M/000101-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de diciembre de 2014, ha admitido a trámite la Moción, M/000101, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de financiación autonómica, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 25 de noviembre de 2014.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de diciembre de 2014.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000101, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de financiación autonómica.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a recabar del Gobierno de España que impulse la revisión del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas desarrollando un nuevo modelo, apoyado en el máximo consenso posible, basado en los siguientes criterios:

1.1 Defensa a ultranza de las características propias recogidas en el Estatuto como son la extensión territorial, la dispersión, la baja densidad o el envejecimiento de la población.

1.2 La necesidad de que el nuevo sistema sea el resultado de un consenso multilateral y en ningún caso bilateral.

1.3 La potenciación del principio de suficiencia garantizando que las CCAA dispongan de los recursos suficientes para financiar de forma estable y permanente la gestión y el desarrollo de sus competencias y la prestación de los servicios.

1.4 La garantía de la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las CCAA, garantizándose el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.

1.5 La cuantificación de las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas atendiendo a las necesidades reales de las mismas en consideración a sus características, tomando como base los niveles de prestación de servicios previos a los recortes sufridos en las distintas políticas públicas, así como el impacto de modificaciones legislativas como la Ley de reforma local, la LOMCE o la Ley de Autonomía Personal.

1.6 La potenciación de los mecanismos de nivelación y solidaridad y en concreto del Fondo de Compensación Interterritorial.

1.7 La incorporación al sistema de mayores recursos financieros.

1.8 La incorporación de mecanismos de revisión anual del sistema de financiación que permitan garantizar la suficiencia dinámica y la plena efectividad del principio de lealtad institucional, valorándose el impacto financiero, positivo o negativo, de las disposiciones generales y medidas adoptadas por el Estado estableciéndose los mecanismos de ajuste necesarios para evitar cualquier tipo de perjuicio a la suficiencia financiera de la Comunidad, al desarrollo de sus competencias o a su crecimiento económico.

2. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a requerir del Gobierno de España que impulse la revisión de la Constitución Española en los siguientes aspectos:

2.1 Contemplar en el Título VIII con mayor precisión los principios que han de regir el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, como son la autonomía financiera, el principio de solidaridad interterritorial, el principio de corresponsabilidad, el principio de suficiencia y el principio de coordinación.

2.2 Introducir una regulación específica de la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas en materia tributaria, atribuyendo a estas, además de la gestión de sus propios tributos, la de aquellos totalmente cedidos, contribuyendo a la corresponsabilización en el gasto. Esta regulación habrá de contemplar el establecimiento de un suelo homogéneo en la imposición sobre sucesiones y donaciones así como la consideración del carácter exclusivamente estatal del impuesto sobre sociedades.

2.3 Inclusión del derecho a la protección de la salud y a la protección social entre los derechos fundamentales de los ciudadanos del Capítulo II del Título I en lugar del actual tratamiento como principios rectores de la política social y económica.

2.4 Incorporación del principio de estabilidad social del gasto público y establecimiento de un "suelo social constitucional" que garantice un nivel adecuado y suficiente de prestación de los servicios públicos básicos, como son la educación, la sanidad, los servicios sociales o las pensiones.

2.5 Creación de un "Fondo de Garantía del Estado del Bienestar", como fondo de reserva que permita el mantenimiento de las prestaciones de los servicios básicos en situaciones de insuficiencia de recursos.

2.6 Establecimiento de mecanismos de nivelación financiera que, sobre la base de la equidad fiscal y del principio de esfuerzo fiscal similar, aseguren los derechos sociales básicos de todos los españoles.

2.7 Creación de un "Fondo de Solidaridad" que integre los actuales fondos de compensación y de cooperación de forma que exista una regulación nítida de los mecanismos financieros de cohesión y convergencia territorial.

Valladolid, 28 de noviembre de 2014.

LA PORTAVOZ,

Fdo.: Ana María Carmen Redondo García