PNL/001371-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de diciembre de 2014, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001371, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León la modificación del Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, en lo referente al acceso a la renta garantizada de la ciudadanía.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de diciembre de 2014.

La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su artículo 13.9 consagra el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León a acceder a la renta garantizada de ciudadanía cuando se encuentre en situación de exclusión social. Este derecho se reguló a través de la Ley 7/2010, de 30 de agosto.

La Ley 7/2010 se modificó a través del Decreto-Ley 2/2013, de 21 de noviembre, refundiéndose en un texto único a través del Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero.

El artículo 10 del Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, establece los requisitos que deben tener los castellanos y leoneses para ser beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía. En el apartado d) de este artículo se incluye que los solicitantes no han de ser beneficiarios de prestaciones contributivas o no contributivas a cargo de cualquiera de las administraciones públicas.

Esta incompatibilidad está dando lugar a situaciones tremendamente injustas y contrarias a los principios establecidos en el propio Decreto Legislativo. Principio de igualdad que implica "ausencia de cualquier discriminación en el acceso a la renta garantizada de ciudadanía". Principio de equidad que se define como la "respuesta a las situaciones de necesidad y carencia de medios de subsistencia mediante un planteamiento redistributivo de recursos y discriminación positiva". Principio de universalidad que implica el "acceso a la renta garantizada de ciudadanía de todos los que reúnan las condiciones y requisitos exigidos". Principio de solidaridad que se define como la "expresión de la voluntad de todos los ciudadanos de promover cohesión social en beneficio de aquellos que se encuentren en situación desfavorecida". Principio de complementariedad que exige la "atribución a la prestación de la función de completar los ingresos que tuvieran los destinatarios, cuando aquellos no alcancen la cuantía de la renta garantizada de ciudadanía, en el importe que pudiera corresponder". Principio de subsidiaridad que supone la "consideración de la renta garantizada de ciudadanía como la última red de protección respecto a cualquier otra prestación, de forma que se reconocerá cuando, una vez solicitadas todas las prestaciones a que pudieran tener derecho los destinatarios, se haya resuelto su no concesión o se haya agotado su percepción, a salvo de las excepciones establecidas para los supuestos de complementariedad". Por último el principio de atención individualizada que establece que la "adecuación y correspondencia de la prestación con las condiciones y necesidades particulares de todos y cada uno de los destinatarios".

La incompatibilidad entre percibir prestaciones contributivas y no contributivas con la renta garantiza de ciudadanía, cuando la cuantía de éstas no garantiza el cumplimiento de los principios establecidos en la propia ley, se contradice con el objetivo de los mismos y con lo establecido en el Estatuto de Autonomía: "atender a las personas que se encuentren en exclusión social".

El Procurador del Común en la presentación de su informe anual en las Cortes de Castilla y León, el pasado día 23 de septiembre, solicitaba de forma expresa evitar la situación de exclusión en que se encontraba una persona corno consecuencia de percibir una cuantía de 42,6 euros en concepto de subsidio de desempleo, a la que se le negaba la renta garantizada de ciudadanía, además de solicitarle la devolución de las cuantías percibidas de modo indebido. Evidentemente una situación tremendamente injusta.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a impulsar la urgente modificación del Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León de forma que, dando nueva redacción al primer párrafo del apartado d) del artículo 10 de dicha norma se module el requisito que se establece en el mismo de manera que quede referido a la no percepción de prestaciones contributivas o no contributivas a cargo de cualquiera de las administraciones públicas salvo que estas fueran inferiores a la que le correspondería percibir de la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía, en cuyo caso se le complementarán sus ingresos hasta la cantidad que le correspondiera de ésta.

Valladolid, 28 de noviembre de 2014.

LA PORTAVOZ,

Fdo.: Ana María Carmen Redondo García