4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001389-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de enero de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001389, presentada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez, D. Fernando María Rodero García, D.ª Ana María Agudíez Calvo, D.ª Esther Pérez Pérez, D. David Jurado Pajares y D.ª María Teresa López Martín, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España al objeto de homogeneizar la normativa en desarrollo de la Ley de la Dependencia.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de enero de 2015.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Fernando Rodero García, Ana Agudíez Calvo, Esther Pérez Pérez, David Jurado Pajares y Teresa López Martín, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:
ANTECEDENTES
La convención sobre derechos de las personas con discapacidad recoge en su articulado el reconocimiento de la dignidad inherente de las personas con discapacidad así como el derecho a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, junto con la garantía de acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencia y otros servicios de apoyo para la comunidad, incluida la asistencia personal.
En la estrategia Europea 2020, la Comisión Europea propone entre los objetivos principales de la UE que el riesgo de pobreza amenace a 20 millones de personas menos. Así propone como unas iniciativas emblemáticas la articulación de la "plataforma europea contra la pobreza" para lo cual se requiere un esfuerzo importante para combatir la pobreza y la exclusión social.
El comité de Derechos Económicos, sociales y culturales en su examen de 2012 recomienda a España, en su apartado 9:
Al Comité le preocupa que la descentralización de las competencias relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales haya resultado en un disfrute dispar de estos derechos en las 17 Comunidades Autónomas.
El Comité insta al Estado parte (España) para velar por que las disparidades entre Comunidades Autónomas en términos de inversión social y de los diferentes recortes realizados en los servicios públicos de bienestar social, no resulten en un disfrute inequitativo o discriminatorio de los derechos económicos, sociales y culturales.
Así mismo el Comité en su apartado 17 recomienda a España:
El Comité recomienda al Estado parte que revise las reformas adoptadas en el contexto de la actual crisis económica y financiera para garantizar que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y sean en todos casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para los derechos económicos, sociales y culturales.
El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa en el informe que ha elaborado después de su visita a España manifiesta su preocupación por la limitación que han hecho de la financiación de la ley de la Dependencia, tanto la administración central como las comunidades autónomas. Así mismo le preocupa el incremento de los copagos, que se han incrementado después de la aprobación del RDL 20/2012.
La federación de asociaciones de personas con discapacidad intelectual (FEAPS) ha realizado un estudio sobre la dispersión y acumulación de los cambios normativos que han generado las Comunidades Autónomas como consecuencia del desarrollo que ha realizado cada una de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Y como consecuencia de este estudio se ha obtenido la conclusión de que la actual situación para las personas en situación de dependencia es de inseguridad jurídica, falta de transparencia e información y desigualdad territorial.
Existe inseguridad jurídica porque no existe una normativa común, de hecho los acuerdos del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia no son vinculantes, por lo que en la práctica existen 17 subsistemas. De hecho en la Resolución de 13 de julio de 2012 se deja la puerta abierta a que las comunidades autónomas puedan establecer que los beneficiarios puedan pagar más por los servicios y las prestaciones económicas.
De hecho este acuerdo vulnera el artículo 8.d) de la ley de la Dependencia, que establece que el Consejo Territorial debe asegurar la existencia de un mínimo común, si el Consejo autoriza que las comunidades pueden luego establecer sus propios criterios, no existe el mínimo común.
Existe cerca de 70 normas diferentes aprobadas por las comunidades autónomas, lo que abunda en la inseguridad jurídica.
Existe falta de transparencia e información porque las páginas web de las comunidades son incompletas y en muchos casos obsoletas. El propio informe de FEAPS realiza una interpretación bien intencionada pero errónea de la información que realiza la Junta de Castilla y León.
Existe desigualdad territorial, lo que supone que son tratados de distinta forma las personas en situación de dependencia en función de la comunidad donde viven.
Existen diferencias en múltiples aspectos:
1. Existen diferencias en el copago que tienen que realizar las personas en situación de dependencia.
2. Existen diferencias en la cantidad reservada para gastos personales.
3. Existen diferencias en los precios de los servicios.
4. Existen diferencias en las cuantías que pueden percibir los beneficiarios por las prestaciones económicas.
5. Existen diferencias en los criterios para interpretar el tratamiento que se da a las prestaciones de análoga naturaleza.
6. Existen diferencias a la hora de aplicar las fórmulas matemáticas para determinar los pagos.
Todas estas diferencias conducen a la indefensión y vulneración del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que en el ámbito del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia desarrolle las acciones necesarias para que, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de derechos entre los españoles, se homogenicen las normativas aprobadas por las Comunidades Autónomas para desarrollar la ley de la Dependencia de forma que los criterios y condiciones para acceder a los servicios y prestaciones sean iguales para cualquier ciudadano independientemente del territorio donde resida. Lo que garantizará que el dinero para gastos personales, los copagos y las cuantías a recibir por las prestaciones económicas serán homogéneas para todos los españoles."
