4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001404-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001404, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a adopción de medidas derivadas de la Ley de Memoria Histórica.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2015.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.
ANTECEDENTES
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias visitó España entre el 23 y el 30 de septiembre de 2013, posteriormente y de conformidad con la resolución 18/7 del Consejo de Derechos Humanos, y a invitación del Gobierno, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, realizó una visita oficial a España del 21 de enero al 3 de febrero de 2014.
El objeto de estas visitas fue examinar las principales iniciativas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas y analizar los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria de las víctimas de desapariciones forzadas.
En la Declaración se refleja, codifica y consolida el derecho consuetudinario internacional que es jurídicamente vinculante para todos los Estados, incluido, claro está, el Estado español.
El grupo de trabajo y el Relator Especial se reunieron con cientos de familiares y organizaciones de víctimas así como con otros representantes de la sociedad civil, abogados, historiadores, médicos, arqueólogos, antropólogos, académicos... y recibió información directa de algunos testigos de desapariciones forzadas. Así mismo el Relator Especial se reunió con representantes de diversos Ministerios, administraciones públicas, Defensores del Pueblo y otros Órganos administrativos de varias Comunidades Autónomas y alguna autoridad eclesiástica.
Entre las personas entrevistadas y asociaciones de defensa de las víctimas y de la memoria histórica, se encontraban también ciudadanos y representantes de Castilla y León.
Dada la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, resulta esencial que el Estado actúe con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas.
El grupo de trabajo reitera que "existe una obligación absoluta de tomar todas las medidas necesarias para encontrar a cada persona desaparecida, aunque no existe una obligación absoluta de obtener resultados. Con todo, el Estado tiene obligación de investigar, hasta que pueda determinar la suerte o paradero de las personas desaparecidas."
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura -conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica- aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), y supone un primer paso para el reconocimiento de las víctimas y la reparación del sufrimiento de sus familias. Sin embargo, el gobierno popular de Mariano Rajoy ha derogado de facto la Ley de Memoria Histórica, ya que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, 2014 y 2015 ha dejado sin dotación presupuestaria su aplicación.
Esta situación contradice el derecho internacional de Naciones Unidas y supone una intensificación intolerable del sufrimiento de los familiares de las víctimas, así como una vulneración del interés general de una sociedad libre, democrática y que se pretende justa.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León es una parte sustancial del Estado y en este sentido está obligada también a dar respuesta a las exigencias que se derivan de las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de Naciones Unidas y las conclusiones del Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Impulsar las medidas necesarias tendentes a asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de las víctimas de desapariciones forzadas así como de sus familias.
2.- Colaborar proactivamente en la elaboración de un mapa en el que se identifique la ubicación de las fosas comunes existentes en la Comunidad.
3.- Facilitar, a través de la creación de una línea de subvenciones específica, la labor que realizan las asociaciones de memoria histórica en la exhumación e identificación de cadáveres de personas desaparecidas, en cuanto en tanto no sean las propias instituciones del Estado español, entre ellas la Administración de Justicia, las que lleven a cabo esta tarea.
4.- Impulsar las medidas que sean necesarias para facilitar a los ciudadanos el acceso a los archivos y registros en la búsqueda de información de personas que hubieran podido ser víctimas de desapariciones forzadas de cualquier tipo, tanto durante la guerra civil como durante la dictadura.
5.- Proponer al Gobierno de España que incluya en el nuevo Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, en proceso de redacción, la participación plena de los diferentes defensores del pueblo y de la sociedad civil, así como medidas concretas con claros objetivos mensurables y evaluables en tema de desapariciones forzadas.
Valladolid, 23 de enero de 2015.
LA PORTAVOZ,
Fdo.: Ana María Carmen Redondo García
PNL/001404-01
CVE="BOCCL-08-022712"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
VIII Legislatura
Pags. 54591-54593
BOCCL nº 503/8 del 3/2/2015
CVE: BOCCL-08-022712
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001404-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a adopción de medidas derivadas de la Ley de Memoria Histórica, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de enero de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/001404, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a adopción de medidas derivadas de la Ley de Memoria Histórica.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de enero de 2015.
