M/000166-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2014, ha admitido a trámite la Moción, M/000166, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de educación no universitaria, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 29 de abril de 2014.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2014.

La Secretaria Segunda de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Teresa Jesús Gutiérrez Álvarez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000166 relativa a "Política general de la Junta en materia de educación no universitaria":

ANTECEDENTES

El pasado mes de abril, se cumplían dos años de la publicación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, un Real Decreto-ley que en realidad no recogía medidas para la racionalización sino para aplicar un recorte en Educación de 3.000 millones de euros.

En nuestra comunidad, su aplicación supuso la pérdida de aproximadamente 1.000 interinos, el aumento de la ratio en las aulas o el retraso en cubrir las bajas laborales de los docentes. A lo anteriormente citado habría que añadir otras consecuencias que han perjudicado al conjunto del sistema educativo de Castilla y León.

Pero nuestra comunidad educativa se ha visto afectada por más recortes ya que las cantidades económicas que venían del gobierno de España para la implantación o el desarrollo de programas educativos en Castilla y León se han visto sensiblemente reducidas en los dos últimos años. Así podemos destacar cómo la partida destinada a ayudas para la compra de libros de texto ha pasado de una cantidad cercana a los 20 millones de euros a 6 millones en la última convocatoria; o cómo el Programa Educa 3, destinado a la creación de plazas públicas para niños y niñas de 0 a 3 años, ha pasado de dotarse con más de 5 millones de euros a desaparecer por completo; igual suerte corría el Programa Escuela 2.0 a través del cual llegó a Castilla y León una aportación de más de 6,5 millones de euros en 2011, un programa que el gobierno de Mariano Rajoy también anuló.

Esta situación de precariedad en los recursos destinados a Educación obliga a vigilar e intensificar el control sobre cómo se invierte el dinero público. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado, en reiteradas ocasiones, una práctica habitual en la Consejería de Educación que consiste en aportar grandes cantidades de dinero a la escuela privada-concertada por encima de lo presupuestado inicialmente. En concreto, esta práctica ha supuesto el incremento de 253 millones de euros a lo largo de los últimos 5 años sobre el dinero inicialmente aprobado para sufragar gastos de conciertos educativos. A pesar de estas denuncias y de la demanda de explicaciones, hasta el momento de registrar esta iniciativa parlamentaria, la Junta de Castilla y León no ha ofrecido ninguna aclaración.

Insuficientes explicaciones también se han ofrecido hasta el momento sobre otra de las cuestiones más trascendentales para la comunidad educativa en esta legislatura como es la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, una ley que en Castilla y León ha sido y es rechazada por la comunidad educativa.

El Consejero de Educación, Juan José Mateos, ha reclamado al gobierno de España una financiación suficiente para su puesta en marcha. Así lo manifestó en el Senado, en la Comisión General de Comunidades Autónomas celebrada en octubre de 2013 para debatir la incidencia en las Comunidades Autónomas de la ley educativa impulsada por el Ministro Wert. En el mismo sentido se ha pronunciado en varias ocasiones en las Cortes de Castilla y León, afirmando que no pondría en marcha la ley si no llegaba financiación adicional por parte del gobierno de España para ello.

Por lo expuesto se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

- Respaldar la posición del Consejero de Educación de Castilla y León manifestada en sede parlamentaria, en el sentido de no aplicar la LOMCE si nuestra comunidad autónoma no recibe la financiación suficiente por parte del gobierno de España para su desarrollo.

- No incrementar las partidas recogidas en los presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2014 destinadas a la financiación de la escuela privada-concertada, teniendo en cuenta que esas partidas se fijan en función de unos criterios oficiales por lo que su cantidad debería estar correctamente reflejada en los presupuestos aprobados.

- Remitir a las Cortes de Castilla y León una comunicación relativa a la financiación de la enseñanza concertada, que contemple las modificaciones al alza realizadas en las partidas destinadas a sufragar los conciertos educativos, que han supuesto en los últimos cinco años un incremento de 253 millones de euros sobre las cantidades aprobadas en los Presupuestos de la Junta de Castilla y León".

Valladolid, 2 de mayo de 2014.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Óscar López Águeda