sanitario e, incluso, poniendo su vida en riesgo en algunas ocasiones. Diferentes sectores sociales y, sobre todo, el propio sector sanitario han manifestado su rotunda oposición a esta reforma que supone una clara infracción de uno los derechos humanos más elementales como es el derecho a la salud.

Pasado ya más de un año de la entrada en vigor de dicho RD-ley,

PREGUNTA

1. ¿Está llevando a cabo la Consejería de Sanidad algún tipo de control o supervisión sobre cómo se está llevando a cabo el cumplimiento del RD-ley 16/2012 y si se aplica de igual manera en todos los centros de salud y hospitales? En caso afirmativo, ¿en qué consiste?

2. ¿Han entrado en funcionamiento los convenios especiales? En caso afirmativo: ¿cuántas personas lo han solicitado, especificando por provincias?

3. ¿Ha realizado la Junta de Castilla y León la evaluación que permita de forma correcta medir el impacto de dicha norma en el derecho a la salud de las personas inmigrantes?

Valladolid, 11 de abril de 2014.

LA PROCURADORA,

Fdo.: María Mercedes Martín Juárez