La Secretaria de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Isabel Alonso Sánchez
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: María Josefa García Cirac
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.
ANTECEDENTES
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias visitó España entre el 23 y el 30 de septiembre de 2013, posteriormente y de conformidad con la resolución 18/7 del Consejo de Derechos Humanos, y a invitación del Gobierno, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, realizó una visita oficial a España del 21 de enero al 3 de febrero de 2014.
El objeto de estas visitas fue examinar las principales iniciativas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas y analizar los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria de las víctimas de desapariciones forzadas.
En la Declaración se refleja, codifica y consolida el derecho consuetudinario internacional que es jurídicamente vinculante para todos los Estados, incluido, claro está, el Estado español.
El grupo de trabajo y el Relator Especial se reunieron con cientos de familiares y organizaciones de víctimas así como con otros representantes de la sociedad civil, abogados, historiadores, médicos, arqueólogos, antropólogos, académicos... y recibió información directa de algunos testigos de desapariciones forzadas. Así mismo el Relator Especial se reunió con representantes de diversos Ministerios, administraciones públicas, Defensores del Pueblo y otros Órganos administrativos de varias Comunidades Autónomas y alguna autoridad eclesiástica.
Entre las personas entrevistadas y asociaciones de defensa de las víctimas y de la memoria histórica, se encontraban también ciudadanos y representantes de Castilla y León.
Dada la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, resulta esencial que el Estado actúe con la debida urgencia y celeridad en materia de desapariciones forzadas.
El grupo de trabajo reitera que "existe una obligación absoluta de tomar todas las medidas necesarias para encontrar a cada persona desaparecida, aunque no existe una obligación absoluta de obtener resultados. Con todo, el Estado tiene obligación de investigar, hasta que pueda determinar la suerte o paradero de las personas desaparecidas."
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura -conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica- aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), y supone un primer paso para el reconocimiento de las víctimas y la reparación del sufrimiento de sus familias. Sin embargo, el gobierno popular de Mariano Rajoy ha derogado de facto la Ley de Memoria Histórica, ya que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, 2014 y 2015 ha dejado sin dotación presupuestaria su aplicación.
Esta situación contradice el derecho internacional de Naciones Unidas y supone una intensificación intolerable del sufrimiento de los familiares de las víctimas, así como una vulneración del interés general de una sociedad libre, democrática y que se pretende justa.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León es una parte sustancial del Estado y en este sentido está obligada también a dar respuesta a las exigencias que se derivan de las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de Naciones Unidas y las conclusiones del Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Impulsar las medidas necesarias tendentes a asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de las víctimas de desapariciones forzadas así como de sus familias.
2.- Colaborar proactivamente en la elaboración de un mapa en el que se identifique la ubicación de las fosas comunes existentes en la Comunidad.
3.- Facilitar, a través de la creación de una línea de subvenciones específica, la labor que realizan las asociaciones de memoria histórica en la exhumación e identificación de cadáveres de personas desaparecidas, en cuanto en tanto no sean las propias instituciones del Estado español, entre ellas la Administración de Justicia, las que lleven a cabo esta tarea.
4.- Impulsar las medidas que sean necesarias para facilitar a los ciudadanos el acceso a los archivos y registros en la búsqueda de información de personas que hubieran podido ser víctimas de desapariciones forzadas de cualquier tipo, tanto durante la guerra civil como durante la dictadura.
5.- Proponer al Gobierno de España que incluya en el nuevo Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, en proceso de redacción, la participación plena de los diferentes defensores del pueblo y de la sociedad civil, así como medidas concretas con claros objetivos mensurables y evaluables en tema de desapariciones forzadas.
Valladolid, 23 de enero de 2015.
LA PORTAVOZ,
Fdo.: Ana María Carmen Redondo García
PNL/001404-01
CVE="BOCCL-08-022712"
