4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
451. Mociones
M/000125-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de enero de 2015, ha admitido a trámite la Moción, M/000125, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de vivienda, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 9 de diciembre de 2014.
De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de enero de 2015.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000125 relativa a "Política general de la Junta en materia de vivienda":
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
PRIMERO. Desarrollar, en desarrollo y ejecución de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, un paquete de medidas urgentes para el acceso a la vivienda que, en cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, garantice el acceso en condiciones de igualdad de todos los castellanos y leoneses a una vivienda digna mediante la generación de suelo y la promoción de vivienda pública y de vivienda protegida, con especial atención a los grupos sociales en desventaja. Dicho plan contemplará en todo caso las siguientes medidas:
La Creación de Parques Públicos de Vivienda de promoción directa.
Impulsar la firma de convenios de cesión de suelo con los Ayuntamientos interesados, para el fomento viviendas de promoción pública directa en el medio rural.
La delimitación del ámbito de aquello que ha de ser considerado como infravivienda por no reunir unos requisitos mínimos a fin de elaborar un catálogo de inmuebles en esta situación y desarrollar planes para su erradicación.
El incremento de las partidas presupuestarias destinadas a políticas de acceso a vivienda, habilitando créditos necesarios para el abono de las ayudas de vivienda solicitadas por los castellanos y leoneses que han sido denegadas por falta de disponibilidad presupuestaria.
La reactivación de las ayudas y subvenciones públicas que han sido suprimidas en materia de vivienda, para compra, alquiler, rehabilitación y vivienda rural, de manera que faciliten a los castellanos y leoneses el acceso a una vivienda digna. A este fin se establecerá una línea de ayudas autonómicas que compensen las ayudas, suprimidas por el Gobierno de España, a la subsidiación de préstamos a compradores de viviendas de protección pública.
El establecimiento de un régimen específico de ayudas destinadas a personas en situación de mayor necesidad en función de sus rentas, que garantice que el esfuerzo para acceder a una vivienda de protección pública, en propiedad o en régimen de alquiler, no supere la tercera parte o el 25 % respectivamente de sus ingresos.
La modificación de los criterios establecidos por la Orden FYM/1039/2014 de 2 de diciembre por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria, derivadas del Plan Estatal de Fomento del alquiler de vivienda, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, de forma que pueda beneficiar a un mayor número de viviendas.
El establecimiento de medidas de urgencia para garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias de Castilla y de León a través de alquileres tutelados de los que será garante la propia Administración Autonómica.
El impulso de medidas de concertación con las entidades financieras a fin de que las viviendas que son ahora de su propiedad se puedan incorporar al parque público de viviendas para que las familias, que de forma coyuntural tienen una situación económica que les impide acceder a una vivienda, puedan acceder a ésta, además permita facilitar vivienda la población con necesidades especiales, como personas con cargas familiares, emigrantes, discapacitados y familias monoparentales.
Instar al Gobierno de España al establecimiento de un gravamen fiscal específico y progresivo que recaiga sobre las viviendas vacías.
La reapertura de las Oficinas de Vivienda de la Junta de Castilla y León cerradas hace dos años, que faciliten a los ciudadanos información, tramitación, intermediación y toda la ayuda en materia de vivienda.
La puesta en marcha de un registro público de demandantes de vivienda que permita conocer y planificar mejor las actuaciones dirigidas a los oferentes y demandantes de vivienda, tanto en compra como en alquiler. La puesta en marcha de un registro de viviendas vacías.
Establecimiento de los principios, estrategias de actuación, mecanismos de selección y objetivos para nuevas Áreas de Rehabilitación Integral (ARI), Áreas de Rehabilitación de Conjuntos Históricos (ARCH) y de renovación urbana (ARU) en nuestra Comunidad.
SEGUNDO: Elaborar un conjunto de medidas específicamente dirigidas al fomento de la vivienda en régimen de alquiler que contemple:
El establecimiento de programas de fomento al alquiler de vivienda y de vivienda joven en todas las capitales de provincia y municipios de la comunidad de población superior a 1.000 habitantes. Específicamente se contemplará una modalidad de alquiler con opción de compra de vivienda protegida, especialmente dirigida a los jóvenes.
