PNL/001318-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de octubre de 2014, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001318, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a realizar ante el Gobierno de España las gestiones necesarias para que este lleve a cabo actuaciones en relación con las becas y el importe de las matrículas universitarias.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de octubre de 2014.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

Para garantizar la efectiva igualdad de oportunidades en la educación post obligatoria, en el año 2005 las becas fueron reconocidas como un derecho de los estudiantes y las estudiantes que las precisaran por sus condiciones socioeconómicas. Nuestro país ha sido un ejemplo en el avance de la educación superior y hoy tenemos los índices más altos de éxito académico, en torno al 78 %. Un dato que, si se compara con los datos de países de la OCDE (70 %) y de la UE-21 (69 %), muestra el rendimiento del estudiantado universitario español.

Desgraciadamente, el Gobierno de España a partir del año 2012 sólo se ha dedicado a poner trabas a las estudiantes y los estudiantes universitarios. Primero con la subida de los precios públicos de matrícula, más conocidos como tasas universitarias, y después con una reforma del sistema de becas que las elimina como derecho de todos los que las necesitan, afectando gravemente a la igualdad de oportunidades. Las becas ya no son una garantía de igualdad en el acceso a la educación, son un premio para unos pocos.

Más dificultades y menos recursos en los presupuestos cuando las necesidades para familias y estudiantes son mayores a causa de la crisis. El presupuesto que el Ministerio de Educación destina a becas y ayudas al estudio ha caído un 15,75 % en los dos últimos cursos, lo que ha supuesto que al menos haya un descenso de 275 millones de euros. El balance del Gobierno de España presidido por el Sr. Rajoy Brey en materia de becas y ayudas es una reducción del 40 % en el número de ayudas y, por tanto, la quiebra del principio de igualdad de oportunidades en la educación.

Pero la situación es más grave. Tal como refleja el Informe "Education at a Glance", la OCDE clasifica a España como "sistemas de ayudas a los estudiantes poco desarrollados". Al actual Gobierno de España este hecho no le ha preocupado, en una muestra de su falta de interés por cualquier mecanismo que favorezca la igualdad real en el acceso a los derechos que reconoce la Constitución a todos los españoles y las españolas.

Así, el actual Gobierno de España desoye las recomendaciones de la OCDE, de los partidos políticos, de las organizaciones educativas y del alumnado universitario, además de incumplir la ley al no convocar el Observatorio de Becas, un organismo creado para el estudio y la toma de decisiones compartidas con la comunidad educativa. El actual Gobierno de España tiene su propio plan, subir las tasas, reducir y limitar las becas y fomentar los préstamos bancarios a universitarios. En definitiva, aumentar sustancialmente la financiación privada de la educación superior, tal como ha sugerido públicamente la Secretaría General de Universidades.

Los universitarios y las universitarias han demostrado su valía, su talento y su esfuerzo, a pesar de un Gobierno que se empeña en castigar a los alumnos con menos recursos negándoles el disfrute pleno de un derecho que la Constitución les reconoce. Las becas han de garantizar a cualquier estudiante poder desarrollar su talento, independientemente de su capacidad económica.

La política universitaria del actual Gobierno de España conduce inevitablemente a una disminución del número de estudiantes universitarios, al agravamiento de las dificultades económicas de las universidades públicas y a la ruptura de la equidad en el acceso a la Universidad; en definitiva, a la pérdida de oportunidades y del talento de muchos de nuestros y nuestras jóvenes.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar ante el Gobierno de España todas las gestiones que sean necesarias para:

a) Modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar íntegramente su naturaleza de derecho y establecer criterios claros, objetivos y ponderables en su concesión de tal manera que el solicitante pueda conocer de antemano los criterios por los cuales se le otorgan y la cuantía que percibirá si le es concedida.

b) Restituir los requisitos académicos vigentes para el curso 2011-2012, fijando como cuantías base para las componentes de compensación y por movilidad las de ese mismo curso.

c) Actualizar los umbrales de renta y patrimonio según la variación del IPC desde 2011.

d) Establecer un periodo máximo de 3 meses para la resolución de los expedientes de solicitud de beca.

e) Adoptar las medidas necesarias para renunciar a exigir los reintegros previstos en el artículo 41.b) de la Resolución del 13 de agosto de 2013 a los estudiantes que cumplieron todos los requisitos exigidos para obtener su beca en el momento de su concesión.

f) Añadir una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matrícula a los licenciados y graduados en situación de desempleo que realicen estudios de postgrado en Universidades públicas con el fin de mejorar su cualificación.

g) Convocar con carácter de urgencia el Observatorio de Becas creado a través del Real Decreto 1220/2010, de 1 de octubre.

h) Adoptar las medidas necesarias para reducir el importe de los precios de las matrículas universitarias, suprimiendo las restricciones a la capacidad de la Conferencia General de Política Universitaria de establecer los límites de los precios públicos de matrícula introducidas por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo."

Valladolid, 22 de septiembre de 2014.

LA PORTAVOZ ADJUNTA,

Fdo.: Ana María Carmen Redondo García