PNL/001369-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de diciembre de 2014, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001369, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España que presente ante el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de diciembre de 2014.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante EL PLENO DE LAS CORTES.

ANTECEDENTES

La pobreza energética es una consecuencia más de la grave crisis social y económica que estamos padeciendo. Se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas.

Según el estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) son ya siete los millones de españoles con enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz al final de mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué cuestiones básicas de subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna, pueden permitirse y cuáles no.

A este dato hay que añadir el que facilita el INE en la encuesta de condiciones de vida que señala que el 9 % de los hogares de nuestro país no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, con los riesgos que ello comporta especialmente para las personas con factores de riesgo más alto como niños, ancianos o enfermos.

Frente a este grave problema existen diferentes posicionamientos: mirar a otro lado, plantear una solución de coyuntura o adoptar medidas estructurales que remedien situaciones dramáticas que pueden ser evitadas con solidaridad y también con la legislación.

La Unión Europea ha instado a los diversos Estados miembros a adoptar medidas para proteger a los consumidores más vulnerables y a luchar contra la pobreza energética. Las normas europeas han sido elaboradas con un doble objetivo: primero, garantizar un suministro de gas y electricidad imprescindible para garantizar una vida digna asociada a la vivienda habitual, a un coste asequible para el consumidor vulnerable; y segundo, prohibir la desconexión en periodos críticos.

Mientras diversos países han aprobado normas que protegen a los consumidores más vulnerables, prohibiendo durante el invierno interrumpir el suministro que les pueda dejar sin calefacción, la legislación española se ha limitado a desarrollos absolutamente insuficientes.

Creemos imprescindible ser sensibles a la situación que muchos de nuestros conciudadanos padecen, y por tanto, estimamos la oportunidad de aprobar una Ley que inste al Gobierno de España a solventar los problemas más urgentes y perjudiciales de pobreza energética, y que marque la orientación prioritaria de la Administración a la hora de afrontar las principales causas por las que esa pobreza energética se produce y manifiesta.

Estimamos preciso que se legisle para que el suministro de energía sea un derecho social básico, que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado, y lo más importante, que no haya cortes de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza energética, financiando la diferencia entre la tarifa social y el consumo real a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Entendemos que es preciso abordar la pobreza energética dentro de un contexto de ampliación de medidas estructurales, como son la mejora de la eficiencia energética de las viviendas vinculadas a las familias con más dificultades, así como el apoyo público a la rehabilitación de las viviendas que ocupan, con la finalidad de conseguir una mayor optimización de los recursos energéticos.

Ante todo creemos que el Gobierno debe reconocer que se trata de una medida de política social, con el propósito de garantizar los principios de progresividad, solidaridad y cohesión respecto de los consumidores más vulnerables, y por ello entendemos que el coste de esta iniciativa se debe sufragar por el conjunto del sistema.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España que de forma inmediata presente en el Congreso de los Diputados para su aprobación una Ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética".

Valladolid, 21 de noviembre de 2014.

LA PORTAVOZ,

Fdo.: Ana María Carmen Redondo García