La creación de un Parque Público de Vivienda Social en Alquiler de renta mínima para las familias que tienen que sobrevivir con ingresos bajos o muy bajos, y estos no les permitan acceder a la vivienda protegida, de tal forma que la población que acceda a esas viviendas no soporte un esfuerzo excesivo, y el esfuerzo real por el pago del alquiler no supere el 25 % de los ingresos obtenidos.
La elaboración de una estrategia dirigida a aumentar el mercado de alquiler tutelado por la Junta, así como la rehabilitación y recuperación de vivienda que favorezca, por un lado, el acceso a la vivienda a las familias con recursos inferiores al IPREM, y por otro, a la instalación y adaptación de edificios y viviendas para las personas con discapacidad o personas mayores.
La modificación de la normativa actual en materia de ayudas al alquiler de forma que se eliminen los criterios excluyentes por rentas, fechas, incompatibilidad y cuantía de fondos y que están llevando a la situación de que las personas con mayores necesidades y con mayor dificultad de acceso a una vivienda en alquiler queden fuera del régimen de ayudas públicas.
Instar al Gobierno de España a impulsar la reforma de la Ley de arrendamientos urbanos de forma que se incentive esta forma de acceso a la vivienda en régimen de alquiler dando estabilidad a los arrendatarios y garantías a los arrendadores.
TERCERO: Elaborar y aprobar un Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León.
CUARTO: Establecimiento de un plan de rehabilitación de viviendas desde la óptica de la eficiencia energética.
QUINTO: La inmediata adopción de un conjunto de medidas encaminadas a evitar las situaciones de lanzamientos y desahucios de familias y paliar las situaciones derivadas de aquellos que se hayan producido que incluya las siguientes actuaciones:
- Instar al Gobierno de España a la elaboración de una Ley contra los desahucios, que evite las ejecuciones hipotecarias con medidas como la variación de las condiciones de préstamos, no desahuciar a familias que destinen al pago de su hipotecas más del 50 % de sus ingresos, la obligación de negociar con las EEFF que reciben ayudas FROB, obligación de aceptar por parte de la EEFF la dación en pago y que esta sea obligatoria para familias con rentas salariales inferiores a 2,5 veces el IPREM.
- Establecer ayudas específicas para aquellos ciudadanos y familias de Castilla y León que por el cambio en sus condiciones económicas, estén en riesgo inminente de incurrir en procesos de desahucio y lanzamiento de su vivienda habitual.
- Establecer una línea de crédito que permita el abono de los intereses generados en los casos de suspensión de lanzamientos así como una línea de avales destinados a garantizar el coste del aplazamiento de pagos de deudas hipotecarias con destino a aquellas personas que como consecuencia de la actual coyuntura económica se encuentren en una situación de sobre endeudamiento al que no puedan hacer frente y se encuentren en riesgo de lanzamiento o desahucio de su vivienda habitual. - Establecer una línea de ayudas autonómicas para compensar a los castellanos y leoneses, compradores de viviendas de protección pública, que tenían concedida ayuda para subsidiación de préstamos hipotecarios, anulada por parte del Estado con efecto retroactivo, hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
- Mediar con las entidades financieras para evitar los desahucios de las familias, buscando soluciones para transformar la deuda hipotecaria en un alquiler proporcional a las situaciones de las familias y tutelando la relación de protección desde la administración.
- Instar a las entidades bancarias con calificación de entidad colaboradora de la Junta de Castilla y León, la paralización de todos los procesos de ejecución hipotecaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma, procediendo a la retirada de la calificación como entidad colaboradora y a la cancelación de las operaciones con aquellas entidades que no lo hicieran.
- Proceder a la creación de una oficina independiente, con control público, de tasación de vivienda, que asegure tasaciones imparciales y ajustadas a la realidad.
- Instar al Gobierno de España a:
- Exigir a las entidades financieras rescatadas o a las adquirentes de estas a la paralización y renegociación de las condiciones contractuales de los préstamos hipotecarios de todos aquellos clientes que se encuentren incursos en procesos de desahucio, así como la renegociación de las condiciones de aquellos préstamos hipotecarios de familias que, por el cambio en sus condiciones económicas, estén en riesgo inminente de incurrir en procesos de desahucio y lanzamiento de su vivienda habitual. En este sentido se habrán de implantar alternativas a la ejecución hipotecaria como el alquiler con opción a compra o la adopción de una moratoria hipotecaria.