Valladolid, 11 de diciembre de 2014.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,
Fernando María Rodero García,
Ana María Agudíez Calvo,
Esther Pérez Pérez,
David Jurado Pajares y
María Teresa López Martín
LA PORTAVOZ,
Fdo.: Ana María Carmen Redondo García
PNL/001389-01
CVE="BOCCL-08-022556"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
VIII Legislatura
Pags. 54361-54363
BOCCL nº 500/8 del 27/1/2015
CVE: BOCCL-08-022556
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001389-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez, D. Fernando María Rodero García, D.ª Ana María Agudíez Calvo, D.ª Esther Pérez Pérez, D. David Jurado Pajares y D.ª María Teresa López Martín, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España al objeto de homogeneizar la normativa en desarrollo de la Ley de la Dependencia, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 20 de enero de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001389, presentada por los Procuradores D. Jorge Félix Alonso Díez, D. Fernando María Rodero García, D.ª Ana María Agudíez Calvo, D.ª Esther Pérez Pérez, D. David Jurado Pajares y D.ª María Teresa López Martín, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España al objeto de homogeneizar la normativa en desarrollo de la Ley de la Dependencia.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de enero de 2015.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Jorge Félix Alonso Díez, Fernando Rodero García, Ana Agudíez Calvo, Esther Pérez Pérez, David Jurado Pajares y Teresa López Martín, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:
ANTECEDENTES
La convención sobre derechos de las personas con discapacidad recoge en su articulado el reconocimiento de la dignidad inherente de las personas con discapacidad así como el derecho a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, junto con la garantía de acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencia y otros servicios de apoyo para la comunidad, incluida la asistencia personal.
En la estrategia Europea 2020, la Comisión Europea propone entre los objetivos principales de la UE que el riesgo de pobreza amenace a 20 millones de personas menos. Así propone como unas iniciativas emblemáticas la articulación de la "plataforma europea contra la pobreza" para lo cual se requiere un esfuerzo importante para combatir la pobreza y la exclusión social.
El comité de Derechos Económicos, sociales y culturales en su examen de 2012 recomienda a España, en su apartado 9:
Al Comité le preocupa que la descentralización de las competencias relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales haya resultado en un disfrute dispar de estos derechos en las 17 Comunidades Autónomas.
El Comité insta al Estado parte (España) para velar por que las disparidades entre Comunidades Autónomas en términos de inversión social y de los diferentes recortes realizados en los servicios públicos de bienestar social, no resulten en un disfrute inequitativo o discriminatorio de los derechos económicos, sociales y culturales.
Así mismo el Comité en su apartado 17 recomienda a España:
El Comité recomienda al Estado parte que revise las reformas adoptadas en el contexto de la actual crisis económica y financiera para garantizar que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y sean en todos casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para los derechos económicos, sociales y culturales.
El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa en el informe que ha elaborado después de su visita a España manifiesta su preocupación por la limitación que han hecho de la financiación de la ley de la Dependencia, tanto la administración central como las comunidades autónomas. Así mismo le preocupa el incremento de los copagos, que se han incrementado después de la aprobación del RDL 20/2012.
La federación de asociaciones de personas con discapacidad intelectual (FEAPS) ha realizado un estudio sobre la dispersión y acumulación de los cambios normativos que han generado las Comunidades Autónomas como consecuencia del desarrollo que ha realizado cada una de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Y como consecuencia de este estudio se ha obtenido la conclusión de que la actual situación para las personas en situación de dependencia es de inseguridad jurídica, falta de transparencia e información y desigualdad territorial.
Existe inseguridad jurídica porque no existe una normativa común, de hecho los acuerdos del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia no son vinculantes, por lo que en la práctica existen 17 subsistemas. De hecho en la Resolución de 13 de julio de 2012 se deja la puerta abierta a que las comunidades autónomas puedan establecer que los beneficiarios puedan pagar más por los servicios y las prestaciones económicas.
De hecho este acuerdo vulnera el artículo 8.d) de la ley de la Dependencia, que establece que el Consejo Territorial debe asegurar la existencia de un mínimo común, si el Consejo autoriza que las comunidades pueden luego establecer sus propios criterios, no existe el mínimo común.
Existe cerca de 70 normas diferentes aprobadas por las comunidades autónomas, lo que abunda en la inseguridad jurídica.
Existe falta de transparencia e información porque las páginas web de las comunidades son incompletas y en muchos casos obsoletas. El propio informe de FEAPS realiza una interpretación bien intencionada pero errónea de la información que realiza la Junta de Castilla y León.
Existe desigualdad territorial, lo que supone que son tratados de distinta forma las personas en situación de dependencia en función de la comunidad donde viven.
Existen diferencias en múltiples aspectos:
1. Existen diferencias en el copago que tienen que realizar las personas en situación de dependencia.
2. Existen diferencias en la cantidad reservada para gastos personales.
3. Existen diferencias en los precios de los servicios.
4. Existen diferencias en las cuantías que pueden percibir los beneficiarios por las prestaciones económicas.
5. Existen diferencias en los criterios para interpretar el tratamiento que se da a las prestaciones de análoga naturaleza.
6. Existen diferencias a la hora de aplicar las fórmulas matemáticas para determinar los pagos.
Todas estas diferencias conducen a la indefensión y vulneración del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que en el ámbito del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia desarrolle las acciones necesarias para que, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de derechos entre los españoles, se homogenicen las normativas aprobadas por las Comunidades Autónomas para desarrollar la ley de la Dependencia de forma que los criterios y condiciones para acceder a los servicios y prestaciones sean iguales para cualquier ciudadano independientemente del territorio donde resida. Lo que garantizará que el dinero para gastos personales, los copagos y las cuantías a recibir por las prestaciones económicas serán homogéneas para todos los españoles."
Valladolid, 11 de diciembre de 2014.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: Jorge Félix Alonso Díez,
Fernando María Rodero García,
Ana María Agudíez Calvo,
Esther Pérez Pérez,
David Jurado Pajares y
María Teresa López Martín
LA PORTAVOZ,
Fdo.: Ana María Carmen Redondo García
PNL/001389-01
CVE="BOCCL-08-022556"
