POC/001128-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 6 de noviembre de 2014, ha admitido a trámite la Pregunta para respuesta Oral en la Comisión de Hacienda, POC/001128, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José María González Suárez, relativa a deudas de empresas y entes públicos de la Junta de Castilla y León.

Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de noviembre de 2014.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José María González Suárez, Procurador de Izquierda Unida perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 150 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación oral ante la Comisión de Hacienda:

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de octubre del año 2013, este procurador presentó una pregunta ante la Comisión de Hacienda sobre la aceptación de una deuda de 12,5 millones de euros acumulada por la empresa ADE-Parques Tecnológicos, entonces liquidada. No hubo respuesta.

En esta ocasión, se trata de otra deuda adquirida por el ente público Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, la que ha asumido otra deuda de los entes fusionados en ella, EXCAL, ADE-Financiación y ADE-Europea, por valor de 2,5 millones de euros, a causa del impago del alquiler de sus oficinas, radicadas en el Edificio Administrativo de la Junta en Arroyo de la Encomienda.

Este edificio reúne sobre sí todas las peores sospechas derivadas de las corruptelas de la burbuja inmobiliaria. Ahora sabemos que, si no todos, al menos, algunos de los entes que cobija no han pagado sus alquileres, al tiempo que esos entes públicos han dejado de pagar otras responsabilidades como el suministro eléctrico, el agua corriente, el IBI y los servicios de limpieza y mantenimiento.

Por si esto no bastara, tampoco existe un contrato legal de alquiler entre la Junta y estos entes públicos, incumpliendo la legislación vigente, entre la cual el Decreto 67/2011.

PREGUNTA

¿Seguirán aflorando irregularidades y deudas de empresas y entes públicos cuyo cargo caerá sobre el bolsillo de los contribuyentes de Castilla y León, sin que la Junta aplique las sanciones correspondientes a los gestores de las mismas?

Valladolid, 15 de octubre de 2014.

EL PROCURADOR,

Fdo.: José María González Suárez