En este sentido, por el Gobierno de España se impulsarán los mecanismos de intermediación y arbitraje necesarios para posibilitar la flexibilización del pago de cuotas, el establecimiento de quitas y moratorias así como la dación en pago.
- Adoptar las medidas que sean necesarias para acabar con las prácticas y cláusula abusivas todo ello con objeto de aliviar la carga financiera de las familias más endeudadas y evitar su exclusión social; al tiempo se impulsarán las modificaciones normativas necesarias a fin de que la Justicia sea gratuita para los afectados por los procesos de Ejecución Hipotecaria en los que está en juego la vivienda habitual. En este sentido se garantizará que en caso de pérdida de la vivienda habitual, el valor que se asigne al inmueble objeto de ejecución no será inferior al capital pendiente de pago del préstamo hipotecario junto con los intereses pendientes, costas o cualquier otro gasto derivado del préstamo hipotecario y del proceso de ejecución.
- Impulsar la reforma de la Ley Hipotecaria a fin de acabar con el grave desequilibrio existente entre las entidades financieras y los ciudadanos.
- Impulsar la derogación de la Ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler, que vulnera la normativa europea y atenta directamente contra los derechos de las personas.
SEXTO: Recabar del Gobierno de España que impulse una Ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética, que considere el suministro energético de las viviendas como derecho social básico, establezca la tarifa social en función de la capacidad económica de los consumidores y no en la dependencia del mercado extendiéndola a cualquier fuente energética de suministro para las viviendas, se financie la diferencia entre la tarifa social y el consumo real a través de los Presupuestos Generales del Estado y establezca la prohibición de corte en el suministro de agua, electricidad y gas de las viviendas a las familias que les impida asumir el pago por encontrarse en situación de vulnerabilidad económica.
Valladolid, 12 de diciembre de 2014.
LA PORTAVOZ,
Fdo.: Ana María Carmen Redondo García
M/000125-01
CVE="BOCCL-08-022551"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
VIII Legislatura
Pags. 54344-54348
BOCCL nº 500/8 del 27/1/2015
CVE: BOCCL-08-022551
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
451. Mociones
M/000125-01
Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de vivienda, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 9 de diciembre de 2014.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de enero de 2015, ha admitido a trámite la Moción, M/000125, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de vivienda, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 9 de diciembre de 2014.
De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de enero de 2015.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000125 relativa a "Política general de la Junta en materia de vivienda":
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
PRIMERO. Desarrollar, en desarrollo y ejecución de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, un paquete de medidas urgentes para el acceso a la vivienda que, en cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, garantice el acceso en condiciones de igualdad de todos los castellanos y leoneses a una vivienda digna mediante la generación de suelo y la promoción de vivienda pública y de vivienda protegida, con especial atención a los grupos sociales en desventaja. Dicho plan contemplará en todo caso las siguientes medidas:
La Creación de Parques Públicos de Vivienda de promoción directa.
Impulsar la firma de convenios de cesión de suelo con los Ayuntamientos interesados, para el fomento viviendas de promoción pública directa en el medio rural.
La delimitación del ámbito de aquello que ha de ser considerado como infravivienda por no reunir unos requisitos mínimos a fin de elaborar un catálogo de inmuebles en esta situación y desarrollar planes para su erradicación.
El incremento de las partidas presupuestarias destinadas a políticas de acceso a vivienda, habilitando créditos necesarios para el abono de las ayudas de vivienda solicitadas por los castellanos y leoneses que han sido denegadas por falta de disponibilidad presupuestaria.
La reactivación de las ayudas y subvenciones públicas que han sido suprimidas en materia de vivienda, para compra, alquiler, rehabilitación y vivienda rural, de manera que faciliten a los castellanos y leoneses el acceso a una vivienda digna. A este fin se establecerá una línea de ayudas autonómicas que compensen las ayudas, suprimidas por el Gobierno de España, a la subsidiación de préstamos a compradores de viviendas de protección pública.
El establecimiento de un régimen específico de ayudas destinadas a personas en situación de mayor necesidad en función de sus rentas, que garantice que el esfuerzo para acceder a una vivienda de protección pública, en propiedad o en régimen de alquiler, no supere la tercera parte o el 25 % respectivamente de sus ingresos.
