PNL/001266-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de septiembre de 2014, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001266, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a impulsar la creación de un grupo de trabajo compuesto por representantes de las formaciones políticas con representación en las Cortes de Castilla y León, al objeto de elaborar una propuesta consensuada de las modificaciones normativas necesarias para impulsar la transparencia, la participación y la regeneración de la vida pública.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de septiembre de 2014.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

En un momento en el que la crisis económica en confluencia con la crisis social hace que los ciudadanos están poniendo en cuestión el funcionamiento de las Instituciones y su adecuación para servir a los intereses generales, es imprescindible la adopción de medidas que respondan a esa inquietud y que impulsen con urgencia una regeneración perceptible de la vida pública.

En esta situación, junto con la apertura de nuevos cauces de participación de la sociedad, es necesario reforzar el funcionamiento de las Instituciones, particularmente de aquellas a las que competen las funciones de control facilitando el desempeño de sus funciones de una forma transparente y eficaz.

Estas reformas deben estar, además, acompañadas de otras medidas que garanticen una vida política más dinámica y trasparente y que acerque la figura de los servidores públicos a las características que la sociedad está demandando.

Además los efectos de la crisis aconsejan el establecimiento de un suelo mínimo en el gasto social que suponga una garantía para la sociedad en general y para los más desfavorecidos en particular freste a situaciones como la que España está viviendo actualmente.

Por todo ello, ante la necesidad de abordar reformas en la vida pública que respondan a las exigencias de la sociedad de una mayor transparencia en el funcionamiento de las Instituciones, de una mayor participación de la sociedad en el diseño y ejecución de las políticas públicas y de un mayor control de la administración, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a impulsar la creación de un grupo de trabajo compuesto por representantes de las formaciones políticas con representación en las Cortes de Castilla y León, al objeto de elaborar una propuesta consensuada de las modificaciones normativas necesarias para impulsar la transparencia, la participación y la regeneración de la vida pública, en los siguientes ámbitos:

1.- Con respecto al Estatuto de Autonomía de Castilla y León:

1.1. Introducción de la limitación de mandatos para el Presidente de la Junta de Castilla y León a un periodo máximo de ocho años o dos legislaturas completas.

1.2. Eliminación del aforamiento de los Procuradores de las Cortes de Castilla y León por ostentar dicha condición, manteniendo únicamente el supuesto de inviolabilidad por los votos emitidos y las opiniones manifestadas en el ejercicio de su cargo.

1.3. Modificación de las previsiones referidas a la elección del Presidente de la Junta de Castilla y León, de forma que su elección se produzca entre aquellos miembros de las Cortes de Castilla y León que hubieran sido designados por las correspondientes formaciones políticas o coaliciones electorales como candidatos a tal cargo con carácter previo a la celebración de las elecciones y a través de un proceso reglado de elecciones primarias con la participación de los electores.

1.4. Establecimiento de un mínimo de inversión social que vincule la inversión en políticas sociales al PIB de la Comunidad en el porcentaje que se considere y que suponga un seguro para los ciudadanos y especialmente para los más necesitados que garantice la calidad de nuestra sanidad, de nuestra educación, de la atención a los dependientes, de la lucha contra la pobreza, de las políticas de fomento del empleo y que suponga una cláusula de garantía para la igualdad en la sociedad castellana y leonesa.

2.- Con respecto a las Cortes de Castilla y León:

2.1. Modificación del sistema de creación de Comisiones de Investigación, de forma que esta no pueda ser bloqueada por las mayorías parlamentarias, procediéndose a su creación automática cuando fuera solicitada por más de un Grupo Parlamentario o un número relevante de Procuradores.

2.2. Introducción de garantías de cumplimiento de las obligaciones de la Junta de Castilla y León con la Cámara en el ejercicio de sus funciones de control.

2.3. Creación de una Oficina del Ciudadano de las Cortes de Castilla y León, como cauce de participación directa de estos.

2.4. Modificación de la Ley Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León de forma que se reduzcan aquellos aspectos que no pueden ser objeto de la misma, aumentándose así el ámbito de participación de los ciudadanos y las entidades locales.

2.5. Adopción de las resoluciones necesarias para que todas aquellas sesiones del Pleno y las Comisiones que no hubieran sido declaradas secretas de forma motivada y con arreglo a las previsiones del Reglamento, puedan ser seguidas a través de emisiones abiertas y en directo en la página web de las Cortes de Castilla y León.

3.- Con respecto a la participación ciudadana en el diseño y seguimiento de las políticas públicas:

3.1. Establecimiento de un procedimiento que garantice la participación de las organizaciones sociales, de los colectivos afectados en cada caso y de los entes locales en el diseño de las políticas públicas sectoriales.

3.2. Establecimiento de una reserva económica en cada uno de los Proyectos de Presupuestos Generales de la Comunidad para su destino a nuevos proyectos de inversión que habrán de ser determinados a través de la fórmula de presupuestos participativos.

3.3. Establecimiento de un sistema de evaluación periódica de ejecución presupuestaria y evaluación de objetivos, cuya información sea pública y cuyos resultados sean incorporados en el diseño de futuras políticas.

3.4. Impulso de los cauces de participación ciudadana, profundizando en el concepto de gobierno abierto como cauce de transparencia, participación y colaboración de forma paralela al impulso de la participación directa de las organizaciones ciudadanas.

4.- Con respecto a la transparencia de la Administración y al control de su funcionamiento y a la regeneración de la vida pública:

4.1. Establecimiento de mecanismos que garanticen la objetividad y transparencia en los gastos de las administraciones públicas mediante la publicidad de todas las contrataciones que se realicen por la administración y de las empresas o personas adjudicatarias y la cuantía de cada contrato, todo ello preferentemente a través de Internet de forma que su acceso resulte cómodo y fácil para el ciudadano.

4.2. Reforzar la obligación de rendición de cuentas a través del uso de las Tecnologías de la Comunicación y específicamente de la publicación on line de informes de evaluación detallada de políticas y programas relevantes.

4.3. Garantizar la independencia de las Instituciones propias de la Comunidad Autónoma, evitando actuaciones que pudieran obstruir su funcionamiento. En este sentido se reforzará la autonomía del Consejo de Cuentas de forma que no puedan bloquearse las iniciativas que pudieran adoptar el mismo en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.

4.4. Establecimiento de garantías para que los empleados públicos puedan ejercer sus funciones con profesionalidad y objetividad y al servicio de los intereses públicos, sin que puedan ser perturbados en sus funciones por intereses distintos y reversión de las externalizaciones realizadas para la gestión de servicios públicos a fin de que esta sea realizada por empleados públicos profesionales.

4.5. Elaboración y suscripción de un Código de Conducta común para los partidos con representación parlamentaria que pueda aplicarse en los casos de sospecha fundada de comisión de delitos por personas que aspiran a ir en las listas electorales o que están ejerciendo cargos públicos.

Valladolid, 9 de julio de 2014.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Óscar López Águeda