La modificación de los criterios establecidos por la Orden FYM/1039/2014 de 2 de diciembre por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria, derivadas del Plan Estatal de Fomento del alquiler de vivienda, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, de forma que pueda beneficiar a un mayor número de viviendas.
El establecimiento de medidas de urgencia para garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias de Castilla y de León a través de alquileres tutelados de los que será garante la propia Administración Autonómica.
El impulso de medidas de concertación con las entidades financieras a fin de que las viviendas que son ahora de su propiedad se puedan incorporar al parque público de viviendas para que las familias, que de forma coyuntural tienen una situación económica que les impide acceder a una vivienda, puedan acceder a ésta, además permita facilitar vivienda la población con necesidades especiales, como personas con cargas familiares, emigrantes, discapacitados y familias monoparentales.
Instar al Gobierno de España al establecimiento de un gravamen fiscal específico y progresivo que recaiga sobre las viviendas vacías.
La reapertura de las Oficinas de Vivienda de la Junta de Castilla y León cerradas hace dos años, que faciliten a los ciudadanos información, tramitación, intermediación y toda la ayuda en materia de vivienda.
La puesta en marcha de un registro público de demandantes de vivienda que permita conocer y planificar mejor las actuaciones dirigidas a los oferentes y demandantes de vivienda, tanto en compra como en alquiler. La puesta en marcha de un registro de viviendas vacías.
Establecimiento de los principios, estrategias de actuación, mecanismos de selección y objetivos para nuevas Áreas de Rehabilitación Integral (ARI), Áreas de Rehabilitación de Conjuntos Históricos (ARCH) y de renovación urbana (ARU) en nuestra Comunidad.
SEGUNDO: Elaborar un conjunto de medidas específicamente dirigidas al fomento de la vivienda en régimen de alquiler que contemple:
El establecimiento de programas de fomento al alquiler de vivienda y de vivienda joven en todas las capitales de provincia y municipios de la comunidad de población superior a 1.000 habitantes. Específicamente se contemplará una modalidad de alquiler con opción de compra de vivienda protegida, especialmente dirigida a los jóvenes.
La creación de un Parque Público de Vivienda Social en Alquiler de renta mínima para las familias que tienen que sobrevivir con ingresos bajos o muy bajos, y estos no les permitan acceder a la vivienda protegida, de tal forma que la población que acceda a esas viviendas no soporte un esfuerzo excesivo, y el esfuerzo real por el pago del alquiler no supere el 25 % de los ingresos obtenidos.
La elaboración de una estrategia dirigida a aumentar el mercado de alquiler tutelado por la Junta, así como la rehabilitación y recuperación de vivienda que favorezca, por un lado, el acceso a la vivienda a las familias con recursos inferiores al IPREM, y por otro, a la instalación y adaptación de edificios y viviendas para las personas con discapacidad o personas mayores.
La modificación de la normativa actual en materia de ayudas al alquiler de forma que se eliminen los criterios excluyentes por rentas, fechas, incompatibilidad y cuantía de fondos y que están llevando a la situación de que las personas con mayores necesidades y con mayor dificultad de acceso a una vivienda en alquiler queden fuera del régimen de ayudas públicas.
Instar al Gobierno de España a impulsar la reforma de la Ley de arrendamientos urbanos de forma que se incentive esta forma de acceso a la vivienda en régimen de alquiler dando estabilidad a los arrendatarios y garantías a los arrendadores.
TERCERO: Elaborar y aprobar un Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León.
CUARTO: Establecimiento de un plan de rehabilitación de viviendas desde la óptica de la eficiencia energética.
QUINTO: La inmediata adopción de un conjunto de medidas encaminadas a evitar las situaciones de lanzamientos y desahucios de familias y paliar las situaciones derivadas de aquellos que se hayan producido que incluya las siguientes actuaciones:
- Instar al Gobierno de España a la elaboración de una Ley contra los desahucios, que evite las ejecuciones hipotecarias con medidas como la variación de las condiciones de préstamos, no desahuciar a familias que destinen al pago de su hipotecas más del 50 % de sus ingresos, la obligación de negociar con las EEFF que reciben ayudas FROB, obligación de aceptar por parte de la EEFF la dación en pago y que esta sea obligatoria para familias con rentas salariales inferiores a 2,5 veces el IPREM.
- Establecer ayudas específicas para aquellos ciudadanos y familias de Castilla y León que por el cambio en sus condiciones económicas, estén en riesgo inminente de incurrir en procesos de desahucio y lanzamiento de su vivienda habitual.
- Establecer una línea de crédito que permita el abono de los intereses generados en los casos de suspensión de lanzamientos así como una línea de avales destinados a garantizar el coste del aplazamiento de pagos de deudas hipotecarias con destino a aquellas personas que como consecuencia de la actual coyuntura económica se encuentren en una situación de sobre endeudamiento al que no puedan hacer frente y se encuentren en riesgo de lanzamiento o desahucio de su vivienda habitual. - Establecer una línea de ayudas autonómicas para compensar a los castellanos y leoneses, compradores de viviendas de protección pública, que tenían concedida ayuda para subsidiación de préstamos hipotecarios, anulada por parte del Estado con efecto retroactivo, hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
- Mediar con las entidades financieras para evitar los desahucios de las familias, buscando soluciones para transformar la deuda hipotecaria en un alquiler proporcional a las situaciones de las familias y tutelando la relación de protección desde la administración.
- Instar a las entidades bancarias con calificación de entidad colaboradora de la Junta de Castilla y León, la paralización de todos los procesos de ejecución hipotecaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma, procediendo a la retirada de la calificación como entidad colaboradora y a la cancelación de las operaciones con aquellas entidades que no lo hicieran.
- Proceder a la creación de una oficina independiente, con control público, de tasación de vivienda, que asegure tasaciones imparciales y ajustadas a la realidad.
- Instar al Gobierno de España a:
- Exigir a las entidades financieras rescatadas o a las adquirentes de estas a la paralización y renegociación de las condiciones contractuales de los préstamos hipotecarios de todos aquellos clientes que se encuentren incursos en procesos de desahucio, así como la renegociación de las condiciones de aquellos préstamos hipotecarios de familias que, por el cambio en sus condiciones económicas, estén en riesgo inminente de incurrir en procesos de desahucio y lanzamiento de su vivienda habitual. En este sentido se habrán de implantar alternativas a la ejecución hipotecaria como el alquiler con opción a compra o la adopción de una moratoria hipotecaria.
En este sentido, por el Gobierno de España se impulsarán los mecanismos de intermediación y arbitraje necesarios para posibilitar la flexibilización del pago de cuotas, el establecimiento de quitas y moratorias así como la dación en pago.
- Adoptar las medidas que sean necesarias para acabar con las prácticas y cláusula abusivas todo ello con objeto de aliviar la carga financiera de las familias más endeudadas y evitar su exclusión social; al tiempo se impulsarán las modificaciones normativas necesarias a fin de que la Justicia sea gratuita para los afectados por los procesos de Ejecución Hipotecaria en los que está en juego la vivienda habitual. En este sentido se garantizará que en caso de pérdida de la vivienda habitual, el valor que se asigne al inmueble objeto de ejecución no será inferior al capital pendiente de pago del préstamo hipotecario junto con los intereses pendientes, costas o cualquier otro gasto derivado del préstamo hipotecario y del proceso de ejecución.
- Impulsar la reforma de la Ley Hipotecaria a fin de acabar con el grave desequilibrio existente entre las entidades financieras y los ciudadanos.
- Impulsar la derogación de la Ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler, que vulnera la normativa europea y atenta directamente contra los derechos de las personas.
SEXTO: Recabar del Gobierno de España que impulse una Ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética, que considere el suministro energético de las viviendas como derecho social básico, establezca la tarifa social en función de la capacidad económica de los consumidores y no en la dependencia del mercado extendiéndola a cualquier fuente energética de suministro para las viviendas, se financie la diferencia entre la tarifa social y el consumo real a través de los Presupuestos Generales del Estado y establezca la prohibición de corte en el suministro de agua, electricidad y gas de las viviendas a las familias que les impida asumir el pago por encontrarse en situación de vulnerabilidad económica.
Valladolid, 12 de diciembre de 2014.
LA PORTAVOZ,
Fdo.: Ana María Carmen Redondo García
M/000125-01
CVE="BOCCL-08-022551"
